Observatorio de Contratación Pública

Observatorio de Contratación Pública

Opinión

LBL_CATS_SECCION
Julián de la Morena López

Ley de contratos públicos en España desde 1963 (Capítulo II. Parte 3ª)

Con la promulgación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, hacemos un repaso de la normativa legal sobre la materia, que se inicia con la Ley de Bases de 1963.

El Título III, del contrato de suministro, consta de 6 capítulos, con un total de 15 artículos. En la descripción de este tipo de contrato, no se contemplaba la posibilidad del arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles (llegado el caso podría acudirse al siempre protector “cajón de sastre” que, en este caso de suministros, se predicaba como que “las restantes adquisiciones de bienes muebles se regirían por la Ley de Patrimonio del Estado”) ni por supuesto, como es fácil comprender, los contratos que tuvieran por objeto programas de ordenador, entre otras razones porque no habían llegado a este país los ordenadores, aún quedaban un poco lejos aquellos armatostes de Vitruvio 4 de Madrid, sede del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación y Ciencia (lógicamente salvando las máquinas contables y de registro unitario que empezaron a pulular por las grandes compañías a partir de mediados de los años 20 del pasado siglo y, por supuesto, la presentación del IBM 1401 en la Feria de Muestras de Barcelona en 1961).

En la Ley del 65, con el fin de no martirizar más de lo necesario a nuestros torturados gestores (no tanto como ahora), el artículo 84 prevenía que el contrato de suministro se regulaba por lo establecido en el Título I, es decir, por el contrato de obras, lógicamente en todo lo que no se opusiera a las disposiciones del mismo contrato de suministro y, exceptuando, los preceptos que fueran privativos de la naturaleza del de obras. Así que, como pueden suponer, al preparar las oposiciones, con que te empollaras el contrato de obras, ya tenías gran parte de los temas de contratos del (entonces) Estado asumidos.

Se consideraban suministros menores aquellos que se refirieran a bienes consumibles o de fácil deterioro cuyo importe total no excediera de 25.000 pesetas (al cambio unos 15 euros de hoy), pudiéndose adquirir en establecimientos comerciales abiertos al público (debían verificarse a través de una Junta de Compras radicada en cada Departamento ministerial), haciendo las veces de documento contractual la factura pertinente.

Los contratos de suministro se adjudicaban ordinariamente mediante el procedimiento de concurso, habilitando la contratación directa en los siguientes casos: cuando se tratara de productos amparados por patentes o que constituyeran modelo de utilidad; que hubiera un solo productor o poseedor; que por circunstancias excepcionales no conviniera promover la concurrencia en la oferta; los comprendidos en algunos de los monopolios del Estado los sometidos a tasa o distribución de consumo respecto de los cuales no fuera posible promover licitación (teléfono, luz, combustible…); los de reconocida urgencia por circunstancias imprevisibles que demandaren un rápido suministro que no diera lugar a las formalidades de la licitación urgente; los de seguridad del Estado que exigieran garantías especiales o gran reserva por parte de la Administración; los suministros de bienes que no excedieran en total de 1.500.000 pesetas (unos 9.000 euros); los anunciados a concurso que no llegaren a adjudicarse por varias razones; y aquellos que se refirieran a bienes cuya uniformidad hubiera sido declarada por acuerdo del Consejo de Ministros, siempre que la adopción del tipo se hiciera previa e indispensablemente en virtud de concurso.

La permisividad de modificación del contrato de suministro no podía ser más flexible, pues se podía llevar a cabo en razón de las necesidades reales del Servicio destinatario del suministro, sin más.

El Libro II, consta de dos Títulos. El Título primero de este Libro II, se dedica a la “clasificación y registro de empresarios” y consta de dos capítulos con 12 artículos y el Título segundo con dos artículos.

El capítulo primero de la clasificación y registro de los contratistas de obras y el segundo de la clasificación de los empresarios de suministros, en cuyo artículo 109 se preveía que las normas de clasificación contenidas en el capítulo primero podrían hacerse extensivas a los contratos de suministros por acuerdo del Gobierno, teniendo en cuenta las peculiaridades que de aquéllos se derivaran. Cosa, como es bien conocido, no ocurriría.

Centrándonos en el capítulo primero, se promulgaba que, para contratar con el Estado la ejecución de una obra de presupuesto superior a 5 millones de pesetas (unos 30.000 euros), era requisito indispensable que el contratista hubiera obtenido previamente la correspondiente clasificación, acordada por el Ministerio de Hacienda. También se requería esta clasificación en contratos de importe inferior a esos 5 millones de pesetas si el contratista ya tuviera adjudicados y en vigor otros contratos del Estado cuya suma rebasase la citada cifra. La celebración de contratos de cuantía superior a 5 millones, con empresarios que no estuvieran clasificados, decaerían en nulidad. Si los Jefes de los Departamentos ministeriales respectivos estimaren convenientes a los intereses públicos estos contratos, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, podían autorizar su celebración sin el requisito de la clasificación.

Las agrupaciones temporales de contratistas, eran clasificadas mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones.

El Título segundo, dedicado al Registro de Contratos, otorgaba la competencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, otorgándole, además, la facultad de promover las normas o medidas de carácter general que considerase procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos, pudiendo dirigir instrucciones y recomendaciones a los órganos contratantes, además de ser responsable de dar traslado al Tribunal de Cuentas, de los contratos de importe inicial a 5 millones de pesetas.

Por último, el Libro III, con un único Título, referente a las “fianzas y demás garantías en los contratos del Estado”, que consta de dos capítulos, el primero “de las fianzas y demás garantías en el contrato de obras” y el segundo “de las fianzas y demás garantías en el contrato de gestión de servicios y en el de suministros”.

Llama la atención la diferenciación que hace la Ley del 65, respecto de “fianzas” y “garantías”. Aunque del tenor literal del texto, pudiera advertirse que se refiere a “fianzas” cuando se trata de acudir las empresas a las subastas, concursos-subastas o concursos (provisional del 2 por 100 del presupuesto total, en contratos de obras, y libremente fijado por la Administración a la vista de la naturaleza, importancia y duración del servicio, en los contratos de gestión de servicios y en el de suministros), o la que debían consignar los adjudicatarios para responder de las penalidades que le fueren impuestas por razón de la ejecución del contrato cuando no pudieran deducirse de las certificaciones; del resarcimiento de daños y perjuicios que el adjudicatario ocasionara a la Administración con motivo de la ejecución del contrato y de los gastos originados a la misma por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones; y a la incautación que pudiera decretarse en los casos de resolución del contrato (definitiva del 4 por 100 del presupuesto total de la obra, y libremente fijado por la Administración a la vista de la naturaleza, importancia y duración del servicio, en los contratos de gestión de servicios y en el de suministros), y a “garantías especiales” únicamente en los casos en que el Gobierno acordara, con carácter general, para los contratos de obras en que concurrieran determinadas circunstancias, la constitución de las mismas mediante retenciones en las certificaciones de obras en una cuantía proporcional al importe de las mismas que no podía exceder en ningún caso del 10 por 100, aunque estas garantías podían sustituirse por el otorgamiento del correspondiente aval; lo cierto es que la legislación de contratos actual utiliza la expresión de garantías y tan sólo se refiere a “fianzas” en el artículo 271.4 del RD Legislativo 3/2011, en cuanto a la incautación de las mismas cuando el contrato de concesión se resuelva por causa imputable al concesionario. Y a mayor abundamiento, si cabe, el art.212 de la aún no estrenada Ley 9/2017, utiliza el término “fianza” tan solo cuando se refiere al depósito de cantidad constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento del contrato por parte del contratista, acorde con el concepto judicial, civil o penal, del término.

Las “fianzas” podían constituirse en metálico o títulos de la Deuda Pública, aunque se facultaba al Ministro de Hacienda para ampliar la aplicación del aval como medio de “garantía”.

La fianza provisional era devuelta a los interesados inmediatamente después de la adjudicación provisional del contrato en los casos de subasta o concurso-subasta, o de la adjudicación única cuando se trataba de concurso. Como es natural la fianza prestada por el adjudicatario quedaba retenida hasta la formalización del contrato.

Por su parte la fianza definitiva se devolvía una vez aprobadas la recepción y liquidación definitiva de las obras o del contrato correspondiente. Por lo que respecta a las “garantías especiales”, podían reintegrarse al contratista cuando tuviera lugar la recepción provisional de las obras y, en último caso, al aprobarse la recepción definitiva de las mismas.

Tres disposiciones adicionales; la primera sobre la competencia del Ministro de Hacienda para proponer al Gobierno las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de la Ley, que podían ser refundidas en un Reglamento general. La segunda autorizaba al Gobierno para revisar, a propuesta del Ministro de Hacienda, cuantos procedimientos incidieran en la contratación del Estado, a fin de agilizar su tramitación y simplificar sus etapas sin merma de las garantías de la Administración. Y la tercera señalaba que la promoción de obras públicas requeriría siempre de la existencia de planes debidamente aprobados.

De las siete disposiciones finales, destacamos que la Ley entraría en vigor el 1 de junio de 1965; se derogaba el capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911, reformado por la Ley de 20 de diciembre de 1952 y la Ley de Fianzas, de 20 de octubre de 1960; su aplicación a los Organismos Autónomos; la necesidad de clasificación previa de los contratistas de obras sería exigible transcurrido un año de la entrada en vigor de la Ley; las normas reglamentarias y los pliegos de condiciones generales, algunos vigentes desde el 13 de marzo de 1903, seguirían vigentes en cuanto no se opusieran a este texto articulado y en tanto no se sustituyeran por las disposiciones en desarrollo de la misma Ley o por otros pliegos de igual naturaleza; se exceptuaban de esta Ley los contratos que se celebraran y ejecutaran en territorio extranjero.

Volver a la página anterior

Exdirector de la Unidad de Contratación de la Universidad de Castilla - La Mancha. Curriculum de Julián de la Morena López


Entidades Fundadoras y Financiadoras

  • Escudo de España y texto 'Ministerio de Economía y competitividad. Gobierno de España' sobre fondo amarillo
  • Poradad el paraninfo y texto 'Universidad de Zaragoza' en azul sobre fondo blanco
  • Logotipo de everis. Texto everis blanco en fondo verde

Apoyos Institucionales

  • LBL_ALT_LOGO_4
  • Circulo representado el mundo y edificio similar al partenon en azul sobre fondo blanco. Texto 'Adester' en azul oscuro
  • LBL_ALT_LOGO_5
  • Universidad de Almería
  • Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas Panamá
  • Logo de Contratación pública en Euskadi
  • Centro de investigación sobre justicia administrativa