Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Es admisible establecer criterios de solvencia referidos a la experiencia en contratos similares, estableciendo cualidades propias del contrato para determinar esa similitud

Resolución 993/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

09/01/2019

La Resolución analiza un supuesto en que los Pliegos de Cláusulas Administraciones particulares exigen una solvencia técnica en base a la experiencia en la prestación de servicios similares al que es objeto del contrato, un servicio de tele asistencia, tomando como referencia el número de terminales operados en otros servicios, criterio que al Tribunal no le parece que sea arbitrario ni ajeno al objeto contractual.

Argumenta que:

«Señala el artículo 90.1 a) de la LCSP:

“Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública.”

Además, el apartado 3 del mismo artículo señala: “Si el objeto contractual requiriese aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, lo que deberá acreditarse por los medios que establece el apartado 1 de este artículo.”

A la vista de dicho precepto, debe concluirse que en estos casos los pliegos pueden, sin ninguna duda, establecer requisitos adicionales que permitan concretar la experiencia, conocimientos y medios en las concretas materias a que se refiera la contratación, siendo además lícito, tal y como ha señalado la doctrina de este Tribunal, que dichos requisitos adicionales permitan garantizar que la experiencia demostrada por el licitador se refiere a servicios verdaderamente similares por razón del tipo de las prestaciones a realizar, por indicación de alguna o algunas de sus características, sin que pueda referirse a las cualidades de la entidad (resolución nº 438/2017).

Además, para la determinación de tales criterios el órgano de contratación goza de un amplio margen de discrecionalidad, basado en la doctrina de la discrecionalidad técnica, lo que limita el alcance de la revisión que ha de efectuar este Tribunal, que solo puede versar sobre i) aspectos formales de la valoración (competencia o procedimiento) y ii) si se ha incurrido en discriminación.

Ahora bien, ello no significa que el órgano de contratación pueda establecer requisitos de forma arbitraria o desproporcionada, sino que tales requisitos habrán de i) estar vinculados a lo que sea objeto de la contratación, ii) ser proporcionados a lo que es objeto de la contratación y iii) no ser discriminatorios, en el sentido de ser tan exigentes que de facto solo determinadas empresas puedan cumplir con los mismos, sin que exista justificación suficiente para ello.

Pues bien, en el presente caso, nos encontramos ante un contrato cuyo objeto es el servicio de teleasistencia. Según se describe en el PPT (apartado 2.1 segundo párrafo): “La teleasistencia se presta fundamentalmente a través de comunicación telefónica, pero también incluye visitas domiciliarias y actividades comunitarias de promoción del envejecimiento activo. Permite comunicarse durante las 24 horas y los 365 días al año, asegurando una atención permanente y ofreciendo respuesta inmediata ante determinadas eventualidades. El Servicio de Teleasistencia de Castilla-La Mancha es un servicio sin custodia de llaves, basado en la disponibilidad de personas de contacto con llave del domicilio”.

En el PPT se señala además (Apartado 4, Tabla E) el número de terminales domiciliarios y personas usuarias previstas a 31 de diciembre, habiéndose previsto un número de terminales en 2019 de 45.000 y alrededor de 56.000 personas usuarias, pasando en 2023 a 57.000 terminales y algo más de 71.000 personas usuarias.

Por ello, si en el PPT se señala que la prestación del servicio se efectúa fundamentalmente a través de comunicación telefónica no parece que sea arbitrario ni ajeno al objeto contractual definir los servicios similares en atención al número de terminales operador en otros servicios, pues es una forma de describir la dimensión del servicio que es objetiva, evitando entrar en otras características subjetivas de difícil calificación en esta fase del procedimiento de licitación. En definitiva, para garantizar la correcta prestación del servicio, se exige acreditar experiencia en un servicio de características similares, utilizando el parámetro del número de terminales como el parámetro objetivo que permite obtener esa similitud, lo que no se considera arbitrario.

Por otro lado, el número de terminales que se establece como umbral para la acreditación de la solvencia es de 20.000, es decir, menos de la mitad de los que se encuentran actualmente en operación, por lo que también cabe afirmar su proporcionalidad. Finalmente, tampoco es posible considerar que se trate de un criterio discriminatorio, puesto que no se ha justificado por la recurrente que solo pueda ser cumplido por empresas determinadas. En este sentido, debe darse la razón al órgano de contratación en el sentido de que el razonamiento lógico plasmado en el escrito del recurrente según el cual se estaría exigiendo acreditar haber prestado servicios de más de un millón de usuarios, resulta totalmente injustificado, teniendo en cuenta que en este caso la relación es de menos de 1,3 usuarios por terminal, según se deduce de la tabla antes mencionada y especialmente teniendo en cuenta, como dice el órgano de contratación, de la posibilidad de integrar la solvencia exigida con medios externos.

En definitiva, el criterio de solvencia impugnado se considera conforme a Derecho, por lo que no debe ser acogido el recurso en este punto.»

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