Image
Las comunidades de regantes no tienen consideración de poder adjudicador
22/02/2021
Informe 5/2020, de 6 de noviembre de 2020. consideración de las comunidades de regantes como poder adjudicador.

El 15 de junio de 2020 la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca solicitó informe a la Junta Superior de Contractació Administrativa de Valencia (JSCAV en adelante), a fin de que se indicara si las comunidades de regantes han de ser consideradas como poderes adjudicadores y por lo tanto les es de aplicación la Ley 9/2017.

Recordemos que el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, establece que les es de aplicación a aquellas entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

Expone en su consulta al DG que orden 27/2018, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad de Valencia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las comunidades de regantes y otras entidades de riego, recoge que las comunidades de regantes deben considerarse poder adjudicador según indicaciones anteriores de Abogacía de la comunidad que interpretaban que era de aplicación dicho artículo 3.3 en el caso de las comunidades de regantes.

Se citan, sin embargo, dos resoluciones (12/2019 y 13/2019) del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en los que no se entiende que estas comunidades de regantes tengan esta consideración porque no cumplirían el tercer requisito, esto es, que un poder adjudicador controle su gestión.

La JSCAV recuerda que “las comunidades de regantes están adscritas al Organismo de Cuenca que ejerce sobre ellas las potestades de tutela únicamente en los supuestos previstos en la Ley de Aguas, y realizan fines de naturaleza mixta, referidos tanto a la consecución del interés general como a la satisfacción de los intereses privados de los comuneros, revistiendo esta última actividad analogía con las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos propios. Esta naturaleza mixta público-privada de su actividad impide su incardinación indefectible como integrante de la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico, existiendo una esfera importante de su actuación ajena e independiente de la Administración caracterizada por la consecución de los intereses privados de sus miembros”.

En segundo lugar, “tampoco necesita mayor esfuerzo determinar que las comunidades de regantes no se financian con fondos públicos”, sino por aportaciones de los comuneros. Tampoco sus órganos de administración y supervisión son designados por organismos públicos. Además, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que dicho control debe originar una dependencia del organismo de que se trate”, el cual no puede apreciarse en este caso.

El único aspecto que ofrecería dudas para su interpretación sería que “la normativa de aguas prevé que, en tanto en cuanto ejerzan funciones públicas, los actos de las comunidades de regantes estén sujetos al sistema de recursos administrativos previstos en la legislación administrativa y, en concreto, serán recurribles en alzada ante el organismo de cuenca los actos y acuerdos adoptados por la junta directiva y la asamblea general”. Sin embargo, según la JSCAV, “en este caso estamos ante un control a posteriori que, en todo caso, solo se focalizará sobre el acuerdo o acto concreto recurrido en alzada, y no sobre la actividad general de la comunidad”. La JSCAV trae a colación aquí, además, acertadamente, la Como indica la STJUE de 27 de febrero de 2003 en el Asunto C-373/00 Adolf Truley GmbH que afirma que “en virtud de dicha jurisprudencia, queda descartada la posibilidad de considerar que se cumple el requisito de control de la gestión en el supuesto de un mero control a posteriori ya que, por definición, tal control no permite que los poderes públicos influyan en las decisiones del organismo de que se trate en materia de contratos”.

De esta forma, se concluye que las comunidades de regantes no tienen condición de poder adjudicador, y que por tanto no les es de aplicación el contenido de la Ley 9/2017.