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Publicado el Primer Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de España
27/12/2019
El informe, aprobado el 18 de diciembre de 2019, propone el diseño de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la que se incluya un apartado específico relativo a la contratación pública.

Clica aquí para descargar el Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública y el Resumen Ejecutivo del Informe Anual.

En el Informe se advierte de que, además de no cumplirse las exigencias de contratación pública electrónica:

  • No existe un control o verificación de la información publicada por cada órgano de contratación, ni una uniformidad cuantitativa ni cualitativa de la información a publicar en datos abiertos (OPEN DATA) por PLACSP y las plataformas autonómicas.
  • Se han detectado deficiencias en la publicación de las modificaciones contractuales, la subcontratación, los encargos a medios propios y las consultas preliminares del mercado, pero, sobre todo, en la contratación menor.

Asimismo, de las actuaciones de supervisión directas de la OIReScon se confirman áreas de riesgo en la contratación pública, algunas de ellas con carácter recurrente, ya identificadas por los órganos de control tanto externo como interno, así como ausencia de un uso estratégico de la contratación pública:

  • Se han detectado inercias y falta de adecuación al objeto del contrato de criterios de solvencia y clasificación, así como de criterios de adjudicación, que pueden afectar a la concurrencia en la licitación y acceso a las PYME.
  • Se han identificado incumplimientos en el establecimiento de condiciones especiales de ejecución de carácter social, medioambiental y de innovación desaprovechando las posibles mejoras en políticas sociales y medioambientales.
  • Se confirma la falta de reflejo documental de la fase de ejecución del contrato en las plataformas de contratación lo que dificulta su seguimiento.

En relación a la Profesionalización en la contratación pública, y concretamente en su formación, indica el Informe que no existen itinerarios específicos en los centros consultados, y falta de capacidad de absorción de la demanda en formación, afectando a la especialización en la materia:

  • El 84,75% de las actividades en materia de contratación pública de los centros consultados se han centrado en formación general, siendo solo el 15,25% formación específica o avanzada.
  • Más de la mitad de las solicitudes (una media de 57,36%) en formación de contratación pública, tanto general como específica, no han sido atendidas en el 2018, año de entrada en vigor de la LCSP.
  • Solo un centro de los consultados da información de itinerarios en los que se contempla formación en materia de contratación pública a empleados públicos de nuevo ingreso.

En el Informe se propone que se diseñe Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la que se incluya un apartado específico relativo a la contratación pública dada su relevancia en la materia.

El Informe propone una serie de RECOMENDACIONES:

  • Sería necesario dotar a PLACSP de la capacidad necesaria para constituirse como una única base de datos de contratación pública (incluyendo la fase de ejecución del contrato) que permitieses a los órganos de contratación simplificar el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad, transparencia y Rendición de contratos; facilitase la información y acceso a las licitaciones a los operadores económicos; y, permitiese la explotación y tratamiento de datos de la contratación pública (BIG DATA) a la OIReScon en su función de supervisión de la contratación de todo el Sector Público. Adicionalmente, deben articularse mecanismos de verificación y validación de la información publicada.
  • Deben atenderse una serie de puntos y extremos en el marco del procedimiento de contratación. En concreto:
    • En el momento de llevar a cabo la programación de la contratación del órgano de contratación (definición del objeto y necesidad, elección del procedimiento, división en lotes, estructura de costes y duración estimada de la prestación, entre otros)
    • En la redacción de los pliegos que han de regir la contratación (la clasificación y solvencia adecuada al objeto del contrato, medidas de favorecimiento a las PYME, la insuficiente o inadecuada presupuestación, los criterios de adjudicación, en especial los vinculados a la calidad de la prestación, y las condiciones especiales de ejecución)
    • En la tramitación del procedimiento de licitación, fortalecer los controles, el cambio de cultura administrativa, impulsar y reforzar los medios y medidas correctivas que se adopten frente a los conflictos de interés, las prácticas colusorias y las prohibiciones para contratar.
    • En relación a la ejecución del contrato y las actuaciones de supervisión realizadas: establecer medidas de control del pago a las empresas subcontratadas en los contratos que correspondan por Ley, así como reforzar las justificaciones de las modificaciones contractuales, en especial, en los contratos de obras.
  • Deben elaborarse indicadores que sirvan para evaluar los sistemas de racionalización y centralización de la contratación, facilitando además una información que cumpla con el principio de transparencia y que permita el control y evaluación de su eficiencia. Además, deberían adoptarse las medidas de coordinación necesarias para que todas las plataformas (PLASCP y autonómicas) recogieran de forma homogénea la información de los sistemas e instrumentos de racionalización utilizados que permitiese un tratamiento y explotación agregada de los datos con el objetivo de alcanzar conclusiones fiables y significativas.
  • Fomentar, impulsar y reforzar la implantación e implementación de la contratación electrónica, en este sentido, se insta la constitución de la Sección de “contratación pública electrónica” del Comité de Cooperación, regulado en el art. 329.3.d) de la LCSP, con el fin de coordinar, uniformar y difundir los medios, sistemas y aplicaciones informáticos existentes, y así facilitar su reutilización y uso de acuerdo con el art. 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, se debería impulsar y fomentar la tramitación electrónica de los órganos administrativos de resolución de recursos especiales en materia de contratación y de los órganos de control interno de gestión económica financiera.
  • Se recomienda la adaptación y creación de itinerarios formativos dirigidos a la especialización y Profesionalización en la contratación pública, así como adecuación de la oferta formativa a la demanda existente, con contenido práctico y no sólo teórico, para que represente un auténtico valor en el desempeño del puesto de trabajo de las unidades técnicas.
    • Se recomienda mantener y potenciar mecanismos de coordinación entre las agencias y oficinas de prevención y lucha contra la corrupción existentes y la OIReScon, con el objeto de adoptar medidas para sistematizar, de manera progresiva, la información relativa a los expedientes tramitados por las mismas derivadas de irregularidades, fraude o corrupción en el ámbito de la contratación. Asimismo, se debe impulsar la dotación de la OIReScon, como oficina competente en materia de prevención y lucha contra la corrupción en materia de contratación, de la infraestructura necesaria para arbitrar un procedimiento de investigación que cuente con las garantías exigibles tanto de confidencialidad como en la protección del denunciante.
    • Sería necesario arbitrar mecanismos de coordinación de criterios entre los órganos consultivos y la OIReScon con el fin de establecer una interpretación uniforme de preceptos que generen inseguridad jurídica de la normativa de la contratación pública, que unifique su aplicación en el sector público en forma de recomendaciones o Instrucciones generales.