Observatorio de Contratación Pública

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Actualidad

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en relación con el asunto T-292/15

12/03/2018
Logotipo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El día 28 de febrero de 2018 el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha emitido esta sentencia, la cual tiene por objeto una demanda basada, entre otros extremos, en una supuesta ilegalidad a causa de la insuficiencia de supervisión de un procedimiento de licitación por parte de la entidad respectiva y la inexistencia de investigación relativa a un conflicto de intereses en favor de una de las sociedades miembro de un consorcio licitador, al haber participado un experto de la misma en la redacción de los términos de referencia de la licitación. 

Respecto de esta cuestión, el TGUE recuerda que si una persona puede, cuando licita en el contrato público de que se trate, influir involuntariamente en las condiciones de este, orientándolo en un sentido que le sea favorable, dicha persona puede encontrarse en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses, situación que puede falsear la competencia entre los licitadores. En particular, señala que existe un riesgo de conflicto de intereses en el supuesto de que se haya encargado a una persona la realización de trabajos preparatorios en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público. No obstante, el TGUE indica que hay que tener en cuenta que sólo se permite excluir a un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato público si la situación de conflicto de intereses es real y no hipotética, para lo cual es preciso que un riesgo de conflicto de intereses sea efectivamente constatado, tras una valoración en concreto de la oferta y de la situación del licitador. Asimismo, afirma que aunque el poder adjudicador no tiene una obligación absoluta de excluir sistemáticamente a los licitadores en situación de conflicto de intereses, la exclusión en dicho caso resulta indispensable cuando no se dispone de un remedio más adecuado para evitar cualquier vulneración de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia.

También, el TGUE recuerda que, dado que el poder adjudicador debe dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar con transparencia está obligado, en cualquier caso, a comprobar la existencia de eventuales conflictos de intereses y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner remedio a los mismos. En este sentido, la obligación de diligencia se impone necesariamente al poder adjudicador cuando dispone de información relativa a un riesgo de conflicto de intereses y debe, por lo tanto, determinar si ese riesgo es real o no. Por lo tanto, este Tribunal afirma que, dado que un conflicto de intereses menoscaba la igualdad entre los licitadores, la decisión de no excluir a un candidato sobre el cual se ha formulado una alegación de conflicto de intereses sólo puede adoptarse si el poder adjudicador puede tener la certeza de que el candidato no se encuentra en tal situación.

En efecto, el TGUE declara -sin pronunciarse sobre si en el caso concreto se produjo un conflicto de interés- que, dado que la entidad competente no examinó con cuidado, prudencia e imparcialidad todos los elementos que hubiesen permitido excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses en favor de una de las sociedades miembro de un consorcio licitador y cuestionar la existencia de un riesgo manifiesto de conflicto de intereses generado por la implicación de un experto de dicha sociedad en la redacción de los términos de referencia de la licitación, no podía tratar del mismo modo a todos los licitadores. En consecuencia, determina que constituye una violación del principio de igualdad de trato recogido en el artículo 89 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y, por tanto, una violación de normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que un eventual conflicto de intereses puede tener para el resultado de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

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