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ObCP - Opinión
La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la contratación publica en las entidades locales en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance que incluye la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación conocido como los Fondos Next Generation EU y que se base en tres pilares:

  1. La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
  2. La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.
  3. El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

Para ello o más bien por ello, el 31 de diciembre de 2020 entró en vigor el citado Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que determina en su artículo 1º su objeto, que no es otro que establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, estableciendo una serie de medidas para la implementación del PRTR e incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas, que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos.

No obstante, atendiendo al carácter plural de los fondos, la primera necesidad para su implantación pasa por establecer las directrices de la colaboración público-privada, la cual será clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el PRTR, dado que es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública, según reza su Exposición de motivos, y que reconocerá aquellos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que, con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, así sean declarados por el Consejo de Ministros para lo que se creará un registro estatal especifico, permitiendo como instrumentos de colaboración las agrupaciones, los consorcios, o las sociedades de economía mixta.

Su ámbito de aplicación son las entidades que integran el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, como dispone su apartado c), es de aplicación a las entidades que integran la Administración local.

Se configura en 69 artículos a través de cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, una transitoria que afecta a los proyectos estatales sujetos a evaluación ambiental, y una disposición derogatoria. Concluye con trece disposiciones finales.

El Título I (arts 1 a 6), el Capítulo III del Título III (arts. 23 a 36), y los Capítulos II, III, IV, V y VI del Título IV, (arts. 47 a 66) así como el artículo 46, se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

El Capítulo II del Título III (arts. 14 a 22) y el Capítulo VII del Título IV (arts. 67 a 69) se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público en relación con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Capítulo I del Título III (arts. 12 y 13) y el Capítulo I del Título IV (arts. 37 a 46) se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.

En el ámbito práctico de las entidades locales, podemos decir que el RD - ley 36/2020 trata de acortar los plazos y simplificar los procedimientos – esperemos que así se consiga- en materia de contratación pública, de forma que los mecanismos fijados para la reactivación económica, generación de empleo y transformación, encauzados a través de las administraciones públicas desde Europa, entren en funcionamiento lo antes posible, lo cual deja implícito por otra parte que la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) no es un instrumento ágil y simplificador en el actual contexto de la contratación pública, y los contratos que se liciten necesitan de un mecanismo mas ágil y dinámico de licitación. Una excesiva reducción de los plazos podría quebrar los principios de concurrencia o igualdad y menoscabar la calidad de las prestaciones por la escasez del tiempo en la preparación de las ofertas por parte de los licitadores o devenir en favor de los que ostenten mayores medios materiales y humanos.

Para lograr la reducción en los plazos, el articulo 48 RD – ley 36/2020 declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho de prioritario de los procedimientos que impliquen la ejecución de gastos con cargos fondos europeos, debiendo motivarse su declaración, no obstante y conforme a lo establecido en el art. 50 del citado cuerpo legal, por los órganos de contratación, quienes deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación. A tal efecto, el RD – ley establece lo siguiente:

Artículo 50. A los los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y para los que los órganos de contratación justifiquen su tramitación urgente, ex art 119 LCSP, les podrán ser de aplicación las siguientes especialidades:

  • i) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto podrán reducirse hasta la mitad por exceso (mitad mas un medio hasta el entero), salvo el plazo de presentación de proposiciones, que solo podrán reducirse hasta un mínimo de quince días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
  • ii) Una vez declarada la urgencia, el plazo para la presentación de proposiciones será de un máximo de quince días naturales en todos los casos, manteniendo sin cambios los plazos establecidos en el artículo 159. 3 y 159.4 LCSP.
  • iii) En los supuestos en que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a cuatro días naturales, frente a los 7 dias del art 159.4 e) LCSP.
  • iv) El plazo nunca inferior de 10 dias establecido en el artículo 159.6 LCSP para la presentación de proposiciones, será de un máximo de ocho días naturales. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, el plazo se mantiene en los cinco días naturales.
  • v) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento restringido y del procedimiento de licitación con negociación podrán reducirse hasta la mitad por exceso; salvo:
    • v') el plazo de presentación de solicitudes, donde los órganos de contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales y,
    • v'') el plazo de presentación de las proposiciones, que en ningún caso será inferior a diez días naturales.
  • vi) La aplicación de las reducciones de plazos a los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el anuncio de licitación, si como a los procedimientos restringido y de licitación con negocación, pero no se aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado.
  • vii) Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR en todo caso gozarán de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en su tramitación. Los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.

Artículo 51. Los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 € que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR, se les aplica lo previsto para el procedimiento abierto simplificado sumario (abreviado o supersimplificado).

Art 52. Siguiendo la dicción del art. 159.1 LCSP, el RD – ley fija que podrá aplicarse el procedimiento abierto simplificado ordinario para obras, suministro y servicios (no para concesiones) cuando:

  • i) Se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada y que según la Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, cabe recordar que se fijan en:
    • ia) 5.350.000 euros para contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios, obras subvencionados y sujetos a regulación armonizada (art. 23.1.a LCSP) y obras, concesiones de obras y concesiones de servicios no sujetos a regulación armonizada (art. 318.b LCSP) de PANAPs.
    • ib) 214.000 euros para los contratos de suministro sujetos a regulación armonizada establecidos en el art. 21.1.b) LCSP, y que son los contratos adjudicados por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
    • ic) Servicios adjudicados por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (art 22.1.b) LCSP, vinculados a un contrato de obras (art. 23.1.b) LCSP) y servicios y suministros no sujetos a regulación armonizada (art. 318.b) LCSP).
    • id) 139.000 euros en los contratos de suministros y servicios que hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (arts. 21.1.a) y 22.1 a) LCSP).
  • ii) Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura (por extensión de la D.A. 41ª LCSP entendemos que también afecta a los servicios de consultoría y urbanismo) en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

Artículo 53. Excepcionalmente, en los contratos de suministro y de servicios de carácter energético se podrá establecer un plazo de duración superior al de 5 años establecido en el artículo 29.4 LCSP - precepto modificado por la D.F. 7ª del RD - ley 11/2020, de 31 de marzo, como medida para paliar los efectos de la pandemia por el coronavirus en la contratación pública – fijando un máximo de 10 años, cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones, no sean susceptibles de usarse en el resto de la actividad o su uso fuese antieconómico.

Artículo 54. Con el fin de homogeneizar y agilizar los procesos de contratación, se promoverá la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas para la gestión de los fondos procedentes del Plan, que incorporen todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social que se consideren necesarios y estén amparados por la norma legal correspondiente.

Artículo 58. En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR susceptibles de recurso especial en materia de contratación (art. 44 LCSP) y siempre que los procedimientos de selección del contratista se hayan tramitado de forma electrónica:

  • a) El órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación, frente a los quince días hábiles que fija el art. 153.3 LCSP a contar desde que se remite la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
    El plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de diez días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 LCSP.
  • b) El órgano competente para resolver el recurso habrá de pronunciarse expresamente, en el plazo de cinco días hábiles desde la interposición del recurso, sobre la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad y sobre el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, incluidos los supuestos de suspensión automática.
08/03/2021

Colaborador

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Secretario General del Ayuntamiento de Haro e investigador predoctoral en la Universidad de La Rioja.