Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Mercè Corretja Torrens

Luz verde del Parlamento de Cataluña a la tramitación de la ley de contratos catalana

El pasado 22 de febrero el Parlamento de Cataluña acordó iniciar la tramitación como ley del Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes de contratación pública.

El pasado 22 de febrero el Parlamento de Cataluña acordó (después de rechazar por una amplia mayoría una enmienda a la totalidad del Grupo parlamentario de Ciutadans), iniciar la tramitación como ley del Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes de contratación pública.

Dicho Decreto-ley fue adoptado por el Gobierno de Cataluña el 31 de mayo de 2016 con el fin de avanzar la aplicación de las nuevas Directivas europeas de contratación que habían entrado en vigor el día 19 de abril de 2016 y que no habían sido aún transpuestas por el Gobierno español. El Decreto-ley fue convalidado por el Parlamento catalán el 14 de julio y se acordó su tramitación como ley siendo, por lo tanto, plenamente válido y vigente desde su publicación el día 2 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 1

¿Por qué un Decreto-ley?

Sin duda, la contratación pública tiene una dimensión económica muy relevante. Según la Comisión Europea, representa alrededor de un 14% de media del PIB de los estados miembros. Además, en la contratación de bienes y servicios se produce, a menudo, la confluencia de intereses muy diversos y, a veces, contrapuestos. Se requiere, por lo tanto, que el marco legal sea estable, conocido previamente por todos los operadores y seguro. La entrada en vigor de las nuevas Directivas europeas sin transposición dio lugar a varios informes interpretativos sobre el alcance del llamado efecto directo del derecho europeo. En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, su Junta Consultiva de Contratación emitió el Informe 1/2016, de 6 de abril 2, en el que se analizaba el efecto de las disposiciones de las Directivas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho Informe distinguía entre disposiciones con efecto directo (aquellas de contenido claro, preciso e incondicional que no requerían la adopción de ninguna medida complementaria), disposiciones de carácter imperativo para todos los estados miembros y de transposición obligatoria (distinguiendo entre las que comportaban modificación de la legislación básica estatal y las que no), y disposiciones de transposición voluntaria o facultativa (distinguiendo en este caso también las que comportaban modificación de la legislación básica y las que no). A la vista de dicho Informe, y dado que existían diferentes interpretaciones jurídicas sobre la aplicación de las nuevas Directivas europeas, se tomó la decisión de impulsar un Decreto-ley para que todas las administraciones públicas catalanas pudieran aplicar aquellos aspectos de las nuevas Directivas que podían tener efecto directo o que resultaban imperativos y que, por lo tanto, podían ser invocados por los ciudadanos y por las empresas ante los tribunales.

El cambio de paradigma: la incorporación de valores a la contratación pública

Además de las dudas sobre su aplicación, la segunda cuestión que plantean las llamadas Directivas europeas de contratación pública de cuarta generación es en relación al contenido: ¿Qué cambios o novedades incorporan a la vigente legislación de contratos públicos?

Desde el punto de vista del contenido, la principal novedad es que dichas Directivas suponen un cambio de paradigma en las políticas de contratación pública, en la medida que promueven el desarrollo de modelos estratégicos de contratación pública vinculados a objetivos de interés general, como son la sostenibilidad, la responsabilidad social, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la innovación.

Si hasta ahora la contratación pública había pivotado sobre la eficiencia y el precio como elementos centrales de todo el proceso de selección, las Directivas de cuarta generación se enmarcan en la llamada Estrategia 2020, por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Su entrada en vigor supone, pues, una oportunidad para añadir valor a la compra de bienes y servicios públicos mediante el fomento de cláusulas sociales y ambientales, impulsar las compras públicas sostenibles e innovadoras (mediante, por ejemplo, la incorporación del coste del ciclo de vida a las ofertas y promoviendo la innovación en los servicios públicos) y, sobretodo, suponen la oportunidad de introducir medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa como la regla general de la lotización de los contratos, la eliminación de cargas burocráticas con la introducción del nuevo Documento Europeo único de contratación y la posibilidad de una mayor intervención pública en la relación entre contratista y subcontratista.

Si se tiene en cuenta que la Generalitat de Catalunya contrata un 70% de sus bienes y servicios con pequeñas y medianas empresas y que éstas constituyen el 90% del tejido empresarial catalán, resulta más que evidente la necesidad de aplicar las nuevas Directivas europeas a la contratación pública de las administraciones catalanas.

El Acuerdo de la Comisión Bilateral sobre las competencias respectivas

Ciertamente, una de las cuestiones más debatidas en relación al Decreto-ley 3/2016 es la posibilidad de la Generalitat de Cataluña de aplicar directamente el derecho europeo en una materia en la que el Estado tiene competencias básicas y la Comunidad Autónoma de desarrollo legislativo.

Sin ánimo de entrar en polémicas competenciales, debe señalarse que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 es el único que prevé, en su artículo 189.3, la posibilidad de aplicar directamente una normativa europea que sustituya legislación básica estatal. La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña avaló dicho artículo precisando, como no podía ser de otro modo, que dicha posibilidad se establecía sin perjuicio de las competencias básicas del Estado, de tal modo que cuando éste dicte su legislación básica el legislador autonómico tendrá que adaptarse a la misma.

En este sentido, el reciente Acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado reconoce la competencia de la Generalitat en virtud del artículo 189.3 de su Estatuto de Autonomía para aplicar directamente el derecho europeo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, y establece el reconocimiento mutuo de competencias, básicas para el legislador estatal, y de desarrollo legislativo y ejecución para el legislador autonómico, en materia de contratación pública.

Con ello, se evita la impugnación del Decreto-ley 3/2016 ante el Tribunal Constitucional y se mantiene su aplicación efectiva hasta que el Parlamento de Cataluña apruebe la nueva ley de contratos catalana.

La tramitación de la nueva ley puede permitir un mayor desarrollo de las competencias de la Generalitat de Catalunya y completar una regulación que nació de la urgencia, consolidando un nuevo modelo de contratación pública basado en las compras sostenibles y con responsabilidad social, en la innovación y en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

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1 Publicación en el BOE: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-7564-consolidado.pdf.

2 Publicación en el BOE: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme+1-2016-CP-cast.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905464654&ssbinary=true.

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Directora General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña. Curriculum de Mercè Corretja Torrens


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