Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de Órganos consultivos

Prohibiciones de contratar aplicables a las sociedades civiles en las que participen miembros de una Corporación Municipal

Informe 14/2014, de 25 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

17/07/2014

La situación de hecho que motiva este Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón se plantea por un pequeño Ayuntamiento de esta Comunidad en el que uno de los concejales tiene constituida una sociedad civil que regenta un negocio de panadería en el que participa con un 20% del capital. Dicha panadería es el único negocio de esa naturaleza que existe en el municipio y en ella, el Ayuntamiento adquiere de forma ocasional y esporádica productos para las distintos eventos que organiza (fiestas, vinos de honor etc.). A título de ejemplo se indica que en el último ejercicio las adquisiciones efectuadas no han alcanzado el importe de 500 euros.

El Ayuntamiento quiere saber si la participación del concejal de este Ayuntamiento en el 20% de dicha sociedad implica que la misma se encuentre en prohibición contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1.f) del TRLCSP. Recordamos que este artículo dispone que no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

“f. Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal”.

En el caso de los concejales de las corporaciones locales las indicaciones del precepto transcrito deben de entenderse realizadas al artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985 -para los Diputados provinciales se contendría una en el artículo 203 LOREG.
La Junta consultiva en este informe, recuerda –como ya hizo en otros pronunciamientos anteriores- que el fundamento de esta prohibición se encuentra en el principio de imparcialidad derivado del artículo 103.3 CE. Señala que la propia jurisprudencia ha resuelto respecto de esta prohibición de contratar que el principio de imparcialidad comporta la necesidad de que se preserve la «moralidad administrativa». No basta con que la Administración contratante obre con total sometimiento a la legislación de contratos públicos, sino que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación administrativa.

Respecto de la aplicación de esta prohibición es cierto que se ha planteado si la misma se aplica cualquiera que sea el porcentaje de participación que ostenten los miembros de las corporaciones locales en la entidad a la que afecta, o si es necesario que esa participación supere un determinado porcentaje, como ocurre con los funcionarios públicos y los altos cargos. Esta Junta ha entendido que para que la participación de los cargos electos de las entidades locales en el capital de las personas jurídicas que contraten con aquéllas de las que forman parte sea relevante a la hora de determinar la prohibición de contratar prevista en el artículo 60 TRLCSP, esta participación debe superar el límite establecido para el personal al servicio de las Administraciones Públicas y de los Altos cargos del Gobierno de la Nación, es decir el 10%.

Aunque la Junta, es consciente de las dificultades que este régimen de prohibiciones genera en los pequeños municipios, considera que de acuerdo con el régimen actual la prohibición de contratar prevista el porcentaje máximo mencionado del 10% ha de respetarse en todo caso.
 

 

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