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NAVANTIA no es un poder adjudicador
20/12/2019
SAN de 22 de noviembre de 2019 (Rec. 990/2017)

La sentencia analiza cuál es el grado de sometimiento de NAVANTIA S.A., Sociedad mercantil estatal, a la legislación sobre contratación pública. No se discute que la sociedad está incluida en el ámbito subjetivo del RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aplicable al supuesto). Lo que resulta controvertido es si NAVANTIA es un poder adjudicador o, por el contrario, tiene la condición de “resto del sector público”.

La Audiencia Nacional, confirmando el criterio del TARC, considera que NAVANTIA no tiene condición de poder adjudicador. Y ello por dos motivos:

  • La creación de NAVANTIA se fundamenta en la mejora de la eficiencia profesional de la empresa de astilleros nacida de la escisión de IZAR que a su vez resultó de la fusión de AESA y BAZAN. Es por esto que no es un ente creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
  • No se aprecia ausencia de competencia real y de riesgos por el hecho de que sea parte de la SEPI. Los sucesivos pronunciamientos del TJUE han sido incorporados por la Directiva 2014/24/UE, donde claramente se establece que no es un organismo de derecho público el que opera en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. El hecho de que satisfagan necesidades de interés general no es incompatible con su carácter mercantil o industrial.