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Condiciones especiales de ejecución. Salario mínimo que ha de abonar la empresa subcontratista
02/10/2014
STSJUE de 18 de septiembre de 2014, as C-549/13

La sentencia analiza si es compatible con el Derecho de la Unión determinada norma alemana que impone a los licitadores y a sus subcontratistas que se comprometan a pagar al personal que ejecute las prestaciones objeto del contrato público un salario mínimo. La controversia surge ante la decisión de determinado órgano de contratación de exigir esta condición a un operador económico que tiene intención de subcontratar la ejecución del contrato a una empresa radicada en Polonia, lugar donde exclusivamente va a realizarse la prestación.

El TJUE concluye que en una situación en la que un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 56 TFUE se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa.

Para llegar a esta conclusión se parte de que la imposición, en virtud de una normativa nacional, de una retribución mínima a los subcontratistas de un licitador establecidos en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora y en el que los salarios mínimos sean inferiores constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida.

Se considera que esta restricción a la libre circulación de servicios es desproporcionada, en la medida que el salario mínimo fijo no guarda relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de que se trata. De esta forma, se privaría a los subcontratistas establecidos en este último Estado miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, más allá de lo necesario para garantizar se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores.