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Observatorio de jurisprudencia

Límites cuantitativos a la subcontratación, organizaciones delictivas y Derecho de la Unión Europea

STJUE de 25 de septiembre de 2019 (ECLI:EU:C:2019:787)

27/09/2019

En el marco de una cuestión prejudicial, el TJUE ha analizado la adecuación a la Directiva 2014/24/UE de un artículo del Código de Contratos Públicos italiano que limita la eventual subcontratación a un 30% del importe total del contrato de obras, servicios y suministros.

El Gobierno italiano justifica la medida en su libertad para disponer en su Derecho nacional medidas más estrictas a las establecidas en Derecho Europeo. En este sentido, resalta que se trataba de una medida de transparencia cuyo fin es luchar contra la infiltración de la mafia en la contratación pública.

Pues bien, aunque el TJUE reconoce que el citado objetivo puede justificar la restricción de los principios generales que se aplican en el marco de los procedimientos de contratación pública, de su razonamiento se deduce que la norma italiana no respeta el principio de proporcionalidad. Y es que aun en el supuesto de que la medida se superara el juicio de adecuación (apartado 38), no supera el juicio de indispensabilidad, ya que una restricción como la controvertida excede de lo que es necesario para luchar contra el fenómeno de las infiltraciones de la delincuencia organizada en el sector de las obras públicas. Así:

“[..] el objetivo planteado por el legislador italiano podría alcanzarse con medidas menos restrictivas, como las previstas en el artículo 71 de la Directiva 2014/24 […]. Por lo demás, como indica el órgano jurisdiccional remitente, el Derecho italiano ya prevé numerosas medidas dirigidas expresamente a prohibir que tengan acceso a las licitaciones públicas las empresas que estén bajo sospecha de pertenecer a la mafia o, en cualquier caso, de tener vínculos con los intereses de las principales organizaciones delictivas que operan en el país” (apartado 42).

En definitiva, el TJUE declara en su fallo que la Directiva 2014/24/UE se opone a una normativa nacional que limita al 30 % la parte del contrato que el licitador puede subcontratar con terceros.

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