Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Marta Bonnet Parejo

Reflexiones sobre el procedimiento abierto simplificado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

El siguiente artículo destaca la importante novedad que supone la introducción del procedimiento abierto simplificado y su variante, prevista en el artículo 159.6 de la Ley.

Ya próxima la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y centrados como estamos en la licitación electrónica y en los aspectos sustantivos de la Ley traídos al derecho español por la transposición de las Directivas referenciadas, no conviene dejar atrás la importante novedad que supone la introducción del procedimiento abierto simplificado y su variante, prevista en el artículo 159.6 de la Ley.

La introducción del procedimiento abierto simplificado responde a la voluntad del legislador de agilizar la tramitación del procedimiento abierto de licitación, de manera que “nace con la vocación de convertirse en un procedimiento muy ágil que...debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación1.”

Se trata de un procedimiento aplicable a los contratos de obras, suministros y servicios siempre que se cumplan las dos condiciones previstas en la Ley2, y cuyas singularidades afectan a todo el procedimiento de contratación, desde la publicación del anuncio de licitación hasta la propuesta de adjudicación. Así:

  • El anuncio de licitación únicamente precisará de publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, requiriéndose que toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta esté disponible por medios electrónicos en dicho perfil desde el mismo día de la publicación del anuncio3.
  • El plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días contados desde la publicación del anuncio en el caso de los contratos de suministros y servicios, y de veinte en el caso del contrato de obras.
  • Las especialidades durante la tramitación del procedimiento son varias. En primer lugar, los licitadores han de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas4. En cuanto al régimen de garantías, no procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores (no así la definitiva5). La presentación de proposiciones queda limitada, necesaria y únicamente, al registro indicado en el anuncio de licitación, exigiéndose la presentación de declaración responsable del firmante respecto de los requisitos generales de representación, solvencia, clasificación y no incursión en prohibición de contratar, y se pronunciará sobre la existencia del compromiso de recurso a las capacidades de otras entidades a que se refiere el artículo 75.2. Además, la oferta se presentará en un único sobre, salvo que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en cuyo caso se presentará en dos sobres. En este último caso la valoración se efectuará, en un plazo no superior a siete días, por los servicios técnicos del órgano de contratación, quienes suscribirán la misma6. Por lo que respecta al acto de apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas, el mismo será público. Asimismo, se contempla un plazo reducido, que no podrá superar los cinco días, para que la mesa requiera al licitador que haya obtenido la mejor puntuación, pero pudiera haber presentado una oferta anormalmente baja, a fin de que justifique su oferta. Por último, el plazo de adjudicación y formalización no superará los cinco días desde la presentación de la garantía definitiva.

Una aproximación crítica al procedimiento diseñado por el legislador nos hace ver que se configura como una respuesta ágil, dinámica, pero no exenta del control implícito al procedimiento abierto, tras la supresión del procedimiento negociado por razón de la cuantía7.

Pero el legislador no cierra aquí las puertas al empleo de procedimientos simplificados en materia de contratación, y facilita una tramitación diferente (aún mas simplificada que la anterior) en el caso de los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y de los contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, a los que no será de aplicación este inciso. En estos casos:

  • El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante8. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.
  • No será necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
  • La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico (permitiéndose esta opción solo en esta modalidad del procedimiento) y sin estar prevista la posibilidad de evaluarla con criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Por ello, la valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. En este sentido, se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
  • No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
  • La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

Como vemos, se han introducido ciertas modificaciones respecto de las previsiones realizadas para el procedimiento administrativo simplificado “genérico”, lo que no obsta para la aplicación de los restantes aspectos no mencionados por el legislador en este apartado 6 del artículo 1599.

De esta manera, en los supuestos en los que sea de aplicación este procedimiento sumario, el anuncio de licitación precisará de publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, requiriéndose, al igual que con carácter general, que toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta esté disponible por medios electrónicos en dicho perfil desde el mismo día, de la publicación del anuncio.

Si bien no será necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, la ley calla en lo referido a la presentación de la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, a no estar incurso en prohibición de contratar alguna y al pronunciamiento respecto de la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2. Por tanto, habrá de presentarse también la declaración responsable que atienda a estos aspectos.

Por otra parte, la Ley facilita que la valoración de las ofertas se pueda efectuar mediante dispositivos informáticos, pero no obliga a ello, dejando abierta la posibilidad de que una unidad técnica auxilie al órgano de contratación. En este último caso, puesto que se trata realizar una valoración meramente matemática, dicha unidad técnica no tendría que suscribir la valoración efectuada10.

Al igual que el procedimiento simplificado genérico, en el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la Ley, la mesa, realizadas las actuaciones pertinentes, seguirá el procedimiento previsto, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

En definitiva, tanto en el procedimiento abierto simplificado como en el simplificado de carácter sumario nos encontramos ante una tramitación más sencilla que la prevista para el procedimiento abierto, esencialmente por la reducción de los plazos y la supresión de la acreditación inicial de determinados requisitos, pero parece que tendremos que esperar a su puesta en práctica para comprobar si, efectivamente, cumplen con la intención inicial del legislador de permitir la adjudicación de los contratos en el plazo de un mes desde la convocatoria de la licitación.

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1 Así lo señala el apartado IV del preámbulo de la Ley. La decisiva apuesta de la Ley por la simplificación del procedimiento de contratación es una clara muestra de la tendencia europea en esa dirección puesta de manifiesto en el Informe Preliminar sobre la modernización de la contratación pública, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ( Ponente: Heide Rühle) que señala que: las normas de contratación pública se han vuelto demasiado complejas y detalladas, lo que conlleva excesivas y costosas cargas administrativas; recomienda una simplificación en la medida de lo posible con clarificaciones allí donde sean necesarias; señala que "el aumento en el uso de la tecnología de la información también jugará un papel importante a la hora de reducir las cargas y costes administrativos y las iniciativas europeas sobre procedimientos de contratación electrónicos deberían, por tanto, armonizarse con la reforma de las normas de contratación” y concluye que “una simplificación de la normativa europea de adquisiciones y un mejor acceso a instrumentos flexibles contribuirá al fomento de la contratación pública sostenible e innovadora”.

2 La Ley condiciona la utilización de este procedimiento al cumplimiento simultáneo de dos condiciones. La primera es que no se supere el umbral del valor estimado de la licitación, que ha de ser igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, e igual o inferior a 100.000 euros en el caso de contratos de suministro y de servicios. Además, se requiere como segunda condición que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

3 Nótese que el artículo 135 de la ley, al tratar del anuncio de licitación, dispone que el mismo, salvo para los procedimientos negociados sin publicidad, será objeto de publicación en el perfil del contratante, sin prever inicialmente la obligación de anunciar por otro medio.

4 Es importante en este aspecto la DT 3ª de la Ley, según la cual, Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general.

5 Artículo 159,4.f) 4º.

6 Ya antes de la entrada en vigor de la Ley se mostró crítico con la valoración de las proposiciones cuantificables en función de un juicio de valor Manuel Ruiz Daimiel. V.: Ruiz Daimiel, M.: Tres errores en el nuevo procedimiento abierto simplificado, Observatorio de Contratación Pública, Opinión, 24.04.2017

7 Señala la Ley en su preámbulo que “se suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios".

8 En este caso, y al contrario de la previsión para el procedimiento simplificado “genérico”, el legislador no distingue, a efectos de plazo, entre contratos de obras, suministros o servicios.

9 Además, y a diferencia del procedimiento abierto simplificado “genérico”, al que son de aplicación con carácter supletorio las normas generales aplicables al procedimiento abierto, en el caso del procedimiento regulado en el apartado 6 del artículo 159, son de aplicación supletoria las normas reguladoras del procedimiento abierto simplificado “genérico”.

10 Artículo 159.4 e) a contrario sensu.

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Jefa de Servicio de Estudios y Documentación. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Letrada habilitada de los Servicios Jurídicos en la Presidencia del Gobierno de Canarias. Curriculum de Marta Bonnet Parejo


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