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Exigencia de solvencia en la cesión de una concesión: ¿es necesaria la clasificación del cesionario?
03/03/2021
Informe 31/2020, de 11 de febrero de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

El presente informe da respuesta a una cuestión planteada por el Ayuntamiento de San Javier, en Murcia, en relación con la solvencia que ha de exigirse al cesionario en el supuesto de cesión de una concesión de obra pública para la construcción y explotación de aparcamientos que se encuentra en fase de ejecución. En concreto, se trata de determinar si la clasificación exigida en su día al concesionario ha de requerirse igualmente a la empresa beneficiaria de la cesión, teniendo en cuenta que se produce una vez finalizadas las obras de construcción y realizada la explotación durante el plazo mínimo previsto.

En primer lugar, la JCCPE alude a los requisitos que han de cumplirse para que se admita la cesión de un contrato público. Estos requisitos se encuentran recogidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 2000 (TRLCAP), que resulta aplicable al contrato en cuestión. Entre ellos se establece que el cesionario ha de acreditar capacidad económica, financiera y técnica suficientes, y que deberá estar debidamente clasificado si esta condición ha sido exigida al cedente.

Sobre la base de este precepto, aclara que la clasificación que se exige a un concesionario puede ser diferente en función de si el objeto del contrato es la construcción y posterior explotación de la obra, o simplemente la explotación de una obra previamente construida. En sus palabras:

“En el caso de que se opte por ceder el contrato, si sólo existe una prestación, no cabe duda de la necesidad de que las condiciones del cesionario coincidan con las que en su día se exigieron al cedente. Por el contrario, si existen varias prestaciones y éstas tienen carácter sucesivo, como ocurre característicamente con las prestaciones propias de la concesión de obras, para la construcción de una obra pública deberá exigirse una clasificación, mientras que para la explotación de la obra tal clasificación no sería necesaria”.

En segundo lugar, recuerda que la finalidad que se persigue con la exigencia de una determinada solvencia es garantizar que el licitador dispone de los recursos económicos y técnicos suficientes para ejecutar el contrato, sin que pueda exigirse una solvencia mayor de la que resulta estrictamente indispensable para ello. A su entender, carecería de sentido exigir al cesionario que disponga de una clasificación que es completamente innecesaria para la explotación de la concesión, pues la parte de la prestación que demandaba este requisito – la construcción del aparcamiento subterráneo – ya ha sido completada. Lo contrario supondría limitar el acceso a la condición de cesionario a aquellas empresas que cumplan con “una clasificación que es completamente innecesaria para la realización de la prestación restante”, con la consiguiente vulneración de los principios de concurrencia y proporcionalidad.

Concluye, pues, que es suficiente con que el cesionario de la concesión reúna las condiciones de capacidad y solvencia necesarias para la exploración de la obra, que es la prestación que subsiste en la fase de ejecución.