Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Jesús Poderoso Godoy

El impacto de la dudosa exigencia de inscripción en los Registros Oficiales de Licitadores para participar en los Procedimientos Abiertos “Supersimplificados”

La entrada en vigor el día 9 de septiembre de la obligación de inscripción en los Registros Oficiales de Licitadores para participar en los Procedimientos Abiertos Simplificados genera dudas sobre su extensión a los conocidos como Procedimientos Abiertos súper simplificados por las consecuencias que pueda tener en la concurrencia, en la carga a los operadores en peor condición y en la gestión de los propios registros.

La nueva Ley de Contratos ha efectuado una fuerte apuesta por los Registros Oficiales de Licitadores tanto desde el punto de vista operativo y de racionalización de la organización de los mismos, mediante un modelo de integración cooperativo que será objeto de reflexión en otro comentario aparte, como en pos de otorgarles el valor que en la gestión de la contratación pública deben tener como cauce de simplificación y de optimización de la aportación documental y de acreditación de los elementos esenciales de la capacidad para contratar, la representación y la solvencia.

En este sentido, un primer cambio ha venido al ampliarse el alcance de la inscripción registral, que se mantiene respecto del modelo anterior con algunos matices introducidos en el artículo 96 al referirse, respecto del texto anterior (artículo 83 del TRLCSP), a “la solvencia técnica o profesional” (que sí se recogía en el artículo 328 del TRLCSP) “….y demás circunstancias inscritas”, cuestión esta de gran interés pues mediante esa fórmula abierta se habilita la posibilidad no solo de anotación de cualquier elemento que pudiera tener relación con la actividad empresarial en relación con la contratación administrativa o los requisitos de adjudicación de un contrato (ya prevista en el referido artículo 328) sino su inclusión en la certificación acreditativa de la misma.

Pero el gran cambio provocado por el nuevo texto legal es el referido a la obligatoriedad de la inscripción en dichos Registros para concurrir a determinados procedimientos de contratación.

En primer lugar, la Disposición Adicional Decimosexta. 1. j) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público estableció un potestad en este sentido a favor de los órganos de contratación, previsión que ha tenido escasa o nula aplicación y que se reproduce en la nueva Ley en la letra k de la misma Disposición Adicional y número: “Como requisito para la tramitación de procedimientos de adjudicación de contratos por medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la previa inscripción en el Registro de Licitadores que corresponda de los datos necesarios”. Esta facultad que carecía de aplicabilidad en el contexto anterior adquiere gran relevancia tras la imposición generalizada de la licitación electrónica que contiene la Disposición Adicional Decimoquinta de la nueva Ley. Sin embargo la dicción de este precepto plantea dudas sobre el alcance del mismo pues se refiere a la inscripción “de los datos necesarios” y no a la inscripción per se del operador en dicho registro, pudiendo entenderse por tanto que esta obligación alcanzaría solo a los licitadores ya inscritos respecto de esos datos necesarios, lo que por otro lado parece coherente con la voluntariedad de la inscripción recogida en el artículo 342.

Esta cuestión no es baladí pues una lectura distinta supondría que todos los operadores deberían estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores correspondiente en razón a la pertenencia del poder adjudicador a una u otra Administración cuando la licitación sea electrónica, conclusión esta que desde luego en el texto anterior, donde la licitación era mayoritariamente manual, tenía pleno sentido pero que en la generalización de la licitación electrónica tendría consecuencias graves en cuanto a la limitación de la concurrencia o a la imposición de una obligación contraria al sentido voluntario del registro ya referido.

Asumiendo por tanto que con carácter general la inscripción en un Registro Oficial de Licitadores no resulte obligatoria, adquiere sentido la obligación expresa contenida en el artículo 159.4.a) al regular el procedimiento Abierto Simplificado : “Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia”

Al margen de las consideraciones sobre la oportunidad de que esta obligación se imponga para procedimientos de menor cuantía, lo que supone aplicar un criterio menos restrictivo en los procedimientos abiertos puros, sin duda por cuestiones meramente operativas y de agilidad en la adjudicación del contrato, merece especial detenimiento valorar si dicha previsión debe alcanzar a la versión aún más reducida en su tramitación de este procedimiento contenida en el número 6 del mismo artículo.

Así, al regular el procedimiento a seguir en la tramitación del conocido como procedimiento súper simplificado o reducido (huérfano de nombre propio en el texto legal), la norma indica que “el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación": lo que parece denotar que lo que se va a enumerar resulta propio y no complementario de la regulación general del procedimiento abierto simplificado. Esto permitiría concluir que la referida obligación de inscripción registral no alcanzaría a este procedimiento reducido por no mencionarse expresamente.

En sentido contrario, el propio artículo 159.6 concluye que “en todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo” lo que permitiría entender, como en general se ha entendido, que la obligación contenida en el artículo 159.4.a) alcanzaría a este procedimiento súper simplificado.

Y a este punto es en última instancia al que se quería llegar por las consecuencias que provoca en la gestión de los Registros Oficiales de Licitadores y en la limitación de la concurrencia y en la carga de la inscripción en los procedimientos de menor cuantía.

Respecto de la primera cuestión, la imposición de la inscripción registral en lo que se anticipa serán numerosos procedimientos de contratación (herederos parcialmente del contrato menor y del Procedimiento Negociado sin publicidad) ha supuesto y supondrá una avalancha de solicitudes de inscripción de pequeñas empresas y autónomos, avalancha que ya satura los registros y que tras la entrada en vigor el día 9 de septiembre de la referida obligación respecto de los procedimientos abiertos simplificados “ordinarios” supondrá de facto, de no ser atendida, una restricción del derecho a participar en los referidos procedimientos. No consta que estos registros hayan sido objeto de refuerzo real en este sentido ni la Ley adopta medida formal o material en este sentido.

Pero lo verdaderamente grave es el impacto en la concurrencia y la traba que supone para los licitadores en peor condición por su dimensión e infraestructura la imposición de esta obligación. Pequeñas empresas familiares, suministradores habituales de productos de consumo, alimenticios en muchos casos, destinados a centros asitenciales u otros con escaso volumen de contratación, empresas de reformas, autónomos del transporte, etc. se han visto abocados a cumplir con esta obligación burocrática para tal vez ser adjudicatarios de un contrato anual, si es que llegan a serlo.

Desde la perspectiva de quien gestiona un Registro Oficial de Licitadores, comprometido con el servicio público que supone tanto a los propios operadores como a los órganos de asistencia, no puede más que mostrarse desconcierto y asombro por este cambio de rumbo que desconocemos que ventajas aportará al sistema de contratación, de ser esa lectura la correcta.

En un contexto donde la participación generalizada en procedimientos de contratación de gran envergadura puede apoyarse exclusivamente en una mera declaración (coherente con el sentir de las Directivas Comunitarias) la imposición de esta obligación de inscripción registral para “concurrir” resulta cuando menos absurda y desproporcionada. Nada se objeta al tenor del artículo 159.4.a) por su literalidad, aun cuando su aplicación debe efectuarse con proporcionalidad por los órganos de contratación para evitar esa limitación de la concurrencia, pero es muy cuestionable que para procedimientos verdaderamente pequeños en cuantía pero muy numerosos como son los Procedimientos Abiertos súper simplificados (o como queramos denominarlos), donde tienen su oportunidad de negocio pequeñas empresas, se imponga dicha obligación, que no deja de ser contradictoria con la apuesta de las a favor delas PYMES materializada en otras medidas de la propia Ley.

Entre tanto, no cabe duda de que desde todos los Registros oficiales de Licitadores se seguirá trabajando de forma constante para evitar que esta extensión de la obligación de inscripción lo sea en detrimento de los operadores en peor condición o de la propia concurrencia, aunque sería conveniente reflexionar sobre este aspecto y sus consecuencias antes de proceder a una aplicación literalista de la nueva norma.

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Jefe de Servicio de Contratación Electrónica. Secretaría General. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Curriculum de Jesús Poderoso Godoy


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