Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Milagros Arcocha Gimenez

Principios que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de las ofertas económicas

Resolución nº 51/2019 Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

No son pacíficos los criterios para el establecimiento de fórmulas matemáticas para la calificación del criterio precio. La casuística de las distintas formulaciones se multiplica entre los distintos órganos de contratación. Tampoco existe una única opción de cuál es la mejor de las fórmulas a aplicar o cuál es la peor o cual es la más equitativa.

Han sido muchas las recomendaciones efectuadas a fin de que los órganos de contratación opten por la preferencia de utilizar fórmulas de cálculo sencillas, pero lejos de ser seguida esta pauta la complejidad de éstas aumenta día a día.

Ante este escenario es necesario establecer unas reglas mínimas que nos permitan de forma segura entender que formulas son correctas y cuales son atentatorias de los principios generales de la contratación pública.

Puede afirmarse que ni el Derecho Comunitario ni el Derecho interno imponen indefectiblemente la utilización de un método concreto en la evaluación de la oferta económica. Ni el tenor del artículo 146 de la LCSP ni el del artículo 67 de la Directiva 2014/24/CE abonan tal tesis.

Por lo cual ha correspondido a los Tribunales Administrativos, a las Juntas Consultiva de Contratación y a la Jurisprudencia Contencioso Administrativa y otros órganos la interpretación y establecimiento de los límites a la hora de establecer la fórmula para la calificación del precio.

La Comisión Europea ya se manifestó acerca de esta cuestión, en su Dictamen motivado de 23 de diciembre de 1997, en relación al procedimiento de adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia en el que las ofertas económicas, según el pliego, se valorarían en atención a las cuantías que más se aproximaran a las medias aritméticas de todas las ofertas admitidas, lo que desvirtúa la noción de «oferta económicamente más ventajosa», instando a España a adoptar las medidas necesarias para conformarse al contenido del Dictamen.

Las Juntas Consultivas autonómicas se han pronunciado en sintonía a este dictamen a través de los siguientes dictámenes o informes: Informe 4/97, de 6 de mayo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid; Informe 5/98, de 26 de junio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares; Dictamen 1/2001, de 21 de mayo de la Junta Superior de Contratación Administrativa de Valencia; Informe 4/2003, de 27 de junio de la Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia; Informe 3/2005, de 7 de julio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña; Informe 4/11, de 28 de octubre de 2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

Del contenido de todos ellos se puede concluir que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar el procedimiento de valoración, no puede atribuirse a las proposiciones admitidas una valoración de la que resulte que la oferta más baja no obtiene la puntuación más alta, y consecuentemente sean mejor ponderadas ofertas que tengan un precio mayor que cualquiera de las restantes ofertas que se sitúen por debajo de la misma, o dicho de otra forma; la oferta más baja ha de ser la que, en cuanto al precio, reciba la mayor puntuación.

Junto a este principio general aparece la posibilidad de que los órganos de contratación formulen con el fin de no otorgar puntuación a aquellas ofertas que sean inferiores a determinada baja, es decir establecer umbrales de saciedad.

Esta opción no se considera correcta por distorsionar la función de ponderación objetiva de los criterios con un límite de horquilla y su sistema de proporcionalidad. Lo que puede conducir, en palabras del TJUE a que licitadores más competitivos se encuentren en una situación de competencia «irracional». (Sentencia de 16 de septiembre de 2013, T-3/2007)

Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales han venido admitiendo como principios para la determinación de la fórmula por la cual se valora la oferta económica que necesariamente habrá de recibir la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la que presente el superior. Como consecuencia del respeto a los principios que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control de gasto y de eficiencia.

Así mismo se han venido considerando como contrarias al principio de economía en la gestión de recursos públicos fórmulas que atribuyan mayor puntuación a las ofertas que no sean las más económicas como cuando se tiene en cuenta la relación de la oferta con la baja media.

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica.


Esta línea interpretativa se recoge, entre otras en la Resolución 11/2016, de 17 de febrero del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, así como en las resoluciones números 906/2014, de 12 de diciembre, y 542/2015, de 12 de junio (doctrina ratificada posteriormente, entre otras, en las Resoluciones 681/2016, de 9 de septiembre, y 208/2017, de 24 de febrero) del mismo Tribunal. Resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid 173/2014, de 8 de octubre; Resolución 65/2017, de 1 de marzo, Resolución 94/2015, de 26 de octubre del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón , así como la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Basándonos en esta extensa doctrina el TACP de la Comunidad de Madrid ha abordado la resolución número 51/2019 de 6 de febrero en la que se plantea en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares el establecimiento de una fórmula que parte de una proporcionalidad directa, pero ese resultado se corrige mediante la aplicación de la raíz sexta a cada resultado que posteriormente se multiplica por la máxima puntuación otorgable en este criterio.

Consolidando su doctrina el Tribunal ha venido a resumir y concluir que para considerar una fórmula como aceptable debe respetar tres principios fundamentales que serán: la mayor baja será la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendrán en cuenta relaciones matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendrá puntuación y no se incluirán umbrales

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