Observatorio de Contratación Pública

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Sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos de servicios para actividades docentes celebrados por poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administración pública (art. 310 LCSP)

Informe 91/18, de 10 de diciembre de 2018.
Por Rafael F. Acevedo

La sociedad mercantil estatal “Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E.” (ISDEFE), que tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos a esta vinculados, así como, en aplicación de lo dispuesto en el art 3.3.d) LCSP, la de poder adjudicador no Administración pública (PANAP), pregunta en esencia si le resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 310 LCSP.

Este precepto exime de la aplicación de las reglas de preparación y adjudicación de los contratos cuando se trate de la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, realizadas por personas físicas.

Tanto el tenor literal del artículo, como su ubicación sistemática en el Título II de la Ley relativo a los distintos tipos de contratos “de las Administraciones públicas”, así como los arts. 316 a 320 que determinan el régimen jurídico aplicable a los contratos de los PANAP, conducirían a la conclusión de que lo dispuesto en el citado art. 310 LCSP no resulta de aplicación a este tipo de entidades del sector público.

Pero ello provocaría la paradoja de aplicar a estos contratos para actividades docentes prestadas por personas físicas un régimen jurídico más escrito a los PANAP que a las Administraciones públicas, al exigirse a aquellos, y no a estas, el cumplimiento de las normas que disciplinan la preparación y adjudicación de los contratos de servicios.

Para resolver esta anomalía la JCCPE se ve obligada a realizar una pirueta argumentativa fundada en la inexistencia de “razón técnica” alguna que justifique el mantenimiento de esta exclusión solo para las Administraciones públicas y no para el resto del sector público. La exención fue prevista inicialmente en la legislación de contratos de las Administraciones públicas y por inercia, aunque justificadamente, ha llegado a las leyes de 2007 y 2017 cuyo ámbito subjetivo es bastante más amplio, sin que se haya tenido en cuenta esta importante diferencia. La congruencia en la regulación de los distintos tipos de entidades contratantes exige, sostiene la Junta, que la repetida exención justificada por la naturaleza de las prestaciones, alcance no solo a las Administraciones públicas, sino también a las restantes entidades del sector público.

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