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Contaminación de sobres: inclusión en el sobre de documentación administrativa de la oferta económica cuando no se aplican en la licitación criterios sujetos a juicio de valor

Resolución 652/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

09/09/2019

La doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre los supuestos en que un licitador incluye documentos en un sobre equivocado va evolucionando hacia criterios antiformalistas.

En la Resolución 574/2019, aplicó un criterio controvertido al admitir, en un procedimiento abierto en el que no existen criterios sujetos a juicio de valor, la oferta de un licitador que ha incluido en el sobre relativo a la documentación administrativa una parte importante de la oferta sujeta a valoración automática. Frente a este criterio antiformalista que ya habían aplicado otros órganos de recurso especial como el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Madrid (Resolución 96/2019), formuló un voto particular el Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales citando la jurisprudencia existente respecto del secreto de las ofertas y el principio de igualdad de trato entre licitadores.

Sin embargo, en la Resolución 652/2019 el Tribunal mantiene el criterio de que la vulneración del secreto de la oferta económica, que no ha sido abierta en el acto público correspondiente conlleva la exclusión del licitador

Argumenta la Resolución:

«Pues bien, resulta del expediente que el licitador ahora recurrente incorporó al sobre nº 1 su oferta económica, redactada de acuerdo con el Anexo 2 de los pliegos, por lo que es incuestionable que con ello ha incumplido las previsiones de los PCAP. Y no solo de los pliegos, sino también de la propia LCSP, como pasamos a analizar En efecto, la Ley regula la forma de presentación de las ofertas, distinguiendo especialmente los supuestos en los que se fijan criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.

(…) Es decir, lo que establece la norma (con independencia de que lo digan o no los pliegos), es que en primer lugar deben evaluarse los criterios que no sean cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas; y para garantizar que esa valoración se haga con pleno respeto al principio de neutralidad, se impone la presentación de unos y otros documentos en distintos sobres o archivos electrónicos. Ello es en realidad una garantía para todos los licitadores, al asegurar que, a la hora de valorar las proposiciones cuya ponderación depende de un juicio de valor, ese juicio sea lo más objetivo posible, y no se vea afectado por la oferta económica ni por las mejoras ofrecidas por unos u otros licitadores.

(…) Pues bien, en nuestro caso concreto, es evidente, pues así lo reconoce la recurrente, que ha introducido en el sobre nº1 algunas declaraciones exigidas relativas a requisitos previos, así como la oferta económico-técnica ajustada al anexo 2 del Cuadro, y el resto de la documentación administrativa, entre ellas la declaración ajustada al DEUC, la ha introducido, por lo que él mismo manifiesta, en el sobre nº 2, que, en consecuencia, no se podía calificar.

Es indudable, por tanto, que se ha quebrantado el secreto de la oferta económica, de forma que no se ha abierto en acto público, sino en un acto celebrado a puerta cerrada por los miembros de la mesa de contratación, de calificación de la documentación de requisitos previos, incumpliendo con ello lo exigido en el PCAP, en la LCSP y en el RGLCAP. Por ello, y teniendo en cuenta que no se podía abrir el sobre nº 2 para calificar el resto de la documentación aportada, solo procedía la exclusión determinada por el PCAP para tales casos de incumplimiento de lo exigido, de acuerdo con la cláusula 10 del PCAP.

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