Observatorio de Contratación Pública

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Actualidad

Aprobado el primer informe de gobernanza en contratación pública para España (2017)

22/05/2018

Las directivas de contratación pública de 2014 contemplan, dentro del ámbito de la Gobernanza en la contratación pública, la obligación de que los Estados miembros remitan a la Comisión Europea un informe cada tres años sobre distintos aspectos de la contratación (existe un modelo elaborado por la Comision Europea, y por tanto, toda la información concreta sobre contratación pública se presenta tomando como referencia el mismo). El objeto del informe es la contratación pública sujeta a regulación armonizada celebrada en 2017 por todos los poderes adjudicadores.

Tras su aprobación por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su reunión de 17 de abril de 2018, el Reino de España mediante la elevación a la Comisión del  Informe que se adjunta, viene a dar cumplimiento a la obligación de elaboración y remisión a la Unión Europea del informe de supervisión de la contratación pública establecida en los artículos 45 de la Directiva 2014/23/UE; en los artículos 83 y 85 de la Directiva 2014/24/UE; y en los artículos 99 y 101 de la Directiva 2014/25/UE; así como en el artículo 328.4 de la Ley 9/2017 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Se trata de un informe del año 2017 (los datos se han cerrado a 15 de diciembre de 2017) de los tres niveles de sector público: el sector público estatal; el sector público autonómico; y el sector público local. Pero este Informe no incorpora el informe de supervisión que en virtud de los artículos 332.8 y 328.4.a) de la Ley 9/2017 debía remitirle la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado e integrarse en el mismo, tal y como se ha visto en la letra anterior, al no haberse constituido la Oficina Independiente. 

Entre los “errores” en la aplicación de las normas de contratación aplicables se pueden destacar las siguientes:

1)     Se aprecian numerosos casos de error en la calificación en los pliegos del contrato como de gestión de servicio público, cuando se trata de un contrato de servicios porque no concurre el requisito de riesgo operacional asumido por el contratista. A la inversa, se presentan casos en los que el contrato se califica como de servicios tratándose de un contrato de gestión de servicios o públicos o concesión con arreglo a la Directiva 2014/24. 

2)    Dificultades en la aplicación del carácter obligatorio de la división del objeto del contrato en lotes. 

3)    Criterios de adjudicación que no reflejan la oferta económicamente más ventajosa debido a la utilización de una fórmula inadecuada de distribución de puntos.

4)    A veces los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor se establecen de forma genérica e imprecisa, sin especificar claramente los factores a valorar, lo cual amplia el ámbito de discrecionalidad.

5)    No relación directa con el objeto del contrato (de los criterios de adjudicación).

6)    No determinación de más de un criterio en los supuestos en que así es exigido.

7)    No se especifica "qué” se valora de manera precisa, y “cómo” se valora (el método o sistema de valoración) de las ofertas técnicas.

8)    Dificultades para las PYMES para acceder a las licitaciones. 

9)    Especialmente destaca la problemática muy variada relativa a la APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL y poca utilización de la misma (por ejemplo, solo un 12 por por ciento con criterios ecológicos).

Sobre el control administrativo de los órganos de recursos contractuales el Informe destaca que, de la información facilitada por estos (con excepción del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón), se obtiene la siguiente información:

1) Número de recursos presentados: 2.679 recursos. 

2) Número de recursos resueltos: 2.215 recursos. 

3) Número de recursos resueltos a favor del recurrente: 623 recursos, que representa un 28% de la totalidad de recursos resueltos

4) Número de procedimientos de contratación impugnados: 2229

5) Duración media del procedimiento de resolución: 38,8 días naturales.  

Sin duda, la información de este Informe supone un importante paso para avanzar en la nueva cultura estratégica de la contratación pública en España.

Más información:

 

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