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Aplicación de revisiones de precios negativas en los contratos del sector público
06/04/2020
Informe 7/2019, de 29 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

El informe objeto de análisis tiene por objeto clarificar una consulta presentada por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales acerca de si, para una revisión de precios asociada al IPC –se incrementará en el 50% de la variación experimentada cada año en el citado índice a partir del 1er año del inicio de la prestación del servicio– el concepto de incremento asociado debe entenderse aplicable únicamente cuando se trate de variaciones positivas o si, por el contrario, debe comprender también aquellas posibles revisiones negativas.

No sin antes recordar que el uso de índices generales como el IPC, ya sea de forma directa o indirecta, queda expresamente prohibido por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, así como por las modificaciones introducidas en el régimen jurídico de contratación pública por la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la JCCAA entra a examinar la cuestión de fondo, que se encuentra bajo la vigencia del TRLCSP de 2011.

Para ello se parte de la propia concepción de la revisión de precios y su objetivo, que no es otro que configurarse como excepción a los principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista que garantice la estabilidad o equilibrio financiero del contrato, lo que implica una garantía frente a la inestabilidad económica. Por tanto, como afirma el órgano consultivo aragonés, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de los costes del mismo y, en definitiva, pretende evitar desequilibrios económicos durante la ejecución del contrato.

Por otro lado, la figura de la revisión de precios no en este aspecto sino una cláusula contractual, fruto de la libertad de pactos, que vincula a las partes únicamente en base a la horma y el alcance que se haya previsto en los pliegos.

La redacción literal del pliego establecía una revisión de acuerdo con el “porcentaje del incremento de la variación experimentada por el IPC cada año”. A pesar de que la JCCAA entiende que la expresión “incremento” está referida a un sentido positivo a una subida de tarifas –en contraposición a “actualización”, con carácter neutro– entiende que éste extremo debe interpretarse a la luz del resto de clausulado del pliego y de la LCSP tal y como se desprende del 1.285 del Código Civil: “Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”.

Pues bien, la JCCAA entiende que una interpretación que no tuviese en cuenta la variación del IPC negativa, prescindiendo de la previsión legal del artículo 94 del TRLCSP, no sería acorde con la finalidad de la revisión de precios que no es otra que el mantenimiento del principio esencial, […] lo que nos lleva a concluir que solo teniendo en cuenta en la revisión de precios tanto las variaciones positivas como negativas del IPC, se ajusta lo mejor posible a la realidad el precio del contrato, evitando así el evidente favorecimiento de la contratista, que obtendría un enriquecimiento injusto en claro perjuicio de la Administración.

En definitiva, cuando se prevea la revisión de precios en un contrato administrativo, ésta debe entenderse prevista en ambos sentidos, negativo y positivo, ya que una interpretación contraria supondría vaciar de contenido el fin último de la revisión de precios, que no es otro que el mantenimiento o restauración del equilibrio económico del mercado.