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Medidas cautelares: presunción de legalidad de las resoluciones de los Tribunales de Recursos contractuales anulatorias de la adjudicación

STS 23 de octubre de 2014 (rec. 3014/2012) y STS 5 de noviembre de 2014

16/02/2015

 Mediante las relevantes Sentencias del Tribunal Supremo de 23 octubre 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, rec. núm. 3014/2012) y 5 de noviembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, rec. núm. 3019/2013), dictadas en la pieza de medidas cautelares, se rechaza la solicitud de suspensión de la resolución del Órgano de recursos contractuales de Cataluña por la que se declara inadmisible la oferta de la licitadora que resultó adjudicataria del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat. La suspensión del acto es instada tanto por una de las empresas que formaba el grupo cuya adjudicación fue anulada –en el caso de la primera de las sentencias citadas-, como por la propia Administración adjudicadora –en el caso de la segunda-.

Estas sentencias refuerzan la posición institucional de los tribunales administrativos de recursos, ya que declaran que no cabe adoptar como medida cautelar la suspensión de la resolución por la que se anula la adjudicación de un contrato. En este sentido, se recuerda que el objetivo de la Directiva 2007/66/CE fue claramente establecer un medio eficaz para evitar que se produjesen situaciones irreversibles en las adjudicaciones de los contratos. Se trata de preservar así la funcionalidad de este mecanismo de garantía prejudicial en el que, por los rasgos que definen legalmente al órgano que lo aplica y al procedimiento del que se sirve, concurre una cualificada presunción de legalidad y acierto, superior, si se quiere, a la que con carácter general se predica de la actuación administrativa artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal Supremo argumenta así que si la razón de la regulación establecida en la Directiva 2007/66/CE fue claramente la de establecer un medio eficaz para evitar que se produjesen situaciones irreversibles en las adjudicaciones de los contratos, que en ocasiones pueden ser buscadas mediante "una firma muy acelerada del contrato por parte de los poderes adjudicadores y las entidades contratantes" (Considerando 4 de la Directiva 2007/66/CE), y a este fin se ordena precisamente nuestra legislación interna, resultaría distorsionador en ese sistema que pueda reabrirse antes de que se dicte la sentencia de fondo la vía para que durante el tiempo de pendencia del proceso el órgano de contratación puede producir las situaciones irreversibles mediante la suspensión de la resolución anulatoria de la adjudicación del contrato, dictada por el órgano especial, que es precisamente lo que el sistema legal tiene como objetivo evitar.

A ello ha de unirse la necesidad de atender, como de interés público especialmente protegible, al de garantizar la finalidad a que responde el recurso especial en materia de contratación, que resulta inequívocamente reflejada en el art. 49.2 TRLCSP, lo que obsta a la posibilidad de adoptar como medida cautelar la de la suspensión de la resolución anulatoria de la adjudicación de un contrato, (que además según lo dispuesto en el art. 35.1 TRLCSP, "lleva consigo la anulación del contrato", que entrará en fase de liquidación, lo que explica que la anulación del contrato deba ser clave en nuestra argumentación, habida cuenta que la de la recurrente, en definitiva, se asienta en la pretensión de mantener la eficacia de dicho contrato). Cosa diferente –destaca el Tribunal Supremo- sería si pudieran tal vez tener cabida otro tipo de medidas distintas, dentro de la amplitud que hoy permite el art. 129.1 LJCA.

Por lo demás, la segunda de las sentencias reseñada trae a colación igualmente que es el tribunal de recursos el que, cuando concurran razones imperiosas de interés general, puede mantener los efectos del contrato pese a haberse adjudicado infringiendo las normas sobre contratación pública.

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    STS 23 de octubre de 2014 (rec. 3014/2012)

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