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Aprecia mala fe y abuso de derecho al recurrir un pliego idéntico (y por los mismos motivos) al que ya fue objeto de una resolución desestimatoria del Tribunal
06/06/2016
Resolución 299/2016 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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«Pues bien, el pliego que rigió aquella licitación es idéntico, pues es un pliego modelo–tipo, al que rige la licitación que nos ocupa, y los motivos que determinaron la revocación de la adjudicación inicial, no acreditación de disponer al momento de la formalización del contrato de los medios materiales recorrido, igualmente idéntico. Ambas resoluciones impugnadas sólo difieren en que aquella resulta trajo consigo dejar desierta la licitación, al no existir más licitadores y, esta, la adjudicación al siguiente licitador, por existir dos licitadores.

Son igualmente idénticas casi en su totalidad una y otra reclamación.

El hecho de tratarse de procedimientos distintos impide considerar la cuestión como cosa decidida, sin perjuicio de que se constata una evidente mala fe procesal en las reclamantes, como analizaremos más adelante, al efecto de concluir la existencia de temeridad.

(…) La ahora recurrente se limita a reproducir los motivos alegados en su anterior recurso, con fundamentos de fondo expresamente rechazados por la nº 102/2016, de 5 de febrero, a ellos añadiendo como única novedad la improcedencia de adjudicar el contrato al siguiente clasificado.

Resulta pues evidente que el único objeto de la interposición del recurso fue suspender la adjudicación del contrato para que esta se dilatase lo más posible y, en consecuencia, perjudicar tanto a los licitadores y posible adjudicatarios como al interés general servido por el ente contratante.

El artículo 106.5 de la LCSE establece que “en caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición de la reclamación o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de la multa será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado a la entidad contratante y a los restantes licitadores.”

Por su parte el artículo 31.2 del RPERMC dispone que “cuando el Tribunal aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso acordará en la resolución que dicte la imposición de una sanción pecuniaria al recurrente en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, justificando las causas que motivan la imposición y las circunstancias determinantes de su cuantía. La imposición de multas al recurrente solo procederá en el caso de que se hubieran desestimado totalmente las pretensiones formuladas en el escrito de recurso.”

Habida cuenta de la ausencia en los motivos fundamentados de argumentación nuevos respecto de los que fue expresamente rechazados en nuestra resolución anterior, y la identidad de ambos procedimientos respecto del actor y del ente contratante, así como de los pliegos que rigen ambas licitaciones, e identidad sustancial de los argumentos de las reclamantes, y que la resolución anterior era conocida por las reclamantes al formular la nueva reclamación, existe un manifiesto abuso del derecho al recurso que altera con evidente mala fe su finalidad como medio para obtener la tutela de un derecho o interés legítimo, usándolo torcidamente para causar daño al adjudicatario y a la entidad contratante mediante la suspensión del acto de adjudicación.

Por todo ello, considera el Tribunal que resultan de aplicación las previsiones del artículo 106.5 de la LCSE antes citado, por lo que procede la imposición de una multa a las reclamantes. En cuanto a la cuantía, la LCSE señala que se determinará en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, situándose en todo caso entre 1.000 y 15.000 euros.

Este Tribunal considera, como quedó dicho, que la mala fe está fuera de toda duda, existe asimismo un perjuicio cierto, efectivo y evaluable, dicha valoración conforme ha de tener en cuenta el perjuicio causado por la suspensión de la adjudicación, al ente contratante y al adjudicatario, desde que, interpuesto el recurso, se produjo por ministerio de la ley la suspensión del procedimiento.
No obstante este Tribunal no puede realizar la evaluación del perjuicio toda vez que carece de los elementos necesarios para su cuantificación.

Es por ello que, a la vista de la dificultad de este Tribunal, por insuficiencia de datos, para determinar el valor del perjuicio cierto, efectivo y evaluable producido, este Tribunal fija el importe de la multa en su grado mínimo, es decir en 1000 euros.»