Observatorio de Contratación Pública

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Contratación pública en proyectos de I+D+i. Propuesta del Observatorio de Contratos Públicos para su regulación mediante un procedimiento específico

Propuesta de modificaciones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

21/05/2018
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Justificación: La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público está generando dudas prácticas en los gestores acostumbrados a ciertas formas de aprovisionamiento. La necesidad de mayor transparencia, concurrencia y eficiencia obliga a repensar ciertas prácticas anteriores asentadas en la idea de la contratación directa. Sin embargo, la nueva regulación, claramente acertada en su filosofía general, presenta una especial problemática en el escenario de la compra de suministros y servicios en los proyectos de investigación gestionados por Organismos Públicos de Investigación (acostumbrados a una forma flexible de gestión de los recursos económicos de esos proyectos).

Desde esta perspectiva, conviene recordar que una correcta utilización del contrato público, como instrumento al servicio de políticas públicas, debe permitir reforzar los principios inherentes al modelo social europeo y garantizar su sostenibilidad en una situación geopolítica cada vez más tensionada desde los mercados orientales, que obligan a repensar y reforzar la estrategia del mercado interior europeo.

El principio de eficiencia, inherente a la contratación pública, no puede ser interpretado desde modelos exclusivamente economicistas, sino que debe velarse por el adecuado estándar de calidad en la prestación del servicio. Asimismo, debe favorecer un adecuado cumplimiento de las finalidades y sus tiempos, lo cual es especialmente determinante en la gestión de proyectos de investigación o de innovación.

La investigación y la innovación desempeñan un papel central en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 1. Europa 2020 tiene como lema “De la idea al mercado”, poniendo el acento en la necesidad de una mayor cercanía al mercado en el apoyo a los proyectos, para evitar que cientos de millones de euros de fondos europeos nunca lleguen al mercado, como venía siendo hasta ahora. Con una política activa de investigación y de innovación mediante la contratación pública se puede favorecer el apalancamiento de fondos hacia actividades de I+D+i empresarial, así como apoyar la comercialización de la I+D+i empresarial (el primer cliente es cliente de referencia).

Estos objetivos exigen una adecuada conciliación con los principios de la contratación pública de transparencia e integridad, con el fin de que una burocracia excesiva, en este ámbito tan singular, no dificulte o impida la gestión y desarrollo de la investigación y la innovación en España, caracterizada por una gestión muy atomizada de los proyectos y directamente vinculada, en muchas ocasiones, al investigador principal. Esta realidad dificulta la aplicación de las reglas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que, de forma no deseada, puede poner en riesgo la actividad de investigación e innovación, especialmente necesaria en la coyuntura económica actual (y que se promueve de forma muy activa por las Instituciones europeas).

En ese contexto, en tanto se prevén medidas organizativas de cooperación que incorporen la necesaria estrategia de profesionalización y capacitación en este ámbito 2, y se implanten medidas de racionalización técnica, resulta oportuno, al igual que en otros países europeos, diseñar un procedimiento singular de adquisiciones en el ámbito de la compra de suministros y servicios en Organismos públicos de investigación cuando se gestionan proyectos de investigación. Máxime cuando hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, eran negocios excluidos (art. 4 TRLCSP).

Con la finalidad de poder conciliar los distintos intereses públicos en juego, y con respeto a la filosofía de la nueva LCSP, vinculada al cumplimiento de fines estratégicos y a la necesidad de transparencia y simplificación, se propone la inclusión de un nuevo artículo en la LCSP 3.

Propuesta: artículo ------ Procedimiento de adquisición de suministros y servicios por Organismos Públicos de Investigación en la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.

  1. Los Organismos Públicos de Investigación, a través de sus unidades de gestión de proyectos, en contratos de suministros y servicios de importe inferior a 60.000 euros y superiores a 6.000 euros vinculados directamente a la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación, podrán utilizar la tramitación de este procedimiento, que consistirá en:

    a) Se invitará a presentar oferta al menos a cinco empresas, salvo que se justifique la imposibilidad por ausencia de tal concurrencia en el mercado. En este caso, se invitará al máximo de empresas disponibles para el cumplimiento del contrato.

    b) La invitación contendrá una descripción mínima del objeto, condiciones de adjudicación y reglas de ejecución y cumplimiento. En todo caso, se presume la solvencia y capacidad de las empresas para la licitación y la adjudicación.

    c) El plazo mínimo será de 5 días para presentación de ofertas.

    d) La unidad promotora publicará el resultado de la adjudicación en el perfil de contratante y lo notificará a las empresas invitadas.

    e) La adjudicación supondrá la formalización del contrato y no se solicitará garantía definitiva.

  2. En los contratos inferiores a 6.000 euros, iniciado previamente el expediente y justificando la necesidad, bastará con la presentación de la factura. Será posible celebrar otros contratos con el mismo contratista siempre que se justifique adecuadamente en el expediente que no se dan las circunstancias prohibidas de actuación fraudulenta.
  3. La utilización de este procedimiento, en sus dos modalidades, exigirá la justificación expresa de no fragmentación del objeto de la prestación y la inexistencia o no posibilidad de utilización de procedimientos de racionalización técnica.
  4. En las prestaciones de importe inferior a los 1.000 euros, en tanto se consideran gasto menor, bastará con la presentación de la factura electrónica.

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1 En el Libro Verde Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE, COM (2011) 48 final, de 15 de febrero de 2011, se indica que el logro de los objetivos ampliamente respaldados de crecimiento inteligente, sostenible e integrador fijados en Europa 2020 depende de la investigación y la innovación, que constituyen los motores fundamentales de la prosperidad social y económica, así como de la sostenibilidad del medio ambiente.

2 La opción de la Unión Europea sobre esta política de profesionalización de la contratación pública queda muy bien reflejada en la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública - Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. (BOE de 7 de octubre). En esta importante Recomendación se recuerda que los Estados miembros deben elaborar y aplicar estrategias de profesionalización a largo plazo para la contratación pública, adaptadas a sus necesidades, recursos y estructura administrativa, de manera autónomas o como parte de políticas más amplias de profesionalización de la administración pública. El objetivo es atraer, desarrollar y retener competencias, centrarse en el rendimiento y los resultados estratégicos y aprovechar al máximo las herramientas y técnicas disponibles. Para ello se insta a los Estados a elaborar programas adecuados de formación.

3 Conviene recordar las conclusiones del Informe de fiscalización de las Universidades Públicas del Tribunal de Cuentas de España, ejercicio 2003, publicado en el BOE de 4 de marzo de 2010, donde se indica que uno de los ámbitos de menor trazabilidad administrativa en la gestión universitaria es la contratación de la investigación.

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