Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Germán Martínez Montes

¿Realmente se quiere mejorar la contratación pública y reducir sus riegos?

Desde la Comisión Europea se insiste en considerar la misma como inversión ya que permite poner en valor tanto activos propios como de operadores económicos, siendo el resultado bienes, muebles o inmuebles, al servicio de la sociedad.

La contratación pública es una de las actividades con mayor valor estratégico de las Administraciones y por ende de los gobiernos. Desde la Comisión Europea se insiste en considerar la misma como inversión ya que permite poner en valor tanto activos propios como de operadores económicos, siendo el resultado bienes, muebles o inmuebles, al servicio de la sociedad.

Cualquier contratación pública debe responder a los principios de necesidad y eficiencia. Para esta segunda es esencial llevar a cabo una correcta gestión del riesgo a lo largo de todo el proceso, diseñando modelos de contratación que permita eliminarlo, reducirlo o transferirlo al agente que mejor puede gestionarlos.

El momento en el que se procede a la contratación se toman decisiones que afectarán a los posibles riesgos en las siguientes etapas de desarrollo del proyecto. Esto es así porque:

  • Se van a incorporar nuevos interesados al proceso. Estos nuevos interesados pueden tener objetivos diferentes que habrá que conciliar con los del producto o servicio original. Se va a volver a determinar el coste final del producto o servicio, y probablemente, se redefinan calidades y plazos.
  • Se van a redistribuir los posibles riesgos. Todo ello mediante la documentación que da sustento a la licitación y el posterior contrato entre las distintas partes.
  • Por parte de las administraciones públicas y de las empresas licitadoras es el momento en el que se toman decisiones que implican viabilidades futuras, obligaciones económico-financieras, gestión de personal, etc.

Desde distintas instituciones, como es el caso de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE 1, se recomienda a los gobiernos y administraciones en relación a la contratación pública que:

  1. Se evalúen de forma periódica y sistemática los resultados de los procedimientos de contratación.
  2. Se desarrollen indicadores de rendimiento, eficacia y ahorro en la contratación pública.
  3. Se elaboren herramientas de evaluación de riesgos que permitan identificar y gestionar amenazas al sistema de contratación pública.
  4. Se den a conocer las estrategias de gestión de riesgos en la contratación pública.

De todos es bien conocida la máxima del físico y matemático inglés William Thomson Kelvin (1824 – 1907): "Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre."

Y ese quizás sea uno de los problemas de base de las decisiones tomadas: se vuelve a legislar sin que existan estudios rigorosos sobre la gestión del riesgo en la contratación pública.

Cuando se habla de gestionar el riesgo es mandatorio que se analice desde todas las perspectivas posibles, esto es, desde el punto de vista de las administraciones, de los operadores económicos y de los usuarios finales. Esta visión multifocal es la única que puede dar volumen a lo que se está analizando y sólo esta permitirá tomar decisiones que permitan mejorar el proceso de contratación.

En España, tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se abre un nuevo parco de contratación en la que será necesario establecer:

  • Nuevos criterios de admisión de licitadores.
  • Nuevos criterios de valoración de propuestas de licitadores.
  • Nuevos criterios de selección de licitadores.

Atrás ha quedado la posibilidad del diseño de un marco legal más moderno en donde se incorporaran distintos métodos de remuneración en función del desempeño e incluso modelos de contratación basados en la confianza ("Trust" según han desarrollado algunas administraciones en Australia").

Existen antecedentes internacionales que abordan análisis de los riesgos en la contratación pública desde las distintas ópticas antes citadas, y sería un buen momento en España para establecer las bases de estudios similares sobre la gestión del riesgo en la contratación pública, permitiendo definir los modelos que mejor se ajusten a la necesidad a cubrir con el menor riesgo posible.

Es esencial conocer cómo funcionan las subastas, los concursos, las negociaciones, etc., desde el primer momento de su elección hasta el cierre del expediente e incluso durante el periodo de garantía del servicio o del bien. Sólo así se podrá evaluar y concluir sobre el éxito o fracaso de la contratación pública. Y lo más importante, que fuesen públicos para que se convirtieran en herramientas de ayuda a la toma de decisiones para aquellos que tienen alguna responsabilidad en hacer cierta la obligación de la eficiencia en la inversión pública.

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1 OCDE (2016) Recomendación del Consejo sobre contratación Pública. Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial. OCDE.

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Catedrático de proyectos de Ingeniería - Universidad de Granada. Curriculum de Germán Martínez Montes


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