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ObCP - Opinión
La Junta de Castilla y León ha aprobado el Acuerdo 82/2020 para impulsar la responsabilidad social en el gasto público

Conscientes de que el gasto público representa más de un 40% del PIB, incorporar la responsabilidad social en la ejecución de aquél que se canaliza a través de contratos y subvenciones es una herramienta eficaz para alcanzar los compromisos de desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 2030.

22/02/2021

La Junta de Castilla y León ha publicado el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

Conscientes de que el gasto público representa más de un 40% del PIB, incorporar la responsabilidad social en la ejecución de aquél que se canaliza a través de contratos y subvenciones es una herramienta eficaz para alcanzar los compromisos de desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 20301.

La concepción de la contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para conseguir objetivos sociales ya fue asumida por la Junta de Castilla y León con la aprobación del Acuerdo 59/20122 que significó un paso importante en la integración de un segmento de población desfavorecida. Posteriormente, transcurrido el plazo de trasposición de las Directivas de 20143, se aprobó el Acuerdo 44/20164 con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público utilizando la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

El Acuerdo 82/2020, es el primero que se aprueba en el marco legislativo configurado por la LCSP5 y para cumplir con el mandato expreso de la Ley 4/20186, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, que impone a la Administración de la Comunidad la adopción de criterios de responsabilidad social en la gestión del gasto público y el impulso de su aplicación en el conjunto de las administraciones públicas de Castilla y León.

Los ejes que integran el Acuerdo 82/2020 son los siguientes:

  • Se impulsa la responsabilidad social en el gasto público mediante la incorporación, de manera transversal y preceptiva, de consideraciones sociales en aquél que se ejecuta mediante contratos públicos y subvenciones.
  • Se definen las consideraciones sociales como aquellas que contribuyen, por una parte, a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, y por otra parte, aporten valor social al gasto público mejorando cualitativamente las prestaciones objeto de contrato o incrementando el beneficio social perseguido con el otorgamiento de la subvención. Se ha elegido el concepto “consideraciones sociales” por ser el más utilizado en la LCSP aglutinando bajo esta locución todos los demás términos con que las normas se refieren a esta realidad tales como cláusulas sociales, criterios, aspectos, condiciones, etc. Se incluye una enumeración abierta de finalidades a alcanzar.
  • Se impone la incorporación de consideraciones sociales, de forma transversal y preceptiva en los términos del artículo 1.3 de la LCSP, a lo largo de todo el procedimiento de contratación, desde la definición de su objeto hasta la extinción del contrato, momento en el que el responsable del contrato tendrá que emitir un informe sobre su cumplimiento.
  • Todos los contratos de obras y servicios, salvo los expresamente excluidos en el Acuerdo, así como los contratos de suministro cuando su objeto lo permita, incorporarán al menos una condición especial de ejecución que incluya consideraciones sociales.
  • Se consolidan los proyectos de inserción socio-laboral asociados a la ejecución de los contratos, siendo obligatorio incluirlos como condición de ejecución en determinados contratos que cumplan las condiciones establecidas de importe y duración que garanticen su viabilidad. Con ello, se refuerza esta figura que ha sido seleccionada por la Comisión Europea como ejemplo de buena práctica en su guía “Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Pratice Cases”7.
  • Se promueve la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como de las entidades de economía social a que se refiere la Ley 5/20118, de 29 de marzo.
  • Se fija en un 10% el porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos susceptibles de ser reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social9 y a Empresas de Inserción10. Los contratos y lotes con previsión de ser reservados serán objeto de planificación anual con indicación de las fechas aproximadas para su licitación.
  • Se fomenta la reserva del derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud que enumera la DA 48ª de la LCSP a las entidades que cumplan las condiciones legalmente previstas.
  • Se establece un sistema de evaluación y seguimiento con emisión de informes periódicos y automatizados por las plataformas electrónicas de contratación. Con estos datos y los facilitados por los órganos de contratación, se elaborará un informe anual de seguimiento que se elevará a la Junta de Castilla y León y se publicará en el portal de gobierno abierto.
  • Se potencia el interés social y la utilidad pública de las actividades subvencionadas mediante la inclusión de consideraciones sociales en los planes estratégicos, las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones.

Confiamos en que este Acuerdo también ayude a cumplir los objetivos de recuperación económica, del empleo y de la cohesión social, puesto que los recientes acontecimientos derivados de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 han dejado patente la importancia de crear estructuras económicas basadas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como medio para fortalecer el tejido productivo y empresarial, generando un impacto positivo a largo plazo.

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1 https://www.agenda2030.gob.es/.

2 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/01/pdf/BOCYL-D-01082012-10.pdf.

3 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

4 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/07/25/pdf/BOCYL-D-25072016-10.pdf.

5 Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6 https://www.boe.es/ccaa/bocl/2018/132/h27409-27445.pdf.

7 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.

8 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

9 Art 43.4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

10 Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.