Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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José Antonio Moreno Molina

Grave incumplimiento español del derecho de la UE por la falta de trasposición de la directiva de contratos públicos en los sectores especiales

La LCSP 2017 incorporó al Derecho español las previsiones de la Directiva del Parlamento y del Consejo 2014/24/UE sobre contratación pública así como de la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Ahora bien, junto a estas normas, que integraron la cuarta generación del Derecho de la Unión Europea en materia de contratos públicos 1 , las instituciones europeas también aprobaron la Directiva 2014/25/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

El Estado español tenía la obligación de transponer al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2014/25 hasta el 16 de abril de 2016, el mismo plazo del que disponía para la incorporación de las Directivas 2014/23 y 24 y que incumplió al aprobar tardíamente la LCSP 2017 en noviembre de 2017 y al disponer su entrada en vigor en marzo de 2018.

La falta de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea ha sido todavía mucho mayor con la incorporación de la Directiva sobre contratos públicos en los denominados sectores especiales, ya que se han cumplido ya casi tres años desde que la norma debía estar transpuesta al Derecho español y no sólo no lo está sino que no lo estará a corto o medio plazo ya que el 5 de marzo de 2019 caducó el Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que había sido presentado el 25 de noviembre de 2016, al mismo tiempo que se presentó el Proyecto de LCSP (el texto íntegro de la iniciativa se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº A-3-1, de 2 de diciembre de 2016).

El Proyecto de Ley se tramitó en la Comisión de Hacienda y ha quedado caducado tras la publicación del Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.

Hay que tener en cuenta que el citado Proyecto de Ley tenía como objetivo incorporar al Derecho nacional la Directiva 2014/25 en lo relativo a la contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por parte de los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública de conformidad con la definición que establece la LCSP 2017, las empresas públicas, así como por otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos. Las disposiciones de esta Directiva que afectan a la contratación en estos sectores especiales por parte de las Administraciones Públicas son objeto de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, el Proyecto quería transponer lo dispuesto por la Directiva 2014/23 en lo atinente a la licitación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en los sectores de la energía, los transportes y los servicios postales, por parte de los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública, las empresas públicas, así como entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos.

La gravedad del incumplimiento tiene no sólo consecuencias jurídicas, sociales y políticas de primer orden, sino también graves consecuencias económicas. La Comisión Europea propuso en diciembre de 2017 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la imposición de una multa diaria a España de 123.928,64 euros por la no transposición de la Directiva 2014/25/UE (puede verse https://contratodeobras.com/).

Hasta que no se transponga la Directiva 2014/25 al ordenamiento jurídico español sigue en vigor la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y servicios postales, si bien hay que tener en cuenta que desde el 18 de abril de 2016 resulta de aplicación lo dispuesto por la Directiva 2014/25 en virtud de la doctrina del efecto directo del Derecho de la Unión Europea.

La obligación de un Estado miembro de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por una directiva es una obligación imperativa establecida por el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, y se impone a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales (pueden verse en este sentido las sentencias del TJUE Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, asunto C‑127/02 y Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía, asunto C-391/15).

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1 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., "Novedades en la nueva Normativa Comunitaria sobre contratación pública", Revista de estudios locales, nº 161 (2013), págs. 15 a 44 y "Las nuevas directivas -cuarta generación- en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública", Revista Española de Derecho Administrativo, nº 159 (2013), págs. 39 a 106

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Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha Curriculum de José Antonio Moreno Molina


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