Observatorio de Contratación Pública

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Actualidad

Resoluciones del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

12/03/2018
Tribunal de Contractes del Sector Públic

El día 14 de febrero de 2018 el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha emitido las siguientes resoluciones:

  • Resolución 17/2018: Alcance de la notificación de adjudicación y validez de la “motivación in alliunde”. 

    El Tribunal recuerda que la notificación de adjudicación debe contener la información suficiente para poder interponer un recurso fundamentado, admitiendo la posibilidad de fundamentar el sentido del acto administrativo sobre informes o documentos técnicos que constan en el expediente administrativo, recogida en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015 y admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También recuerda que en un procedimiento competitivo “las proposiciones presentan muy a menudo aspectos diferenciados que reclaman una puntuación diferenciada, proporcional al grado de consecución de los parámetros establecidos para llevar a cabo la valoración de los aspectos sujetos a juicio de valor.” Por último, concluye que la falta de motivación y existencia de errores en la motivación de la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor debe comportar la anulación de todo el procedimiento de licitación, con el fin de garantizar los principios de igualdad de trato, de libre concurrencia, de invariabilidad de la oferta y de secreto de las proposiciones.  

  •  Resolución 18/2018: Configuración de los criterios de adjudicación versus prescripciones técnicas. La falta de motivación de los criterios de adjudicación comporta la retroacción de actuaciones al momento procedimental apropiado.

    A partir del análisis del criterio de adjudicación impugnado, el Tribunal establece que su definición puede estar basada en algunos requerimientos y limitaciones de las prescripciones técnicas y, aunque su relación es particularmente estrecha, la finalidad de estas es sustancialmente diferente de la de los criterios de adjudicación. Así, “mientras que una contravención de las prescripciones técnicas implica, como norma general, la exclusión del procedimiento, la contravención o no adecuación a un determinado criterio de adjudicación supone la obtención de menos o ninguna puntuación, pero no necesariamente la exclusión del procedimiento”.

    El Tribunal recuerda que “los requisitos que deben cumplir los criterios de adjudicación son: que estén relacionados con el objeto del contrato, que no otorguen una libertad incondicional de elección, que conste expresa referencia en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, y que respeten los principios fundamentales de Derecho comunitario, eso es, principios de igualdad de trato y de no discriminación”. Por último, concluye que la utilización de un sistema de valoración dicotómico, no proporcional, vulnera el principio de transparencia en el sistema de atribución de puntuación de los criterios de valoración y, por lo tanto, hay que evitarlo.

  • Resolución 21/2018: Cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos.

    El Tribunal recuerda que la exigencia y la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos, los cuales vinculan a las empresas licitadoras y al órgano de contratación, son el “corolario de la aplicación del principio de igualdad de trato entre las empresas licitadoras, y la correlativa obligación de transparencia en la actuación del órgano de contratación”. La documentación técnica examinada lleva a concluir que el análisis efectuado por el órgano de contratación de las características técnicas de las proposiciones de los licitadores fue ajustada a los requisitos técnicos mínimos exigidos en el pliego.

El día 22 de febrero de 2018 el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha emitido las siguientes resoluciones:

  • Resolución 12/2018: Equilibrio entre los principios de confidencialidad y publicidad. Discrecionalidad técnica en la valoración de las ofertas.

    El Tribunal recuerda que “debe existir un equilibrio razonable y prudente” entre el principio de confidencialidad y el de publicidad e información a los licitadores a efectos de poder fundamentar suficientemente su recurso. La ponderación de los derechos afectados se tendrá que hacer caso por caso, teniendo en cuenta que “las materias sobre las cuales pivota la confidencialidad en el ámbito de la contratación pública son los secretos industriales, técnicos o comerciales, los intereses comerciales legítimos, los derechos de propiedad intelectual o la información que pueda afectar a la competencia leal entre las empresas”.

    También considera que no existe motivo de exclusión de un licitador por la presentación de la memoria técnica para los dos lotes en un único documento, invocando una interpretación funcional y teleológica de los principios básicos, “sin que un excesivo formalismo en la aplicación de los pliegos pueda afectar a la necesaria libre concurrencia que debe guiar la contratación pública”. Por último, recuerda que “los órganos técnicos de valoración de las ofertas disponen de una discrecionalidad en la apreciación de las cuestiones de carácter técnico que no es controlable desde el punto de vista jurídico, es lo que la jurisprudencia ha denominado núcleo material de la decisión”. No obstante, la discrecionalidad técnica no es absoluta y añade que la carga de la prueba de su arbitrariedad o error corresponde a quien pretende corregirla, en este caso el recurrente. 

  • Resolución 19/2018: Vinculación entre el objeto del contrato y el criterio de adjudicación impugnado. Requisitos de las mejoras.

    El Tribunal considera que existe vinculación entre el criterio de adjudicación impugnado (puntuación de las mejoras mediante el compromiso de realización de viajes adicionales sin coste), y el objeto del contrato (servicio de transporte escolar), “porque se trata siempre del mismo servicio, el cual puede tener una vertiente de transporte de viajeros y de transporte escolar”, tal como indica el pliego; y que, a diferencia de las variantes, “las mejoras son prestaciones accesorias y/o adicionales a las incluidas en el objeto del contrato, pero vinculadas a él” y que, por su carácter accesorio, “deben tener una proporcionalidad respecto del contrato en que se insertan”. Según el Tribunal, “hay que afirmar que las mejoras tienen que estar previstas en los pliegos y en el anuncio, tener relación con el objeto del contrato y detallar con precisión los requisitos mínimos y las modalidades de presentación, no admitiéndose las mejoras genéricas”. Así, al no dar cumplimiento al último requisito establecido, corresponde la anulación de la cláusula.

  • Resolución 28/2018: Inadmisión del recurso por falta de legitimación activa.

    El recurso se formula contra la declaración de la licitación desierta por falta de ofertas admisibles. No obstante, dado que la exclusión de la recurrente fue debidamente notificada a la empresa recurrente y ésta no la impugnó en tiempo y forma, y por lo tanto, este acto quedó confirmado. El Tribunal entiende que, por este motivo, ha decaído la legitimación ad causam de la recurrente para impugnar la declaración de la licitación desierta, que ha sido acordada, por lo tanto, en el marco de una licitación de la que ya no era parte, una vez excluida.

  • Resolución 29/2018: Acreditación de la solvencia a través de medios externos.

    El Tribunal considera, en relación con los requisitos de solvencia, que la integración de su totalidad a través de medios de terceras personas no es admisible si la empresa adjudicataria no acredita un mínimo de solvencia “propia”. También recuerda que cuando una empresa recurre a las capacidades de otras, se le impone como obligación que demuestre que contará efectivamente con aquellos medios externos para la ejecución del contrato “y, adicionalmente, que la empresa licitadora acredite un mínimo de solvencia propia y el recurso a medios externos no se invoque cuando se refiera a aspectos propios e intrínsecos de la organización y el funcionamiento de las empresas”. Por último, el Tribunal advierte de una omisión, por parte de la mesa de contratación, del requerimiento para la acreditación suficiente de la aptitud de la empresa licitadora.  

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