Observatorio de Contratación Pública

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Anulado parcialmente el Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Ayuntamiento de Granada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acuerda declarar «la nulidad de los apartados d), e) y f) y el penúltimo párrafo del artículo 1, así como el último párrafo del primer apartado del artículo 3 del citado reglamento»

27/11/2014
Bandera de Granada

Hace ya más de un año que en la Tribuna del Observatorio Miguel Ángel Bernal advertía de la posible ilegalidad del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos aprobado por el Ayuntamiento de Granada. Se apuntaban entonces las dudas sobre la compatibilidad con las funciones genuinas de los órganos de recurso especial (resolver recursos) las atribuciones del Tribunal del Ayuntamiento de Granada relacionadas en las letras d, e y f del artículo 1 de su Reglamento, que se refieren a:

d) Elaboración y propuesta de modificación de las instrucciones de contratación de los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas.

e) Emisión de informes y asesoramiento en materia de contratación, cuando sea requerido para ello por los órganos competentes del Ayuntamiento de Granada y entes del sector público municipal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Formular propuesta de coordinación en materia de contratación entre el Ayuntamiento de Granada y los entes del sector público municipal, dirigidos a la gestión de los recursos de forma eficiente.

En aquel momento se indicaba que «la atribución de algunas funciones de carácter consultivo al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada pueden hacer que no se cumpla el requisito de independencia que debe inspirar la actuación de los órganos de recurso en materia de contratación pública».

Pues bien, los antecitados apartados del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Ayuntamiento de Granada fueron objeto de recurso contencioso-administrativo por parte de la Junta de Andalucía, resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm.3069/2014, de 24 de noviembre de 2014.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acuerda declarar «la nulidad de los apartados d), e) y f) y el penúltimo párrafo del artículo 1, así como el último párrafo del primer apartado del artículo 3 del citado reglamento». Entiende el Tribunal, que el art. 41.4 LCSP «…otorga competencia a estos órganos especializados únicamente para resolver los recursos en materia de contratación, pero en ningún momento se prevén funciones consultivas o de asesoramiento en este sector de la actividad administrativa. Por tanto, en cuanto los preceptos impugnados introducen una competencia de un órgano municipal huérfana de habilitación legal, incurre en el vicio de nulidad denunciado por la Administración autonómica y por tanto, en este aspecto debe ser estimada la demanda, sin necesidad de analizar el segundo motivo de impugnación de los mismos (la incompatibilidad con las funciones de enjuiciamiento atribuidas al mismo tribunal). No puede sustentarse la validez de estos preceptos en las genéricas potestades reglamentarias y de autoorganización de la administración local, por cuanto es sabido que estas sólo operan en cuanto sirvan para el desarrollo de una competencia atribuida legalmente, de lo que carece la amninistración local en la materia que nos ocupa. » (Cfr. FJ 3 in fine)

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