Observatorio de Contratación Pública

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Actualidad

Julio Tejedor Bielsa publica un libro sobre la contratación pública en España

21/09/2018
Libros

Julio Tejedor Bielsa, La contratación pública en España ¿Sobrerregulación o estrategia? Causas y consecuencias de su problemática aplicación, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2018, 151 pp.

Han sido ya tres las leyes de contratos públicos aprobadas en España desde nuestra incorporación a las Comunidades Europeas, la de 1995-2000, la de 2007-2011 y, ahora, la de 2017. Y han sido legión las leyes de reforma. Sin embargo, lejos de afrontar la indispensable labor de simplificación normativa, reclamada en multitud de sectores económicos por los operadores privados, la historia remota y reciente de la normativa española de contratación pública es la del progresivo incremento de la complejidad y, paradójicamente, de la incertidumbre e inseguridad.

Hoy día, avezados gestores de diferentes administraciones, que han venido desarrollando su actividad profesional durante muchos años en la contratación pública, apenas pueden apuntar cuánto tiempo durará un procedimiento de contratación por la profusión de trámites introducida por la nueva norma. Los criterios de aplicación, en un contexto en que a la profusión normativa se une la profusión orgánica en forma de juntas, órganos de recurso especial y órganos de control interno y externo, son inciertos, diversos o inexistentes. La gestión pública, y la actividad privada en relación con la misma, asumen ya, pocos meses después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, costes de transacción innegables que, a la postre, repercuten sobre la calidad de los servicios públicos.

En esta monografía se afronta con espíritu crítico el estudio de la última reforma de la normativa de contratación pública cuestionando, primero, que sea la reforma impulsada por la Unión Europea y, después, que sea la adecuada a las necesidades contractuales de los entes sujetos a las directivas europeas. Para ello se parte del contexto en que la nueva Ley se ha gestado y aprobado, continuista técnicamente con la normativa anterior, un contexto que se califica como tóxico, por el impacto de la corrupción y la profunda crisis económica, en el cual toda referencia a la simplificación y eficacia de la acción pública quedaba subordinada a la prevención de cualquier sospecha, atisbo o prejuicio de corrupción.

En esta situación, además, casi cualquier incidencia procedimental se considera corrupción y, una vez identificada, la única manera de afrontarla parece ser, bien una mayor regulación, poco afortunada técnicamente en ocasiones, bien la supresión del trámite o procedimiento en otras, sin reflexionar sobre su necesidad o conveniencia desde la perspectiva de la acción pública y el interés general. Lo que en ocasiones ha podido usarse mal se suprime, sin más, en la convicción de que, si no es posible utilizarlo, ni bien ni mal, el problema ha quedado resuelto.

La LCSP, a juicio del autor, nos distancia de Europa. Nuestra norma se aleja del espíritu de las directivas y del criterio expresado por las instituciones europeas cuando se contrata por debajo de los umbrales fijados en las mismas. Nuestra nueva Ley se aleja, también, de lo establecido en numerosas normas de otros Estados miembros que, no olvidemos, transponen las mismas directivas con mayor simplicidad y solvencia, sin caer en la sobrerregulación a que ha abocado la desconfianza en los gestores públicos subyacente en la regulación española. La reciente normativa contractual española, en fin, pone en riesgo la simplificación promovida por la Unión Europea y el uso estratégico de la contratación porque, aun cuando existan avances para los licitadores, la sobrerregulación de la actuación administrativa hará ineficaz lo que de positivo es posible encontrar en nuestra nueva norma.

El mestizaje conceptual querido por el legislador contractual estatal genera una complejidad innecesaria. Nada impedía, como en Francia, superar la anterior normativa sustituyéndola por una infinitamente más sencilla construida sobre las bases conceptuales de la normativa europea. La distinción de muy diversas categorías de entes sujetos a la Ley, la relevancia otorgada a su naturaleza jurídica y, en relación con la misma, a la clásica distinción entre contrato administrativo y contrato privado, la mezcla de normas de derecho administrativo y derecho privado en muchas ocasiones o la confusión entre técnicas contractuales y organizativas, entre otras cuestiones, son objeto de atención en las páginas que siguen poniendo de manifiesto, además, la sorprendente extensión que lo básico ha llegado a alcanzar en relación con la regulación de los contratos del sector público.

Los excesos regulatorios se traducen, por lo demás, en excesos organizativos. La nueva Ley no permitirá una mejor gobernanza de la contratación en España. Habrá muchos más órganos, sí, pero peor coordinados. Ya está ocurriendo. Habrá más criterios interpretativos, diversos, contradictorios también en ocasiones, y más inseguridad jurídica para los gestores. Ya los hay, ya la hay. Habrá, probablemente, más conflictos competenciales, también, como consecuencia del propósito del legislador estatal de imponer unas estructuras estatales de gobernanza sobre todo el sector público español, estatal, autonómico y local.

Es preciso afrontar una simplificación de la normativa contractual española más acorde con la normativa europea y en línea con la de otros Estados miembros. Es indispensable incluso. No es posible continuar legislando sobre mimbres y debates en gran medida superados. Francia, por ejemplo, lo asumió cuando se dotó de una nueva Ley en 2015 que derogó íntegramente el anterior código de contratos públicos, una norma sencilla, que se corresponde linealmente con lo establecido en las directivas y que confía en los gestores.

La sospecha no puede inspirar la regulación. La sobrerregulación no acabará con la corrupción. Lo que pondrá en riesgo, eso sí, es la eficacia de la gestión pública que, aun intentando cumplir normas como la reciente Ley objeto de esta obra, difícilmente lo logrará, quedando permanentemente bajo sospecha abonando así la desconfianza y desafección ciudadana. No será el legislador, sin embargo, quien sea percibido como responsable del empeoramiento de los servicios públicos, pues el papel lo soporta todo; lo serán la administración y los empleados públicos.

El libro puede adquirirse aquí donde pueden también consultarse sumario y primeras páginas.

 
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