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Observatorio de recursos contractuales

Contratos de servicios jurídicos: solvencia técnica, criterios de adjudicación; cláusula de incompatibilidad a futuro

Resolución 1021/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

20/02/2019

La Directiva 2014/24/UE excluye de su ámbito de aplicación a los servicios jurídicos que consistan en la representación legal de un cliente por su abogado en un procedimiento judicial, incluyendo el asesoramiento jurídico para la prep0aración del procedimiento.

La Ley de Contratos del Sector Público no excluye a estos servicios de su ámbito de aplicación y además ha renunciado a establecer un procedimiento específico para su contratación, a pesar de las apelaciones que desde distintos ámbitos se hace a la especial relación de confianza entre cliente y abogado que justificaría que estos servicios no se sujetaran a las reglas de mercado y a los procedimientos regulados de selección de contratistas.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dedicado varias resoluciones a analizar el régimen jurídico de estos contratos de servicios.

En la polémica Resolución 1149/2018 ha calificado como prestación no intelectual el servicio de representación y defensa jurídica en diversos órdenes jurisdiccionales argumentando que:

«No es que los servicios jurídicos no impliquen trabajo intelectual profesional, sino que a los que se refiere el precepto [el artículo 145.4 de la LCSP] son los que implican creatividad amparada por propiedad intelectual en los ámbitos de la arquitectura, ingeniería, consultoría técnica y urbanismo.»

En la Resolución 1021/2018, trata diversas cuestiones en relación con la justificación de la solvencia técnica, los criterios de valoración y una cláusula de incompatibilidad a futuro incluida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Tribunal admite que la solvencia relativa a los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza puede acreditarse aportando «copias simples de sentencias que así lo acrediten», ya que se trata de un medio opcional que no excluye otras formas de acreditación.

Sobre los criterios de valoración, la resolución analiza si resulta valido un criterio que consiste en atribuir 10 puntos, a razón de 0,5 puntos, por cada sentencia favorable. El Tribunal entiende que es un criterio imperfecto, pero lo considera válido y adecuado. Argumenta al respecto que:

«El recurrente señala en este punto que la atribución de esa puntuación al criterio de obtención de sentencias favorables es contraria a la ley porque «la obtención de una sentencia favorable no depende exclusivamente de la labor profesional de abogado, sino que depende de una infinidad de factores ajenos a la calidad del trabajo del licitador. (…)». Los requisitos mínimos relativos a la exigencia de solvencia se contienen dentro del artículo 74.2 LCSP, en el que se establece que: «Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo». Por tanto, en el caso de que las condiciones de solvencia técnica reúnan los requisitos señalados anteriormente, serán válidas y conformes a la Ley. En este caso vemos que la exigencia de la solvencia profesional que se cuestiona aparece en el anuncio de licitación y en el pliego y, siendo un contrato de servicios de asistencia jurídica, se puede considerar perfectamente válido y vinculado a su objeto, que se presenten las sentencias judiciales en el número exigido por el pliego, favorables. Es cierto que, como razona el recurrente, el número o la proporción de sentencias favorables no es por sí mismo un índice fiable de la calidad de la actuación de un Letrado en un procedimiento judicial, pues pueden influir múltiples circunstancias ajenas por completo a la calidad profesional del Letrado para la obtención de un sentencia favorable y viceversa, pero es también cierto que, dentro de su imperfección, constituye un indicio objetivo y muy valioso para evaluar la calidad profesional de la actuación de los abogados en el ámbito procesal que se trata de valorar. En este caso, a la aportación de sentencias favorables se les da una puntuación de 10 sobre 60, en concreto de 0´5 puntos a cada sentencia favorable, hasta llegar al máximo de los 10 puntos, lo que implica que, en definitiva, se van a valorar hasta un tope de 20 sentencias favorables, y correspondientes todas ellas a dos años (2016 y 2017). A juicio de este Tribunal no parece desproporcionada la exigencia de que se aporten un mínimo de 20 sentencias favorables obtenidas en dos años, teniendo en cuenta, además, que no se trata de un umbral técnico, es decir, no es un tope mínimo sin el cual no se pueda admitir al licitador que no las presente, sino que opera tan solo como un criterio de valoración, de manera que no limita ni restringe el derecho o la condición del licitador, sino que solo atribuye mayor puntuación al licitador que acredite haber obtenido mayor número de sentencias favorables, incluso, limitado ese número al de 20 en el total de los años tenidos en cuenta en esta licitación. Por lo tanto, es opinión de este Tribunal que este criterio de valoración resulta plenamente válido, sin suponer una restricción injustificada de la competencia o del principio de igualdad en la presente licitación, ya que no limita los derechos de los licitadores, ni supone una carga desproporcionada par los mismos, por todo ello, este criterio, a juicio de este Tribunal, cumple con lo dispuesto dentro de la LCSP».

Finalmente es objeto de análisis la cláusula de incompatibilidad a futuro que incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas: «El contratista se compromete a no asumir la defensa de intereses particulares en contra del Ayuntamiento de Denia durante el plazo de los dos años inmediatos siguientes al momento de finalización de la relación contractual que se concierte conforme a las presentes condiciones técnicas; el incumplimiento de la anterior obligación dará derecho al Ayuntamiento a reclamar al contratista saliente en concepto de daños y perjuicios».

El Tribunal valida dicha cláusula con los siguientes argumentos:

«Esta cláusula recoge la obligación que pesa sobre el abogado contratado de este Ayuntamiento, que haya dejado de serlo, de no intervenir en procedimientos contra su anterior cliente, durante un plazo de dos años para evitar posibles conflictos de intereses. Se trata de una clausula habitual en contratos de este tipo, en los que los contratistas, abogados ejercientes, pueden acceder a documentación sensible de su cliente, el cual, por otra parte, debido a su carácter de Administración pública, presenta un volumen de litigiosidad que no se da con otros clientes de carácter privado, lo que justifica que, en aras de la evitación de un conflicto de intereses del propio abogado que pueda llevar un pleito después contra el que ha sido su cliente antes, pueda verse en una situación incómoda que pueda depararle perjuicios en su respectivo Colegio de Abogados. En este sentido, vemos que esta cláusula se ampara en lo dispuesto dentro del art. 13. 5 del “Código Deontológico de la Abogacía Española”, aprobado por el Consejo General de la Abogacía, en el Pleno 27 de septiembre de 2002, en el que se establece lo siguiente: “El Abogado no podrá aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, cuando exista riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente”. Esta norma no se encuentra limitada temporalmente, a diferencia de la contenida en el pliego que ahora se impugna, por lo que se puede considerar que ésta última es incluso más favorable que la del Código Deontológico. Se basa así en el deber de confidencialidad que pesa en la relación abogado-cliente y que prevalece sobre las simples expectativas del abogado de conseguir clientes en el futuro, deber que se podría ver infringido en el caso de admitir la posibilidad de que ese abogado pudiera llevar pleitos en contra de un inmediato cliente anterior, sin solución de continuidad, cuando exista ese riesgo que menciona la norma anterior.

En cualquier caso, se trata de una cláusula que opera en un momento posterior a la terminación final del contrato, precisamente, ésa es su finalidad, para evitar conflictos de intereses en el abogado que lo haya sido del Ayuntamiento contratante, una vez éste haya concluido el contrato, lo que, considera este Tribunal, se encuentra dentro de más absoluta normalidad en este tipo de contratos sin que se atisbe ningún indicio de ilegalidad, por lo que no procede tampoco la estimación de este motivo».

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