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Contratos entre poderes adjudicadores y respeto al principio de libre concurrencia
14/01/2015
STJUE de 18 de diciembre de 2014, as C-568/13

Determinada  Región italiana  convocó un procedimiento de licitación pública para la adjudicación, según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, del servicio trienal de tratamiento de datos para la evaluación externa de la calidad de los medicamentos. Un hospital universitario público participó en esta licitación y se clasificó en primer lugar, habida cuenta principalmente del precio al que propuso sus servicios, aproximadamente un 59 % inferior al del licitador clasificado en segundo lugar, Data Medical Service. Tras comprobar la eventual anormalidad de esta oferta, el contrato fue adjudicado a al hospital universitario, lo que motivó un recurso por parte de Data Medical Service que es origen del procedimiento prejudicial al que pone fin la STJUE de 18 de diciembre de 2014.

La sentencia reseñada analiza dos cuestiones de interés: en primer lugar, si el Derecho de la Unión Europea se opone a una norma nacional que impide a un poder adjudicador participar en licitaciones y, en segundo lugar, si la oferta de un poder adjudicador que disfruta permanentemente de fondos públicos debe ser rechazada por constituir una oferta anormalmente baja.

En relación con la primera de estas cuestiones, el Tribunal de Justicia reitera que tanto de las normas de la Unión como de la jurisprudencia se desprende que puede licitar o presentarse como candidato toda persona o entidad que, a la vista de los requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere apta para garantizar la ejecución del contrato público, con independencia de que su estatuto jurídico sea público o privado y de si opera sistemáticamente en el mercado o si sólo interviene con carácter ocasional.

Mucho más abierta es la respuesta a la cuestión relativa a determinar si obtiene una ventaja competitiva determinante en la licitación  un ente que disfruta de una financiación pública tal que le permite presentar una oferta a la que ningún competidor puede hacer frente.  Y en este sentido, el Tribunal literalmente afirma que:

«las disposiciones de la Directiva 92/50, y en particular los principios generales de libre competencia, de no discriminación y de proporcionalidad en los que se basa esa Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que permite a un hospital público, como el demandante en el litigio principal, que participe en una licitación presentar, gracias a la financiación pública que recibe, una oferta a la que ningún competidor puede hacer frente. No obstante, en el examen del carácter anormalmente bajo de una oferta en virtud del artículo 37 de dicha Directiva, la entidad adjudicadora puede tomar en consideración, por lo que respecta a la facultad de rechazar dicha oferta, la existencia de una financiación pública en favor de tal centro».