Observatorio de Contratación Pública

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Necesidad de constituir comité de expertos cuando se exige un umbral mínimo de puntuación para continuar el proceso selectivo (146.3 LCSP)

Resolución 90/2019 Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

05/09/2019

El articulo 146.2 LCSP dispone que

«En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar está a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos»

A su vez, el apartado 3 del mismo artículo señala que en el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

La aplicación de las previsiones del artículo 146.2 LCSP sobre la necesidad de constituir comité de expertos o designar un organismo técnico especializado, a los procedimientos que se articulan en fases selectivas presenta una especial complejidad, en concreto en aquellos casos en que se exige un umbral mínimo de puntuación en relación con criterios sujetos a juicio de valor para continuar en el proceso selectivo

El Tribunal de Cuentas en los informes nº 1.011 de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las entidades estatales que, de acuerdo con la ley de contratos del sector público, tienen la consideración de administraciones públicas, y nº 1320 de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2016 y 2017, ha entendido que en estos casos sería necesario constituir comité de expertos. Argumenta el Informe nº 1.011:

«En el PCAP del contrato número 1 se establecieron como criterios de adjudicación la valoración técnica (49 puntos) y la oferta económica (51 puntos). Para poder proceder a valorar las ofertas económicas era necesario que las empresas alcanzasen una puntuación mínima de 19,50 puntos en la valoración técnica. La LCSP establece en su artículo 134 que cuando en un PCAP la ponderación atribuida a los criterios subjetivos (criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor) sea superior a la de los criterios objetivos (criterios cuantificables mediante la aplicación de una fórmula), la valoración de los criterios subjetivos no podrá hacerse por el órgano de contratación o la Mesa, sino que deberá constituirse un comité de expertos o atribuirse la valoración a un organismo técnico especializado. En este contrato, la configuración de la valoración de los criterios subjetivos en una primera fase, que resultaba eliminatoria de no alcanzarse cierta puntuación, implicaba que la ponderación atribuida a los criterios subjetivos era, de hecho, en esa primera del 100%. Por ello la valoración de los criterios subjetivos debió encargarse a un comité de expertos u organismo técnico especializado. En conclusión, la valoración de los criterios de adjudicación no fue realizada de manera correcta.»

Sin embargo, el OARC/KEAO, en su Resolución 90/2019, mantiene el criterio contrario, argumentando que:

«Alega la recurrente que al configurar los pliegos una fase eliminatoria en el procedimiento de tal forma que se hace necesario obtener como mínimo 20 puntos en la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor para no ser excluido del procedimiento de adjudicación, de facto, los criterios subjetivos suponen en esa primera fase el 100% de la ponderación, por lo que se requiere la constitución de un comité de expertos cuya omisión en los pliegos implica la nulidad de pleno derecho de los mismos por obviarse un trámite esencial del procedimiento administrativo.

Esta alegación no puede aceptarse. La obligada constitución del comité de expertos procede cuando la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor tiene atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática (artículo 146.2 a) de la LCSP), y ello, independientemente de que existan fases eliminatorias. En este sentido, la norma permite el establecimiento de un umbral de puntuación mínimo a alcanzar por el licitador para continuar en el proceso selectivo, de modo que habilita la exclusión de aquellos licitadores que no alcancen la puntuación que en su caso se hubiera fijado sin necesidad de intervención del comité de expertos. En el presente supuesto, los criterios subjetivos alcanzan una ponderación del 28,57 % del total (40 puntos sobre 140), lo que excluye per se la exigencia de que la valoración de las ofertas mediante la aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor deba realizarse por el citado comité, puesto que la norma permite el establecimiento de un umbral de puntuación mínimo a alcanzar por el licitador para continuar en el proceso selectivo, de modo que habilita la exclusión de aquellos licitadores que no alcancen la puntuación que en su caso se hubiera fijado sin necesidad de intervención del comité de expertos.»

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