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¿Es susceptible de recurso especial el acuerdo de prórroga de contrato de servicios?
14/07/2020
Resolución 610/2020 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Se plantea si el acuerdo de prórroga de un contrato de servicios es susceptible de recurso especial y concluye el Tribunal que no es un acto impugnable salvo que encubra una nueva adjudicación. Se cita como ejemplo de este último supuesto el analizado por la Resolución 216/2019 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que admite que cabe recurso contra la prórroga del contrato en base al artículo 29.4 LCSP.

Argumenta el Tribunal:

«La primera cuestión a dilucidar es la de si el recurso resulta admisible por haberse interpuesto frente a un acto susceptible de recurso en esta vía.

A tal efecto, se advierte como el acto objeto de recurso no se encuentra entre los actos impugnables en esta vía que se recogen en el art. 44.2 de la LCSP, defendiendo sin embargo el recurrente que no se trata de una lista cerrada y que sería admisible el recurso frente al acuerdo de prorrogar el contrato, con fundamento, según indica, en su analogía con el acuerdo de adjudicación del contrato, acto impugnable.

Para dar respuesta a esta cuestión, conviene comenzar subrayando que la prórroga del contrato se ha acordado en el supuesto que nos ocupa al amparo de la previsión establecida al respecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), tanto en la cláusula 26, donde se prevé en términos generales la posibilidad de establecer la prórroga del contrato con carácter obligatorio para el contratista siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, como, de forma ya más concreta, en el apartado 13 del cuadro de características (Anexo 1 del PCAP), donde se contempla que el contrato sería prorrogable por plazo de 12 meses.

Asimismo, se preveía la posible prórroga en la cláusula cuarta del documento de formalización del contrato, en la que se indica en su último párrafo: “El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de 12 meses. La prórroga del contrato será obligatoria para el adjudicatario en los términos que fija el artículo 29.2 de la LCSP”.

Atendiendo a dichas previsiones contractuales, y a la naturaleza que le es propia, el acuerdo de prórroga adoptado se enmarca en la fase de ejecución contractual, propiciando una extensión de su plazo de duración inicial. Se trata así de un acto que no se produce el procedimiento de preparación y adjudicación del contrato y que no puede ser objeto del recurso especial en materia de contratación.

Así lo ha declarado ya este Tribunal en otras ocasiones, pudiendo recoger aquí lo que razonábamos en nuestra Resolución nº 885/2014:

“Primero. Se recurre la resolución de rectificación de otra anterior resolución del mismo órgano de contratación, el Servicio Murciano de Salud, por la que se autoriza la prórroga del contrato para el mantenimiento de ascensores de determinados centros por parte de la entidad actualmente adjudicataria de dicho contrato, así como de la prórroga del mismo, cuestiones éstas que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40.2 del TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre no pueden en ningún caso ser objeto del recurso especial en materia de contratación, pues los actos recurribles ante este Tribunal de Recursos Contractuales son únicamente los enumerados en los apartados a), b) y c) del artículo 40.2 de dicho Real Decreto, actos referidos a los anuncios de licitación, Pliegos de Condiciones y documentos contractuales, actos de trámite cualificados y adjudicación de los contratos, es decir, actos todos ellos relativos al procedimiento de preparación y adjudicación de los contratos, sin que puedan entenderse incluidos dentro de los mismos los relativos a la ejecución, desarrollo, modificación o extinción de los contratos, como son los acuerdos de prórroga, lo que implica la obligada inadmisión del recurso interpuesto, de acuerdo también con la reiterada doctrina de este Tribunal en resoluciones como la 31/2013, 456 y 395/2013, entre otras. Segundo. Frente a la conclusión anterior no se puede argumentar como hace la recurrente, basándose en lo dispuesto por artículos 40.2 párrafo último y, 105 y 106 del TRLCSP en relación con las modificaciones contractuales no previstas en los Pliegos, interpretados dichos artículos a sensu contrario, en que, al ser la prórroga una modificación contractual convencional por haberse previsto su posibilidad en el contrato, cabría contra los actos relacionados con dicha prórroga interponer recurso especial en materia de contratación al igual que se prevé esta posibilidad respecto de las modificaciones convencionales previstas en el contrato por el citado art. 40.2 in fine del RDL 3/2000. Y ello por la sencilla razón de que la prórroga no constituye ni un nuevo contrato ni una modificación del contrato anterior sino una simple prolongación del contrato originario, con idénticas condiciones, durante el período previsto para ello en el contrato original, no siendo por ello ninguno de los actos relacionados con la prórrogas contractuales susceptible del presente recurso especial en materia de contratación, reservado exclusivamente a los actos referidos en el citado art. 40 del TRLCSP”.

Tales consideraciones siguen siendo aplicables bajo el régimen de la vigente LCSP, a la vista del elenco de actos impugnables recogido en el art. 44.2, donde no se incluyen los acuerdos de prórroga contractual.

Como ya hemos indicado, el recurrente se refiere en apoyo de la posibilidad de interponer recurso especial a la Resolución 216/2019 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, indicando que el mismo establece la analogía existente entre el acuerdo de adjudicación y el acuerdo por el que se aprueba la prórroga del contrato.

No negamos, en abstracto, que en algún supuesto pueda suscitarse la cuestión acerca de la calificación de un acuerdo de prórroga contractual, en razón de las circunstancias concurrentes, como una posible adjudicación directa de un contrato, hipótesis en la que cabría plantearse la admisibilidad del recurso bajo tal premisa. No se trataría entonces, como manifiesta el recurrente, de que pueda extenderse por analogía a los acuerdos de prórroga la posibilidad de interponer recurso especial tal y como sucede frente a los acuerdos de adjudicación, puesto que no existe laguna legal que cubrir ni identidad de razón entre uno y otro supuesto, tratándose de actos por completo independientes y diferenciados. Cuestión distinta será el caso en el que, como hemos indicado, bajo la forma de un acuerdo de prórroga se encubra en realidad una adjudicación directa de un contrato, en cuyo caso cabría el recurso frente al acto de adjudicación realmente existente. En contra de lo que defiende el recurrente, la relación de actos impugnables por esta vía es la que recoge el art. 44.2 LCSP, sin perjuicio de que haya de calificarse en cada caso la auténtica naturaleza del acto impugnado para determinar si resulta o no susceptible de este recurso especial.

No es eso sin embargo lo que aquí ocurre, a la vista de los antecedentes. No existe indicio alguno en tal sentido, ni el recurrente ofrece argumento alguno que pudiera apuntar a que no nos encontremos frente a un auténtico acuerdo de prórroga. Antes al contrario, resulta evidente que se trata de un simple acuerdo de prórroga contractual, de prolongación del plazo de ejecución del contrato, adoptado en los términos previstos en el PCAP, y también en el propio documento de formalización contractual, dentro del periodo máximo de duración de la posible prórroga contractualmente previsto. No se trata por ello de un acuerdo que pudiera encubrir, en modo alguno, la adjudicación de un contrato diferente al adjudicado en su día al recurrente, con lo que la inadmisión del recurso resulta inexcusable.

Por todo ello, al impugnarse en este caso un acto no susceptible de recurso, habremos de inadmitir el presente recurso.»