Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Doctrina reciente sobre la exigibilidad de certificados de cumplimiento de normas de gestión de la calidad y gestión medioambiental

Resolución 628/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

22/07/2019

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha analizado en diversas resoluciones como opera la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental a las que se refieren los artículos 93 y 94 LCSP.

En primer lugar, ha sentado el criterio de que los órganos de contratación pueden exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental basadas en normas europeas —reconociendo también certificados equivalentes y aceptando otras pruebas— siempre con referencia a alguno de los medios de solvencia técnica previstos en la LCSP. Ver aquí reseña sobre Resolución 115/2018.

En segundo lugar, ha reafirmado que es una forma de acreditar la solvencia, no un criterio de adjudicación, entre otras en la Resolución 939/2018.

Recientemente ha variado su criterio sobre la posibilidad de exigir certificados de gestión de la calidad o de gestión medioambiental en aquellos procedimientos en que es obligatorio el requisito de la clasificación. A la luz del TRLCSP el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales entendía que era compatible exigir esos certificados y a la vez clasificación, pues como señalaba la Resolución 108/2016:

«La clasificación en ningún caso se pronuncia sobre el cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión medioambiental-que son siempre relativos a la solvencia técnica-, sino sobre los medios financieros, personales y materiales de la empresa, la experiencia en la ejecución de trabajos relacionados con la que se pretende, así como, en su caso, la existencia de las autorizaciones para ejercer la actividad correspondiente (artículos 30-34, 40-44, 47 y concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre). Por tal motivo, porque una empresa debidamente clasificada puede no ajustarse a los estándares acreditativos por el cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión medioambiente. Por tal motivo, porque una empresa debidamente clasificada puede no ajustarse a los estándares acreditados por el cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión medioambiental, debemos reiterar hoy que en los contratos en los que se exija clasificación puede el órgano de contratación reclamar los certificados a los que aludan los artículos 80 y 81».

Sin embargo, a partir de la vigencia de la LCSP, el Tribunal sigue un nuevo criterio que se contiene en la Resolución 781/2018 y se reitera en la Resolución 1031/2018 entendiendo que.

«(…) la clasificación es medio alternativo de la acreditación de la solvencia requerida, incluidos en ella los aspectos relativos al aseguramiento de la calidad, lo que por otra parte admite, como no podía ser de otra forma, el propio PCAP, dado que la existencia de tener establecidos sistemas de aseguramiento de calidad se integra en la solvencia técnica, que se puede acreditar ex lege alternativamente con la posesión de la clasificación requerida».

También recientemente ha modificado su criterio sobre la posibilidad de integrar la disponibilidad de integrar de los certificados acreditativos del cumplimiento de las normas sobre gestión medioambiental y de calidad.

En las Resoluciones 334/2018 y 627/2018 admite la acumulación o integración de esta solvencia entre miembros de una UTE. En la Resolución 627/2018 dice el Tribunal:

«(…) la norma, a falta del certificado exigido o equivalente, admite la prueba de medidas equivalentes, y una prueba de medidas equivalentes puede serlo la aplicación por una empresa de todo su sistema de gestión medioambiental o de la calidad, que cumpla un determinado sistema de normas de gestión medioambiental o de la calidad, para asegurarla en la realización de toda la prestación contratada a la que licite en compromiso de UTE con otra empresa, más aun si pertenecen al mismo grupo, siempre que la prueba ofrecida y su sistema de control de la calidad o de gestión medioambiental se ajusten a las normas exigidas o sean equivalentes y las prestaciones a realizar por cada miembro de la UTE estén comprendidas en el sistema de control establecido por la empresa que tiene acreditado el cumplimiento de las normas requeridas, y demuestre al órgano de contratación que sus medidas de control se pueden y se van a aplicar a la ejecución de la parte de la prestación por la otra miembro de la UTE.»

Dos Resoluciones recientes confirman la posibilidad de integrar con medios de un tercero, la solvencia necesaria sobre disponibilidad de las capacidades y medios necesarios para la gestión medioambiental y de la calidad por parte de la licitadora recurrente con relación a la prestación objeto del contrato.

Así la Resolución 628/2019 admite que cabe integrar los requisitos de solvencia en materia de gestión de la calidad o de gestión medioambiental acudiendo a los medios capacidades y certificaciones de un tercero, pero con unas singularidades:

«(…) es lo cierto que los requisitos, los concretos medios, de solvencia técnica referidos a la gestión medioambiental o de la calidad no se exigen solo tal cual sino condicionados a que cumplan determinadas normas que acreditan los certificados exigidos. Por ello, no se trata solo de disponer de los medios de solvencia concretos exigidos o de haber adoptado las medidas de gestión exigidas, sino además que se acredite que se ajustan a dichas normas. Ello se acredita ordinariamente por los certificados exigidos, pero solo respecto de la empresa auditada y certificada, lo que nos lleva a que la integración de la solvencia de la licitadora no se pueda realizar mediante la mera yuxtaposición de los certificados a la solvencia técnica de la recurrente que integra su solvencia con ellos, ya que es necesario acreditar o comprobar que el sistema de gestión medioambiental o de la calidad del tercero es aplicable a la recurrente o, mejor dicho, a su actividad en relación con el objeto del contrato, e indicar cómo se aplicará a la estructura y actividad de ésta por parte de aquélla en la ejecución de la concreta prestación objeto del contrato licitado. Pues bien, eso es posible mediante el sistema alternativo de acreditación del cumplimiento de determinadas normas de gestión medioambiental o de la calidad que prevén los artículos 93 y 94 de la LCSP, que es a través de la prueba de medidas equivalentes».

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