Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Martín Ángel Gómez Rodríguez

Diferencia de criterios en el requerimiento de la presentación de la documentación acreditativa relativa al cumplimiento de requisitos previos y sus posibles implicaciones respecto al DEUC

En la procura de fomentar y facilitar la presentación y gestión de ofertas para los diferentes procedimientos de contratación.

En la procura de fomentar y facilitar la presentación y gestión de ofertas para los diferentes procedimientos de contratación, hay ocasiones en las que se abre la veda para las diversas interpretaciones y criterios a seguir indicados por las distintas Juntas Consultivas de Contratación Administrativa.

Según recoge el apartado 4 del artículo 146 TRLCSP 1, en los contratos de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros (caso concreto que se va a tratar), bastará con una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en lo que se refiere a la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos señalada por el apartado 1 del citado artículo.

En este caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

El citado texto legal añade que el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores (atención al plural, como se verá posteriormente) aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Hay que recordar también que, según la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (JCCAE, en adelante), relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC, ídem) previsto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública 2, dicho DEUC “es conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP”. Por lo que lo dicho hasta ahora de la declaración responsable se podría extender al DEUC perfectamente.

Tomando como referencia el momento posterior a la firma del acuerdo de clasificación de ofertas por parte del órgano de contratación, y siguiendo lo marcado por el apartado 2 del artículo 151 del mismo cuerpo legal, el mencionado órgano de contratación requerirá entonces “al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, (…) presente la justificación justificativa de (…) o autorice (…) para obtener (…) la acreditación de ello” (cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social), el compromiso de dedicación o adscripción de medios, y la constitución de la garantía definitiva procedente.

El quid de la cuestión está en que, si el licitador hubiera presentado la declaración responsable citada (o el DEUC), se requerirá a éste, en el mismo y coincidente plazo mencionado en el párrafo anterior (10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento), para que aporte la documentación referida en el apartado 1 el artículo 146 TRLCSP.

Llegados a este punto, se hace preciso delimitar claramente el diferente tratamiento que recibe el examen de la documentación exigida por los artículos 146.1 y 151.2 TRLCSP.

Por un lado, la documentación a la que se refiere el artículo 146.1 TRLCSP debe ser revisada por la Mesa de contratación (lo que conllevará, generalmente, la celebración de una nueva mesa expresa para ello); así lo estipula el artículo 22 apartado 1 letra a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y se deriva también del artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Si la documentación presentada adolece de defectos u omisiones subsanables, se deberá conceder entonces un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación, tras los cuales la Mesa deberá reunirse otra vez más con el objeto de analizar las subsanaciones presentadas y actuar en consecuencia.

Por otro lado, la documentación a la que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP no será revisada por la Mesa (lo será generalmente por el órgano gestor), y sus defectos y omisiones no son subsanables (con una excepción respecto a la garantía definitiva: “la falta de constitución de la misma, total o parcial, no puede considerarse defecto subsanable salvo que estuviese constituida y se hubiera omitido el documento de su acreditación”, tal y como se recoge en la Resolución nº 1179/2015 el TACRC 3)

Lo expuesto hasta este momento se podría tomar como un procedimiento de manual, si bien hay que señalar el diferente tratamiento que se realiza sobre este asunto por las distintas Juntas Consultivas de Contratación Administrativa.

Comenzando por la que habría de servir como referencia: según se contempla en la Recomendación de la JCCAE relativa a la modificación realizada en el TRLCSP por la Ley 14/2013 4, se trata de “favorecer la participación de las PYMEs en los procedimientos de contratación del sector público a través de la reducción de las cargas administrativas”, con referencia a la presentación de la precitada declaración responsable que puede sustituir en determinados casos a la documentación fijada por el artículo 146.1 TRLCSP, según ya se ha comentado.

En el punto 1.8.1 de esta (considero muy interesante) Recomendación, se establece la regla general sobre la exigencia de acreditación de la documentación contemplada en el artículo 146.1 TRLCSP únicamente al licitador en cuyo favor hubiera recaído la propuesta de adjudicación, siempre previamente a la adjudicación del contrato.

En el punto siguiente, 1.8.2, se recoge un régimen excepcional, “en orden a garantizar el buen fin del procedimiento”, que permite dirigir el requerimiento a los candidatos o licitadores, antes de la adopción de la propuesta de adjudicación para que aporten la documentación a que se refiere el 146.1 TRLCSP; eso sí, sujeto a un alcance determinado, según la JCCAE: obligación de que se motive y justifique, este requerimiento se realizará a todos los licitadores (en plural), y se efectuará antes de la apertura de la oferta económica.

En lo que respecta al plazo y contenido de dicho requerimiento, igualmente se ha de diferenciar la regla general de la excepcionalidad:

Para el caso detallado en el punto 1.8.1, diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, tanto para presentar la documentación justificativa a que se refiere el citado artículo 151.2 TRLCSP, como para la documentación que relaciona el artículo 146.1 de la misma Ley (todo ello en el mismo y coincidente plazo indicado)

Una vez revisada la documentación del 146.1 TRLCSP por la Mesa, tal y como se había dicho anteriormente, si ésta se presentara incompleta o con defectos subsanables, se deberá dar al licitador un plazo máximo de tres días hábiles para subsanar, periodo tras el cual la Mesa deberá volver a reunirse para el análisis y evaluación de las subsanaciones presentadas, y obrar en consecuencia.

Respecto a la documentación del 151.2 TRLCSP, estaremos también en el caso ya comentado más arriba.

Sin embargo, cuando se dé el caso excepcional descrito en el punto 1.8.2, con referencia exclusiva a la documentación del 146.1 TRLCSP, aunque no hay plazo legalmente establecido, la JCCAE entiende que el plazo debe ser determinado por el órgano de contratación, teniendo que ser –eso sí- siempre suficiente tanto para la presentación de dicha documentación, como para las subsanaciones, en caso de proceder estas últimas.

Esto en cuanto a lo que a la Recomendación de la JCCAE se refiere.

Si comparamos lo dicho con lo contemplado en la Recomendación 2/2014, de la JCCACM 5, podremos comprobar el diferente tratamiento que se da a idéntica cuestión por una y otra Junta Consultiva de Contratación Administrativa, esto es, la reducción de la carga administrativa y la agilización de los procedimientos de contratación, en lo que a la documentación exigible se refiere.

En la Recomendación 2/2014, “en aras de una mayor agilidad y garantía del buen fin del procedimiento”, se establece que antes de que la Mesa realice la propuesta de adjudicación al órgano de contratación (atención al matiz del momento), se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación exigida por los artículos 146.1 y 151.2 TRLCSP (caso general).

Curiosamente, también se contempla el supuesto excepcional: “cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, debiendo éstos facilitar la información requerida en el plazo señalado”.

Continúa la mencionada Recomendación enunciando que la calificación de la documentación a la que se refiere el artículo 146.1 TRLCSP se ha de efectuar por la Mesa, entendiendo que con el fin de simplificar la actuación y agilizar la tramitación, siempre que sea posible se efectuará en la misma sesión de la Mesa tanto la calificación de la documentación presentada, como la propuesta de adjudicación. En caso de defectos u omisiones de la citada documentación, se concederá el ya referido plazo para subsanación no superior a tres días hábiles.

Resulta evidente la contradicción entre las recomendaciones de la JCCAE y la JCCACM, especialmente en lo que se refiere al momento de requerimiento de la documentación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Teniendo en cuenta la normativa vigente, considero que, si se requiere la documentación a destiempo, se está llevando a cabo una práctica contraria a norma. Aunque la intención sea la de aliviar la sobrecarga de actuaciones administrativas, no por ello puede estar apartada de la legislación al respecto.

Espero que el caso tratado pueda servir como modelo de experiencia y ser de utilidad a los diferentes profesionales que desarrollan su actividad en el campo de la contratación pública, pues con ese propósito ha sido expuesto. Y deseo también que el tiempo invertido en la lectura se haya visto compensado por el provecho obtenido.

Más información:

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1 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2 Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (BOE nº 85, de 8 de abril de 2016)

3 Resolución nº 1179/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Recurso nº 1223/2015 C.A. Región de Murcia 79/2015)

4 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación de algunos preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

5 Recomendación 2/2014, de 10 de julio, sobre presentación de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid.

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