Observatorio de Contratación Pública

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Opinión


  • Modificación del contrato de concesión de la autopista del Atlántico

    José Antonio Blanco Moa Abogado
    Modificación del contrato de concesión de la autopista del Atlántico

    Recientemente, la autopista del Atlántico (AP-9) ha incrementado sus peajes. Este incremento tiene origen en el acuerdo para modificar el contrato de concesión publicado en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre. En esta norma se acuerda entre la Administración y la sociedad concesionaria que esta última realice determinadas obras para ampliar la capacidad de la autopista y a cambio pueda aumentar los peajes. Sin embargo, a la hora de realizar la modificación contractual no se han tenido en cuenta los límites establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que esto podría derivar en la nulidad del acuerdo de ampliación.

  • La ley de contratos del sector público, de arriba abajo

    Isabel Gallego Córcoles Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha

    En estas líneas se pretende analizar de manera crítica hasta qué punto se han realizado los objetivos que se formularon en su Preámbulo.

  • Los criterios ambientales han llegado para quedarse: ¿estamos preparados?

    Fernando Vicente Davila Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo y Titulado Superior, Consellería de Economía, Emprego e Industria, Xunta de Galicia.

    El empleo de cláusulas ambientales en la operativa contractual es un proceso que precisa de alforjas. Aún con las medidas puestas en marcha subsisten dificultades. Una etapa de adquisición de capacidades debe desplegarse bajo este marco de la contratación pública.

  • La aplicación del principio de no discriminación en el marco del acuerdo comercial multipartes entre la Unión Europea y Ecuador: Licitaciones abiertas

    Alexandra Sierra García Abogada Asociada Senior del Departamento de Contratación Pública y Litigación Administrativa de la Firma Jurídica VERUM&CO Abogados

    El principio de no discriminación, como parte del principio de trato igualitario, se ha plasmado en el texto del Acuerdo Comercial a manera del imperativo de “trato no menos favorable”, cuya forma de aplicación en el Ecuador aún no es clara.

  • Obviedades

    Luis Murillo Jaso Jurista

    Hay quien cree que la normativa de contratos públicos está totalmente desconectada del Código Civil, lo que acaba generando problemas de lo más variados. Cierto es que el Derecho Administrativo se autointegra a sí mismo en base a sus numerosas normas y sus peculiares principios, pero no es menos cierta la supletoriedad general del Código Civil.

  • Prólogo, informe y epílogo sobre la compra de libros científicos por las universidades públicas

    Carlos Aymerich Cano Profesor Titular de Derecho Administrativo y Secretario General de la Universidade da Coruña

    Algunas universidades públicas españolas decidieron excluir la adquisición de libros científicos de la aplicación de la LCSP de 2017. La justificación reside en que al ser los libros objeto de una propiedad incorporal su adquisición quedaría excluida de la LCSP a tenor del dispuesto en su art. 16, que dispone que “no tendrán la consideración de contratos de suministros los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables”.

  • Resolución de contrato y daño moral de la Administración

    Carlos Yáñez Díaz Letrado de la Comunidad de Madrid. Letrado secretario de la Comisión Jurídica Asesora.

    Cuando el contratista incumple sus obligaciones contractuales esenciales procede la resolución contractual. Esta prerrogativa abre la posibilidad de reclamar al contratista daños y perjuicios. La cuestión a analizar es si cabe reclamar daños morales.

  • Publicidad, transparencia y concurrencia empresarial como indicadores de calidad de la compra pública

    Mercè Corretja Torrens Directora General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña.

    La contratación pública constituye un ámbito de riesgo desde el punto de vista de la transparencia y de la lucha contra el fraude y la corrupción. La confluencia de intereses públicos y privados, la discrecionalidad administrativa que rige muchos de los trámites y decisiones y, sobretodo, su volumen económico constituyen una potente herramienta en este sentido, junto a los principios de publicidad y libre concurrencia.

  • La necesaria cooperación entre los Tribunales de Recursos contractuales y las Autoridades de Defensa de la Competencia ante prácticas anticompetitivas

    Patricia Iglesias Rey Letrada de la Xunta de Galicia. Asesoría Xurídica de la Consellería de Economía e Industria.

    Como muestra un botón: la Resolución nº 28/2018 de 15 de junio de 2018 del Tribunal Administrativo de contratación de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL).

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  • Juan Antonio Pavón Pérez

    Juan Antonio Pavón Pérez

    Jefe de Sección de Gastos Generales de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres Ver su curriculum
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    Catedrático de Derecho Económico en la Universidad de Bristol, Reino Unido Ver su curriculum
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    Lector y Doctorando en Derecho Público, Universidad de Toulouse Ver su curriculum
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    Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ver su curriculum
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    Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minho, Portugal Ver su curriculum
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    Jefa de Sección de Contratación en el Excmo. Ayuntamiento de Albacete. Ver su curriculum
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    Profesora de Derecho Administrativo (Universidad de Burgos) Ver su curriculum
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    Enric Staromiejski Torregrosa

    Experto de everis en diversos temas de Administración y Gobierno Electrónicos. Ver su curriculum
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    Francisca Leonor Villalba Pérez

    Profesora Titular de Derecho Administrativo Universidad de Granada Ver su curriculum
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    Luis Vaquero Gómez

    Letrado Jefe Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León Ver su curriculum


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