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Tramitación no electrónica de una licitación: supuestos habilitantes y justificación

Resolución 1053/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

15/01/2019

El Tribunal en la Resolución 632/2018, anuló unos pliegos por permitir, sin amparo en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que se presentaran en papel todos los documentos relativos a la licitación, argumentando que:

«(…) ni la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ley especial, ni la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ley general, permiten amparar una interpretación que determine que la redacción actual de la cláusula impugnada es ajustada a Derecho. Debe observarse, además, que los licitadores que actúen como personas físicas también estarían obligados a la presentación de las ofertas por medios electrónicos, pues la Disposición adicional decimoquinta les obliga a ello, que está en vigor y prevalece como Ley especial sobre la Ley 39/2015, por lo que carecen de la facultad de elección que les otorga el apartado primero del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala expresamente “salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.»

En Resoluciones posteriores el Tribunal ha admitido la contratación no electrónica en base a que concurra alguno de los supuestos de la Disposición adicional decimoquinta.

En la Resolución 931/2018 ha admitido la aplicación del apartado c) de dicha Disposición que permite la tramitación no electrónica del expediente «cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.», en el caso de municipios menores a 20.000 habitantes para los que la Diputación Provincial o en su caso la Comunidad Autónoma uniprovincial no ha desarrollado el sistema necesario, pues el artículo 36. 1 g) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen local atribuye a estas Administraciones como competencia obligatoria la prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.”

Argumenta el Tribunal en la Resolución 931/2018 que:

«Pues bien, el órgano de contratación alega la imposibilidad material, por insuficiencia de medios, para la tramitación del procedimiento por medios informáticos. Esta situación está prevista por la LCSP en su artículo 336.1 h) para los casos en los que resulte imposible la tramitación por medios electrónicos. En nuestro caso, la imposibilidad material de utilización de este tipo de medios ha quedado comprobada por el hecho de que el Gobierno de Murcia, que es el competente para la implantación de sistemas electrónicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el del órgano de contratación que no llega a los 7.000 habitantes, todavía no ha conseguido implantar el sistema en el municipio de Lorqui, así como en otros de la Comunidad, lo que supone una imposibilidad material de aplicación del procedimiento electrónico encuadrable dentro del Apartado c) de la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, pues se trata, a fin de cuentas, de un supuesto en el que los equipos ofimáticos especializados para su implantación no están “generalmente disponibles” entre los órganos de contratación de la C.A. de la Región de Murcia, por lo que no resulta exigible la tramitación por medios electrónicos. A lo que se debe añadir además que dicha carencia no perjudica en absoluto a la recurrente ni a los restantes licitadores, que podrán siempre presentar sus ofertas de forma presencial, no lesionándose por tanto derecho alguno de los licitadores.»

En la Resolución 1053/2018 entiende aplicable el apartado c) al caso en que, según el órgano de contratación, la Plataforma de Contratación del Sector Público no admite el tamaño estimado de los sobres de las ofertas:

«El órgano de contratación, además de indicar en el PCAP, como hemos visto, que la presentación de ofertas por medios no electrónicos se debe al tamaño estimado de los sobres en relación con el tamaño máximo de los documentos que soporta la Plataforma, viene a alegar en su informe una imposibilidad material de disposición de la tecnología que permita toda la tramitación electrónica del procedimiento

(..)Ante la imposibilidad técnica alegada por el órgano de contratación, y dado que no se produce indefensión alguna, debemos resolver en el mismo sentido desestimatorio, en base a la Disposición Adicional 15ª, c) de la LCSP.»

En todo caso, el Tribunal exige para la aplicación de las excepciones a la contratación electrónica que se justifique expresamente la insuficiencia de medios disponibles. Así, en la Resolución 869/2018 dice:

«Aunque la nueva Ley obliga con carácter general, en efecto, a la presentación de ofertas y solicitudes de participación a través de medios electrónicos, la propia norma contempla una serie de supuestos en los que decaerá su exigibilidad. La justificación alegada por el Ayuntamiento de Moncada para obviar la utilización de medios electrónicos en la presentación de ofertas para esta licitación reside en la falta de medios y equipos ofimáticos para su realización; alegando, a su vez, estar realizando todas las actuaciones necesarias para remediar esta situación, tales como acuerdos del Pleno aprobando modificaciones de créditos presupuestarios para poder actualizar y comprar los equipos técnicos necesarios para poder completar la gestión electrónica de los procedimientos de licitación.

No sólo el apartado tercero de la disposición adicional decimoquinta establece una serie de supuestos en los que el órgano de contratación no estará obligado al uso de medios electrónicos, sino que el apartado cuarto de la misma disposición establece un supuesto específico adicional por razones de garantía en la seguridad de la información. Por último, la disposición se remite en su apartado 8 a la disposición adicional decimosexta que regula las normas sobre el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley. Estas previsiones trasponen lo dispuesto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. La opción por los medios electrónicos de la Directiva responde a la intención de “simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación. Deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación, ya que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo el mercado interior”. De modo que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 la regla general para la presentación de ofertas es la utilización de medios electrónicos, que sólo cede antes los casos tasados previstos en la citada disposición adicional decimoquinta, debiendo, en todo caso, justificarse la excepción de forma expresa, al exigirse que “los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos a los electrónicos”.

Pues bien, lo cierto es que del expediente administrativo no resulta un informe específico destinado a la justificación de estas razones, ni las mismas resultan del informe jurídico del Secretario General del Ayuntamiento de Moncada de fecha de 13 de junio de 2018 realizado para esta contratación, lo que determinaría, sin necesidad de entrar al análisis de las razones que hipotéticamente justificarían esta excepción, la infracción del procedimiento establecido en esta disposición. Por lo expuesto, el motivo debe ser estimado»

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