Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Martín Ángel Gómez Rodríguez

Fundamento jurídico para la estipulación de un plazo de respuesta en el requerimiento a enviar al licitador para justificación ante una oferta presuntamente anormal

Al igual que el anterior Texto Refundido, la vigente LCSP tampoco estipula expresamente un plazo para contestar al requerimiento de justificación que se debe enviar al licitador ante una oferta presuntamente anormal, en el caso de un procedimiento abierto.

A falta de una indicación expresa en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), en el caso de un procedimiento abierto, deberemos recurrir supletoriamente a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC, en adelante), para encontrar un fundamento jurídico a la hora de estipular un plazo de respuesta en el requerimiento de justificación a enviar al licitador ante una oferta presuntamente anormal. 

Al igual que el anterior Texto Refundido, la vigente LCSP tampoco estipula expresamente un plazo para contestar al requerimiento de justificación que se debe enviar al licitador ante una oferta presuntamente anormal, en el caso de un procedimiento abierto.

El apartado 4 del artículo 149 LCSP desarrolla el procedimiento a seguir para este caso: 

“Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.”

El problema se plantea a la hora de determinar lo que se considera un “plazo suficiente”, claro está; porque para el procedimiento abierto simplificado, la LCSP en su artículo 159.4.f) sí que determina el mismo (máximo de 5 días hábiles desde comunicación), pero no para los procedimientos abiertos mondos y lirondos.

Esta indeterminación puede tener una fácil solución conforme al apartado 1 de la Disposición Final Cuarta de la LCSP:

“Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.”

Así, a falta de un plazo determinado en la LCSP, habrá que aplicar el señalado en el artículo 82.2 de la LCAP, para el trámite de audiencia:

“Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.”

Entiéndanse días hábiles, por supuesto.

A efectos prácticos para el caso concreto que nos ocupa: con marcar un plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente al envío de la comunicación por la PLACSP, es suficiente (eso sí, siempre es conveniente dar un poquito más de tiempo para asegurarnos de que estamos dentro del horario de soporte de la PLACSP –más vale prevenir que lamentar-).

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Técnico Superior Marítimo en la Dirección Provincial del ISM en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Curriculum de Martín Ángel Gómez Rodríguez


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