Observatorio de Contratación Pública

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Reseñas bibliográficas

Breve reseña al procedimiento regulador de los regímenes especiales de revisión en materia contractual

El colaborador del ObCP Manuel José Rodríguez Alonso escribe una nota informativa del recién publicado Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.

05/10/2015
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El pasado día 25 de septiembre de 2015 el BOE publicaba el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (entrada en vigor el 25 de octubre de 2015). Nos encontramos ante una disposición reglamentaria que constituye en su mayor parte normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución (Disposición Final Primera), y en consecuencia de aplicación general a todas las administraciones públicas y poderes adjudicadores dependientes de ellas comprendidas en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

Como se recoge en la exposición de motivos del citado Reglamento, el propósito de esta disposición es dotar de normas de actuación precisas y concretas al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a aquellos órganos análogos de creación autonómica, los cuales tienen encomendada la competencia para conocer y resolver las siguientes modalidades de revisión en materia contractual:

  • Recurso especial en materia de contratación regulado en los artículos 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
  • Reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
  • Cuestiones de nulidad reguladas en las dos disposiciones legales anteriormente reseñadas.

Los aspectos del procedimiento establecido que merecen una especial consideración son los siguientes:

  • Protagonismo de las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos. Tanto en las comunicaciones e intercambio de documentación entre órganos de contratación (salvo aquellos que carezcan de medios adecuados) y órganos de resolución de los recursos, como en las notificaciones a los recurrentes y demás interesados, bien porque hubiesen admitido este medio de notificación, bien por tratarse de personas o entidades obligadas a recibir notificaciones por medios electrónicos.
  • Interposición del recurso, reclamación o cuestión de nulidad.
    Lugar: Tanto el recurso especial en materia de contratación (artículo 40 TRLCSP) como la cuestión de nulidad (artículo 39 TRLCSP) podrán interponerse indistintamente ante el órgano de contratación o ante el órgano administrativo competente para resolverlos (Tribunal). Por el contrario, es importante advertir que las reclamaciones o cuestiones de nulidad reguladas en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sólo podrán interponerse ante el órgano administrativo competente para resolverlos.
    Especial cautela ha de adoptarse cuando la presentación se lleve a cabo a través de las oficinas de correos o en cualquier otro registro administrativo distinto a los reseñados en el párrafo anterior. En estos casos, el plazo de interposición del recurso, reclamación o cuestión de nulidad no se interrumpe, por lo que se entenderán interpuestos el día en el que tenga lugar su registro de entrada en el órgano de contratación o, bien, en el órgano administrativo competente para resolverlos. Para evitar sorpresas de preclusión del plazo, el reglamento prevé que si en el mismo día de presentación del escrito en las oficinas de correos o en otro registro administrativo se remitiera copia del mismo en formato electrónico al órgano administrativo competente para resolverlos o al órgano de contratación, se entenderá interpuesto en la fecha de remisión de esa copia en formato electrónico. Si bien el reglamento expresamente reseña que esa copia ha de remitirse el mismo día de la presentación del recurso, lógico sería presumir que esa copia siempre surtiría los efectos reseñados en el precepto si se remite dentro del plazo legal de interposición del recurso, aunque no se remita el mismo día de presentación.

    Plazo: El reglamento examinado regula determinados casos específicos en el cómputo del plazo de interposición:
    a) Recurso contra el anuncio de licitación:
    a1.- Plazo a computar desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
    a2.- Si no fuera necesaria la publicidad comunitaria, el plazo se computa desde la publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación.
    a3.- Si la fecha de publicación en el perfil del contratante no estuviera fehacientemente acreditada, el plazo se computa desde la publicación en los boletines oficiales correspondientes.

    b) Recurso contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales:
    b1.- Plazo a computar desde la publicación en forma legal de la convocatoria -apartado a) anterior-, si en ella se ha especificado que los pliegos han sido publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma de acceder al contenido de los mismos.
    b2.- De no ser así, el plazo se computa desde que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los interesados. Si esta puesta a disposición se ha llevado a cabo solamente por medios electrónicos el plazo se computa desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones, salvo que hubiese constancia de su conocimiento anterior.

    c) Recurso contra el acto de exclusión de algún licitador:
    Si se ha notificado el acto de exclusión de algún licitador de forma previa a la adjudicación del contrato, aquel acto debe ser recurrido en el plazo de quince días desde su notificación. A estos efectos debe recordarse el carácter de acto de trámite cualificado que tiene el acto de exclusión en orden a su impugnación a través del recurso especial (artículo 40.2 TRLCSP). Sobre esta cuestión tampoco debería olvidarse que los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación mediante acto firme carecen de legitimación para impugnar las actuaciones del procedimiento ulteriores a su exclusión, incluida la propia adjudicación del contrato, pues ningún beneficio podría reportarles ni evitarles ningún perjuicio.

    A efectos de cómputo de plazos ha de destacarse igualmente que cuando la notificación del acto a revisar se produce por medios informáticos, electrónicos o telemáticos se considerará que la remisión se ha producido con el envío, y no cuando el destinatario acceda al mismo. Por otro lado, cuando resulte acreditada la imposibilidad de que el interesado haya podido recibir la notificación del acuerdo de adjudicación antes del transcurso de quince días hábiles desde su remisión, el plazo comenzará en este caso a computarse a partir de la fecha en que efectivamente la hubiera recibido.

    Requisitos de admisión:
    Del recurso especial:
    1.º Competencia para conocer del recurso.
    2.º Acreditación de la legitimación y de la representación del recurrente mediante poder que sea suficiente a tal efecto.
    3.º Que el recurso se refiera a alguno de los contratos contemplados en el artículo 40.1 del TRLCSP.
    4.º Que el recurso se interponga contra alguno de los actos enumerados en el artículo 40.2 del TRLCSP.
    5.º Que la interposición se haga dentro de los plazos previstos en el artículo 44.2 del TRLCSP.
    6.º Que se acompañen al escrito de interposición los documentos y requisitos a que se refiere el artículo 44.5 del TRLCSP, sin perjuicio de lo en él dispuesto respecto de la posibilidad de subsanación.

    De la reclamación regulada en los artículos 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre:
    1.º Competencia para conocer de la reclamación.
    2.º Acreditación de la legitimación y de la representación del recurrente mediante poder que sea suficiente a tal efecto.
    3.º Que la reclamación se refiera a alguno de los contratos regulados en la mencionada Ley.
    4.º Que la reclamación se interponga contra alguno de los actos enumerados en el artículo 40.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
    5.º Que la interposición se haga dentro de los plazos previstos en el artículo 104.2 de la misma Ley.
    6.º Cuando se trate de los contratos incluidos en las categorías del Anexo IIB de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, no se admitirá la reclamación contra el acto de adjudicación, los anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales y actos precedentes del procedimiento de adjudicación de tales contratos, salvo que ésta tenga por objeto impugnar las prescripciones técnicas reguladas en el artículo 34 de dicha Ley.

    De la cuestión de nulidad regulada en el artículo 39 del TRLCSP: Se podrá inadmitir la cuestión en el supuesto de haberse interpuesto un recurso contra algunos de los actos recurribles recogidos en el artículo 40.2 del TRLCSP, aún en el caso de que el órgano de contratación o la entidad contratante hubieran formalizado el contrato con incumplimiento del plazo de espera previsto en el artículo 156.3 del citado Texto Refundido o de la suspensión automática o de la acordada por el órgano competente para resolver el recurso. En tales casos, la estimación del recurso comportará la nulidad del contrato formalizado.

    De la cuestión de nulidad regulada en el artículo 111 del TRLCSP de la Ley 31/2007, de 30 de octubre: Se podrá inadmitir la cuestión de nulidad interpuesta en los casos enumerados en el artículo 109.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, si sobre el mismo procedimiento de adjudicación se hubiera interpuesto una reclamación en el caso de que de la estimación de ésta se deba derivar la declaración de nulidad del contrato formalizado con infracción de lo dispuesto en los artículos 83.3, 103 y 104.6 de la ley mencionada. 

    Efectos:
    Cuando el recurso se interponga contra el acto de adjudicación, el órgano de contratación suspenderá de inmediato la ejecución del citado acto si el recurso se interpone frente al mismo, o bien cuando reciba el requerimiento del Tribunal para remitir el expediente de contratación. Esta medida de suspensión automática podrá revisarse una vez transcurridos treinta días si concurrieran nuevas circunstancias que lo requieran.
    No obstante, al margen de los casos de suspensión automática previstos, el Tribunal podrá acordar motivadamente la adopción de medidas provisionales, incluida la suspensión del procedimiento, tanto a solicitud del recurrente como de oficio.

    Resolución
    : El Reglamento fija un plazo de resolución del recurso de dos meses contados a partir de su interposición, llegado el cual sin haber recaído resolución se podrá considerar desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. Nada dice el Reglamento sobre la obligación de resolver en todo caso por el Tribunal una vez hecho valer el efecto desestimatorio por el interesado, aunque lo más razonable es considerar que dicha obligación permanece.

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