Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Consecuencias de la falta de publicación de la memoria justificativa del contrato con carácter previo a la publicación del anuncio de licitación

Resolución 1141/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

25/01/2019

La LCSP incluye una ampliación importante de las obligaciones de publicidad activa. El artículo 63.3.a) LCSP indica que deberá publicarse al menos la siguiente información:

«La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.»

Por otra parte, el artículo 116.4 y otros preceptos de la LCSP exigen que en el expediente de contratación quede acreditada la justificación adecuada de determinados aspectos como los criterios de solvencia económica y financiera, y técnica y profesional, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución que se van a exigir al adjudicatario en la ejecución del contrato, el cálculo del presupuesto de licitación y del valor estimado, etc. Aunque la LCSP no concreta en qué tipo de documento deben constar todas estas cuestiones ―en algunos casos habla en términos generales de la documentación del expediente, o simplemente del expediente— sería conveniente, en aras a hacer efectivos los principios de transparencia y buena administración, adoptar como una buena práctica que la memoria del contrato contuviera todos los aspectos que la LCSP exige que queden justificados en el expediente.

Sobre la publicidad que hay que dar a la memoria y demás documentos de preparación del contrato, se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe 59/2018:

«El momento de publicación de cada documento puede variar, pero en todos ellos la finalidad establecida por la ley es la misma: asegurar la transparencia y el acceso público a los documentos correspondientes. Por tanto, si atendemos a los documentos mencionados en el apartado a) podemos sentar como regla general que la publicación en el perfil debe realizarse tan pronto como sea necesario que los interesados puedan acceder a la información, de modo que la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente deben publicarse con el primer acto en que un potencial licitador pueda tener interés en acceder a la documentación preparatoria del contrato, acto que será, en general, el anuncio de la convocatoria de la licitación.»

La Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 1141/2018 resuelve un recurso en el que se solicita la nulidad del procedimiento por no constar trámites esenciales en el expediente de contratación, a saber, entre ellos el «acuerdo del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, justificación de los extremos del art. 116.4 LCSP».

El Tribunal entiende que no concurre causa de nulidad de pleno Derecho, porque, aunque no se ha publicado, la memoria consta en el expediente. Argumenta:

«Bien es verdad que, a pesar del requerimiento del Tribunal, la publicación de la memoria no ha quedado acreditada, con carácter previo a la publicación del anuncio de licitación. Sin embargo, no cabe dudar de su existencia previa (así se acredita en el expediente) y del conocimiento que de la misma tienen tanto el recurrente como sus competidores, que han comparecido formulando alegaciones. Lo mismo cabe señalar de las eventuales “irregularidades” procedimentales que el recurrente denuncia en su alegación primera.

(…) Estos extremos se hallan justificados en el expediente, habiéndose aprobado la necesidad de la contratación y habiendo sido informados por el órgano que, legalmente, tiene el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento: el Secretario de la Corporación. La alegación debe, por ello, decaer.»

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