Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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María del Rocío Andrés Pérez

ISO 20400: Primera norma internacional sobre compra sostenible

La compra sostenible no es algo abstracto ni una meta ideal; es un objetivo razonable, práctico y alcanzable, para toda organización pública y privada, independientemente de su actividad, tamaño o localización.

Tras varios años de trabajo, a finales de abril de este año se ha publicado la norma ISO 20400 que se configura como la primera norma internacional sobre compra sostenible.

La norma ISO 20400 define la compra sostenible como aquélla que tiene los impactos más positivos posibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico durante todo el ciclo de vida. Presenta la compra sostenible como algo que no debe considerarse abstracto, ni como una meta ideal; sino como un objetivo razonable, práctico y alcanzable, para toda organización pública y privada, independientemente de su actividad, tamaño o localización.

ISO 20400 proporciona las líneas maestras para integrar la sostenibilidad en la estrategia de adquisiciones y procesos de las organizaciones, definiendo los principios de sostenibilidad de las adquisiciones en términos de contabilidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y comportamiento ético. La adquisición sostenible implica que las compras sean beneficiosas para la organización, al tiempo que benefician a la sociedad y al medioambiente.

La norma parte de la premisa de que como una organización depende de la cadena de suministros para alcanzar su beneficio económico, es importante también considerar dicha cadena como parte de su esfera de responsabilidad. Junto con esta esfera de responsabilidad, las organizaciones también cuentan con una esfera de influencia, en la medida en que tienen la capacidad de promover la responsabilidad social de terceras personas (intermediarios, clientes, consumidores…) con los que se relaciona. Los poderes públicos deben tener en cuenta que la política de compras sostenibles no solo entra en su esfera de responsabilidad, sino que también son responsables de fomentarla a través de su esfera de influencia. Por ello, se reconoce que los poderes públicos tienen un importante papel que jugar como compradores y como reguladores de los mercados.

Definir los contratos públicos en términos de compra sostenible supone asegurar que los proveedores se comporten éticamente, que los productos y servicios sean sostenibles y que los efectos de estas compras ayuden a abordar políticas sociales, económicas y medioambientales.

ISO 20400 también considera los costes en términos de ciclo de vida. Concepto que se ha introducido en la contratación pública con la Directiva 2014/24/UE, y cuyo cálculo se rige por el contenido del artículo 68. Se trata de superar, una vez más, el restringido concepto de coste igual a precio, para asumir el concepto de coste global incluyendo el coste social y el coste medioambiental. Para mejorar la ecuación, añadiríamos el coste (más bien, el beneficio) de oportunidad. Es decir, el presupuesto que se liberaría en otras partidas (sanidad, servicios sociales, prestaciones mínimas de subsistencia…) debido al impacto positivo de las compras públicas en el resto de políticas sociales. Esta acepción de coste viene avalada por la Directiva 2014/24/UE que alienta la evaluación de la mejor relación calidad-precio incluyendo aspectos sociales y medioambientes. Incluso, el considerando 93 dispone que cuando las disposiciones nacionales determinen la remuneración de determinados servicios o establezcan precios fijos para determinados suministros, es preciso aclarar que sigue siendo posible evaluar la rentabilidad basándose en otros factores que no sean únicamente el precio o la remuneración.

El concepto de coste medioambiental ha arraigado bastante bien en nuestro entorno, y ya no se considera restrictivo de la competencia que para la ejecución de contratos públicos se exijan estándares o condiciones que contribuyan a la protección del medioambiente. Sin embargo, todavía es difícil romper la barrera del concepto social, pero el impacto debe ser el mismo, igual que no podemos seguir creciendo económicamente a costa de envenenarnos con emisiones nocivas, no podemos seguir haciéndolo fomentando condiciones de trabajo que atentan contra la dignidad de la persona y los derechos humanos. Del mismo modo que ya no entendemos restrictivas las normas de calidad medioambiental y que se asumen como directamente relacionadas con el objeto del contrato, debemos asumir que también forma parte del objeto del contrato la forma en que esos bienes se producen o esos servicios se prestan desde el punto de vista de las condiciones sociales.

Jacques Schramm, presidente del Comité Técnico de la norma, nos hace comprender el gran riesgo de no dar la debida importancia a cómo se desarrolla en la práctica toda la cadena de suministro, que puede llevar a la ruptura del stock o a la baja calidad de los productos. Nos recuerda que, en el peor de los casos, pueden suceder desastres como el del Rana Plaza en Bangladesh en 2013. Y añade que la compra sostenible ayuda a minimizar riesgos como éste, animando a los compradores y suministradores a trabajar juntos para obtener el mejor resultado para todos.

Toda herramienta que posibilite la objetivación de aspectos incluidos en la compra socialmente responsable aporta beneficios a la contratación pública. En este sentido, tanto ISO 26000 como ISO 20400 en cuanto definen internacionalmente conceptos como comportamiento ético, responsabilidad social, desarrollo sostenible, prácticas operacionales justas, al tiempo que fijan estándares, son normas que nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos de las políticas públicas.

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Técnico Superior. Srevicio de Administración económica. Gerencia de servicios sociales. Junta de Castilla y León. Curriculum de María del Rocío Andrés Pérez


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