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Aplicación de un sistema de valoración que reparte todos los puntos, no solo entre las ofertas económicas, sino también entre las ofertas técnicas
10/01/2020
Resolución 1352/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Dentro de la polémica sobre las fórmulas para valorar las ofertas económicas que serían conformes a la normativa contractual —existen criterios divergentes entre los órganos de recurso especial—, se han realizado propuestas para utilizar la fórmula proporcional directa para valorar los aspectos económicos —la que reparte todos los puntos entre las ofertas—, pero atenuando las consecuencias excesivamente rigurosas de la misma, repartiendo también la totalidad de la puntuación técnica.

Se trataría de que en los criterios sujetos a juicio de valor se repartiera la puntuación proporcionalmente al conjunto de las ofertas presentadas, asignando la puntuación máxima a la mejor oferta técnica y cero puntos a la peor.

La Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 1352/2019, revisa un pliego en el que la oferta técnica se valora en 41 puntos máximo de acuerdo con la fórmula siguiente:

Vn = (POmin/POn)*41

En donde:

Vn = puntuación de la oferta que se valora.
POmin = importe de la oferta más baja.
POn = importe de la oferta que se valora.

A su vez el proyecto técnico se valora de acuerdo con cuatro criterios ponderados que suman en total 49 puntos. Para poder puntuar en este criterio tiene que superar los 24 puntos. En caso de que algún proyecto no supere estos puntos obtendrá una puntuación de cero puntos en el proyecto técnico. Una vez superado este filtro (todos los proyectos de más de 24 puntos), la valoración técnica de la calidad del proyecto se calculará otorgando 49 puntos al mejor proyecto técnico presentado. El resto de proyectos se valorarán aplicando una fórmula proporcional que conlleva que un proyecto técnico admitido pero que hubiera obtenido la valoración mínima admisible (25 puntos) obtendría una valoración de 0 puntos.

Para el Tribunal esta forma de valoración no es aceptable porque puede dar lugar a una contradicción interna en la ponderación de los criterios de adjudicación, no cumple con el principio de proporcionalidad y altera el juicio técnico de las ofertas.

«Entiende el recurrente, y se comparte por este Tribunal Administrativo, que resulta lícito que el órgano de contratación exija una puntuación mínima a la oferta técnica presentada para su admisión. En efecto, el Pliego establece que “Para poder puntuar en este criterio de valoración, el proyecto presentado por los licitadores, una vez sumados los apartados anteriores (a, b, y d), tiene que superar los 24 puntos. En caso de que algún proyecto no supere estos puntos obtendrá una puntuación de cero puntos para este criterio de valoración”. La anterior previsión resulta coherente con el mandato contenido en el artículo 145.4 de la LCSP, que exige al órgano de contratación velar por la obtención de servicios de gran calidad, que permitan la cobertura da las necesidades que justifican la contratación y, a su vez, no se estima desproporcionada, lo que estaría vedado por el artículo 145.5 letra b de la LCSP.

Sin embargo, una fórmula como la introducida para reasignar puntuaciones a las valoraciones técnicas efectuadas por los técnicos competentes no puede considerarse ajustada a Derecho y ello por los siguientes motivos:

1º.-En cierta medida, la fórmula introducida puede dar lugar a una contradicción interna en la ponderación de los criterios de adjudicación. Así, aunque a priori el criterio relacionado con los costes (el precio), cuya ponderación resulta preceptiva para la obtención de la oferta con mejor relación calidad precio, se valora con 41 puntos, la disgregación que produce la formula aplicada a las valoraciones técnicas puede convertir el anterior criterio en irrelevante en la adjudicación. Así, si como indica el órgano de contratación en su informe al recurso, es escasa la posibilidad de efectuar bajas significativas en el precio (dada la existencia de un importante nivel de costes de personal objeto de subrogación), es de suponer que las puntuaciones económicas serán elevadas (próximas a los 41 puntos). La anterior puntuación quedaría desprovista de todo valor para aquella empresa que, realizando una oferta técnica admisible (superior al umbral mínimo fijado), sin embargo, sea la peor valorada, frente a los 49 puntos que obtendría la empresa que presente el proyecto mejor valorado, eliminándola de facto del proceso de contratación.

2º.-El artículo 145.5 de la LCSP, en sus letras b y c, establecen como requisitos para la fijación de los criterios de adjudicación la proporcionalidad y el aseguramiento de la competencia efectiva. Dicho criterio de proporcionalidad no se alcanza con la aplicación de una fórmula como la introducida por el órgano de contratación. Así, para facilitar la comprensión de esta conclusión, y en términos de mera hipótesis, si solamente se formulan dos propuestas válidas, obteniendo una valoración o juicio técnico de 25 y 30 puntos respectivamente, resulta claramente desproporcionado el otorgamiento de unas puntuaciones finales de 0 y 49 puntos, pues no se refleja en modo alguno el auténtico valor o calidad de los proyectos presentados. Lo anterior tiene como consecuencia que la competencia no sea efectiva, pues a pesar de que una sociedad ha podido efectuar una oferta con un nivel de calidad superior al mínimo exigido, se ve de facto excluida del procedimiento, perjudicando la ecuación calidad-precio. Téngase en cuenta que la desproporción resulta de que para el fin pretendido (obtención de un nivel de calidad elevado), basta con exigir una puntuación técnica mínima, no resultando precisa una ulterior alteración de la puntuación mediante la aplicación de una fórmula matemática de la que no se pueden derivar mayores ventajas.

3º.-Por último, no parece razonable ni ajustado a cuanto dispone el artículo 146 de la LCSP que, teniendo atribuidos los técnicos la potestad de evaluar las ofertas de dicha naturaleza que no pueden ser valoradas mediante la mera aplicación de fórmulas, después la puntuación por éstos asignada se vea (o pueda verse) desconfigurada mediante la aplicación de una fórmula matemática que no resulta suficientemente justificada en el expediente y que es innecesaria. Así, el Pliego pretende aplicar a un criterio de valoración cualitativa no susceptible de ser medido mediante fórmulas matemáticas, una de éstas, lo que no resulta acorde a la forma de valoración de esta clase de criterios e introduce un elemento de alteración del auténtico juicio técnico que merecen las ofertas.