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Competencia del Tribunal para conocer de varios contratos menores que responden a un indebido fraccionamiento del objeto del contrato
01/08/2016
Resolución 571/2016 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

« La primera cuestión que ha de plantearse y que constituye, en realidad, el núcleo del recurso, es si el mismo se formula frente a un acto recurrible. Efectivamente, tal y como se señala por el órgano de contratación, cada uno de los procedimientos de contratación iniciados tras la anulación del expediente por la resolución nº 318/2016 no sería susceptible de recurso ante este Tribunal, debido a que su cuantía, en principio, no alcanzaría el umbral establecido en el artículo 40.1 c) TRLCSP, en concreto, los 209.000 euros.

Ahora bien si, como propugna el recurrente, se suman los valores estimados de todos los contratos celebrados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.2 TRLCSP, al considerar que se ha producido un fraccionamiento indebido del contrato, entonces sí estaríamos ante un acto susceptible de recurso. La cuestión fundamental a resolver es, pues, si se ha producido efectivamente ese indebido fraccionamiento del objeto del contrato, con vulneración de lo dispuesto en el apartado 2 del citado precepto o si, por el contrario, la actuación del órgano de contratación fue legítima y amparada en el amplio margen de discrecionalidad que asiste a la Administración a la hora de definir sus propias necesidades y la forma de satisfacerlas.

(…)

De conformidad con toda esta doctrina, en el artículo 5.3 de la Directiva 2014/24/UE, a que antes se hizo referencia, ha tratado de mejorar la redacción del antiguo artículo 9.3, al señalar: 

“La elección del método para calcular el valor estimado de una contratación no se efectuará con la intención de excluir esta del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Una contratación no deberá fragmentarse con la intención de evitar que entre en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a menos que esté justificado por razones objetivas”. 

De lo dicho hasta ahora cabe concluir que cuando el órgano de contratación pretende contratar una obra, suministro o servicio para satisfacer una determinada necesidad, existiendo una única finalidad técnica y económica de las diferentes prestaciones que se contratan, la licitación ha de efectuarse en un único procedimiento, el cual podrá en su caso dividirse en lotes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 TRLCSP, pero sin que dicha división permita al órgano de contratación eludir la aplicación del procedimiento que corresponda en función del valor estimado del total de las prestaciones a contratar. 

Solo cuando exista una razón objetiva que permita considerar que cada prestación en sí misma considerada responde a una única finalidad técnica y económica, independiente y separable del resto, podrá el órgano de contratación optar por efectuar procedimientos separados para cada una de ellas, calculando también de forma independiente su valor estimado a efectos de la determinación del régimen jurídico que le corresponda.

(…)

La cuestión, por tanto, en línea con lo hasta ahora dicho es si entre los distintos contratos existía o no un vínculo operativo y si era posible su contratación por separado y su explotación en forma independiente.

(…)

Ahora bien, la suma de la cuantía de todos esos contratos que sí podrían considerarse de análoga naturaleza y respecto de los cuales cabría plantearse la existencia de una unidad funcional y técnica en el sentido de la jurisprudencia europea no alcanza los 209.000 euros establecidos en el artículo 40.1 c) y que determinarían la competencia de este Tribunal.»