Observatorio de Contratación Pública

Observatorio de Contratación Pública

Observatorio de recursos contractuales

Requisitos para la calificación de la prestación del contrato como de carácter intelectual a los efectos de la LCSP. Importancia de la correcta codificación CPV

Resoluciones 1111/2018 y 1141 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

25/01/2019

La Resolución 1111/2018 analiza un contrato que tiene por objeto un Servicio de asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público en un municipio, y se pronuncia sobre si se trata de una prestación de carácter intelectual, a la vez que revisa si la codificación CPV ha sido adecuada.

Sobre la primera cuestión, señala:

«Por lo que se refiere a la calificación de la prestación del contrato como de carácter intelectual, ya señalamos en nuestras resoluciones 946/2017 y 544/2018 que siendo que en toda prestación de servicios intervienen en mayor o menor medida funciones humanas intelectivas, debe interpretarse que la Directiva se refiere a aquellos contratos con prestaciones análogas al proyecto de obras; es decir, que impliquen una actividad en que predomina el elemento inmaterial no cuantificable asociado a los procesos mentales propiamente humanos, y, además, implique el uso de las más altas facultades intelectivas humanas; destacadamente, aquellas que suponen innovación o un cierto grado de creatividad. En este caso, se prevé la prestación de actividades complejas que son un apoyo a los funcionarios, pero en las que no predomina su carácter innovativo u original, por lo que cabe concluir que el objeto del contrato no tiene el carácter “intelectual al que se refiere el artículo 145.4 de la LCSP

Esta interpretación del concepto de prestación intelectual parece excesivamente rigurosa pues lleva al Tribunal a calificar como prestación no intelectual el servicio de representación y defensa jurídica en los diversos órdenes jurisdiccionales. Así, en la Resolución 1149/2018 argumenta:

«No es que los servicios jurídicos no impliquen trabajo intelectual profesional, sino que a los que se refiere el precepto [el artículo 145.4 de la LCSP] son los que implican creatividad amparada por propiedad intelectual en los ámbitos de la arquitectura, ingeniería, consultoría técnica y urbanismo.»

Respecto de la codificación CPV del Servicio de asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público en un municipio a la que se refiere la resolución 1111/2018, el Tribunal advierte de que el órgano de contratación incluyó referencias confusas en la documentación del contrato. Según señala la resolución: «En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establece (cláusula 1ª) que la codificación correspondiente a la nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea, según el objeto del contrato es 75130000-6 (Servicios de apoyo a los poderes públicos) y 79500000-9 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina); no se dice cuál de las dos es la principal, si bien se recoge en primer lugar la 75130000-6. Y en el anuncio remitido y publicado en el DOUE, se recoge en el Apartado II.1.2 como Código CPV principal sólo el 7513000 y en el apartado II.2.2) reservado a Códigos CPV adicionales no se recoge ninguno.»

El órgano de contratación toma como referencia el código 79500000-9 (servicios de ayuda en las funciones de oficina) para concretar el régimen jurídico del contrato, pero el Tribunal considera que:

«Es cierto que no existe unanimidad entre los distintos poderes adjudicadores en otorgar código CPV a contratos de este tipo, pero eso no quiere decir que el determinado en el pliego sea erróneo. Tal y como indicamos en la resolución nº 667/2018, es apropiada la clasificación del contrato con CPV 75000000-6 (Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social) o alguno de los códigos sucesivos que hacen referencia a servicios públicos generales, en relación con un contrato que tenía por objeto la asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación, voluntaria y ejecutiva, e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público, la gestión integral de multas de tráfico y la gestión catastral del IBI y del IAAEE del Ayuntamiento.

El propio órgano de contratación en la licitación anterior a la presente con el mismo objeto, estableció los mismos Códigos CPV 75130000-6 (Servicios de apoyo a los poderes públicos) y 79500000-9 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina), según consta publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 4 de abril de 2013. No existe, por tanto, desafortunado error. Simplemente, mientras que la codificación discutida, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP, no tenía incidencia en la ponderación de los criterios de valoración, no ocurre lo mismo tras la entrada en vigor de la LCSP. El artículo 145.4 2º párrafo señala: En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.». 7513000 se encuentra dentro del Anexo IV y los criterios relacionados con la calidad, todos menos el precio, tienen un peso del 40%, inferior al 51%, por lo que debe estimarse este motivo de recurso.»

Y declara la nulidad de la licitación.

Volver a la página anterior


Entidades Fundadoras y Financiadoras

  • Escudo de España y texto 'Ministerio de Economía y competitividad. Gobierno de España' sobre fondo amarillo
  • Poradad el paraninfo y texto 'Universidad de Zaragoza' en azul sobre fondo blanco
  • Logotipo de everis. Texto everis blanco en fondo verde

Apoyos Institucionales

  • LBL_ALT_LOGO_4
  • Circulo representado el mundo y edificio similar al partenon en azul sobre fondo blanco. Texto 'Adester' en azul oscuro
  • LBL_ALT_LOGO_5
  • Universidad de Almería
  • Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas Panamá
  • Logo de Contratación pública en Euskadi
  • Centro de investigación sobre justicia administrativa