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Desistimiento: cabe fundarlo en la alteración de las circunstancias de hecho que afectan al contrato

Resolución 497/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

07/06/2019

 Más información: 

La resolución analiza la legalidad del desistimiento acordado en un contrato de transporte escolar amparándose en una alteración de las necesidades durante la tramitación del procedimiento de adjudicación.

El Tribunal comienza recordando la doctrina sobre las diferencias entre el desistimiento y la renuncia al contrato:

«El precepto recoge dos instituciones distintas, la renuncia y el desistimiento, como hemos manifestado en reiteradas ocasiones por este Tribunal. La renuncia, a diferencia del desistimiento, supone un cambio en la voluntad de la Administración de contratar la prestación, por razones de interés público y, por ello, es un acto de contenido discrecional. Ha de ser acordado –al igual que el desistimiento– antes de la adjudicación del contrato, para evitar lesionar derechos y no meras expectativas, y precisamente por su carácter discrecional el artículo 152.3 de la LCSP introduce como cautela, para evitar fraudes en el procedimiento de adjudicación, las prohibiciones al órgano de contratación de promover una nueva licitación del objeto del contrato en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. Por el contrario, el desistimiento tiene un contenido por completo diferente, a diferencia de la renuncia no es un acto discrecional determinado por el cambio de voluntad de la Administración contratante, sino un acto reglado fundado en causas de legalidad y no de oportunidad. Por ello exige, como señala el apartado 4 del artículo 152 de la LCSP, la concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, que haga imposible continuar con la licitación hasta su adjudicación; y por ello el desistimiento, a diferencia de la renuncia, no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto. En relación con el desistimiento este Tribunal ha señalado (Resolución 323/2016, de 29 de abril) que: “se configura como un mecanismo que la Ley ofrece a la Administración para evitar la celebración de aquellos contratos en cuya preparación o procedimiento para la adjudicación se haya incurrido en defecto no subsanable, evitándose así que llegue a generar derechos y obligaciones para las partes. Este procedimiento, lógicamente, podrá ser utilizado por la Administración en todos aquellos casos en que concurran los requisitos que se exigen legalmente. Para que pueda acordarse válidamente, es necesario que esté basado, como se desprende del precepto transcrito, en defecto no subsanable, que se justifique la concurrencia de la causa en que se basa y que se produzca antes de la adjudicación del contrato”. En idénticos términos se pronuncia la Resolución de este Tribunal 697/2018 dictada en el recurso 622/2018

Una vez expuestas las características del desistimiento, analiza el alcance de los supuestos que según el artículo 152. 4 LCSP amparan el desistimiento, el cual dice el mencionado artículo que «deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación».

El Tribunal admite que, en el supuesto analizado, en el que se había previsto inicialmente el transporte de 50 alumnos a transportar a 65, no concurre infracción legal a la preparación y adjudicación, pero entiende que resulta admisible el desistimiento:

«Pues bien, en primer lugar, no se aprecia la concurrencia de infracción legal alguna en la preparación y adjudicación del contrato, por lo que la modificación pretendida no puede ampararse en esta circunstancia. Sin embargo, no debe perderse que vista la finalidad que se persigue con la contratación del servicio, necesidad que quedaría huérfana de atención si prosiguiera la contratación cuando concurre manifiestamente un hecho que dará lugar a la imposibilidad de prestar el servicio, al precisar modificaciones contractuales por encima del umbral permitido. En este sentido, la Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-440/13), a la que se refiere la resolución de este Tribunal antes transcrita, señala que: «De ese modo, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros establezcan, en su normativa, la posibilidad de adoptar una decisión de revocar una licitación. Los motivos de dicha decisión de revocación pueden basarse así en razones, relacionadas en particular con la apreciación de la oportunidad, desde el punto de vista del interés público, de llevar a término un procedimiento de licitación, habida cuenta, entre otras cosas, de la posible modificación del contexto económico o de las circunstancias de hecho, o incluso de las necesidades de la entidad adjudicadora de que se trata. Una decisión de ese tipo puede también motivarse por el nivel insuficiente de competencia, debido al hecho de que, al finalizar el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, únicamente quedara un licitador idóneo para ejecutar dicho contrato.». No cabe ninguna duda que en el presente supuesto se han alterado las circunstancias de hecho que dieron lugar al inicio de la licitación, con un incremento del 30 % de los alumnos que deben ser transportados, por lo que la decisión está plenamente justificada y motivada, al precisar una modificación de los Pliegos en relación con los medios de transporte ofertados y las propias necesidades del órgano de contratación.»

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