Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Contrato de suministro en el que las obligaciones impuestas al contratista para su ejecución no alcanzan autonomía propia como prestaciones propias de un contrato de servicios

Resolución 273/2017 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

23/01/2018

El motivo fundamental esgrimido por la recurrente es que el órgano de contratación ha calificado erróneamente el contrato como de suministro de productos farmacéuticos, al concurrir también prestaciones propias de un contrato de servicios -instalación, formación del personal y servicio logístico de reparto de medicamentos en varios hospitales-, por lo que la calificación correcta debe ser, a su juicio, la de contrato mixto. En tal sentido, argumenta que el pliego de prescripciones técnicas (PPT) prevé obligaciones relativas a un contrato de servicios tales como:

  • Satisfacción de gastos de instalación y en caso de ser necesario, formación necesaria del personal propio de los centros para la utilización del objeto del contrato.
  • Entrega de los sueros en los almacenes de consumo de los lugares indicados en el Anexo II del PPT “Puntos de distribución de sueros”, lo que constituye, dado el número de puntos de distribución, un auténtico servicio logístico.
  • Reposición de productos en los almacenes y obligación de llevarse los residuos y embalajes de los mismos.

Así pues, la recurrente considera que, a través de todas estas obligaciones, el adjudicatario tiene que asumir prestaciones propias de un contrato de servicios que suponen un auténtico servicio logístico, completo e independiente, con una dimensión de costes que lo hace económicamente relevante en sí mismo.

En el supuesto examinado, el Tribunal estima que la clave para determinar si estamos ante un contrato mixto en el que se fusionan prestaciones de diferentes contratos (artículo 25.1 del TRLCSP) o ante un contrato de suministro del que derivan obligaciones propias de un contrato de servicios que ha de asumir el contratista, exige atender a la autonomía y entidad de las obligaciones impuestas al contratista. En el supuesto examinado, la entrega de los bienes en los lugares de destino no solo es que sea una obligación legal derivada del contrato de suministro (artículo 292.1 del TRLCSP), sino que la misma carecería de autonomía como prestación de servicios al estar implícita en el suministro y no poder desligarse del mismo, pues no se entiende en el marco normativo contractual la compra de un bien sin su entrega y puesta a disposición de la entidad contratante. Asimismo, por lo que se refiere a la formación del personal en caso de ser necesaria, su propia configuración en los pliegos impugnados impide apreciar su autonomía y entidad como prestación independiente, pues la misma no subsistiría sin la existencia del suministro objeto del contrato, ni la ejecución del suministro supone necesariamente que la formación vaya a llevarse a cabo.

A continuación, se transcriben los apartados más relevantes de la Resolución:

« (…) ya la Resolución 114/2014, de 8 de mayo, de este Tribunal reconocía que el término “suministro” comprende la entrega física de la mercancía y que la distribución logística en los almacenes de consumo no sería más que la materialización de la obligación prevista en el art. 292.1 del TRLCSP para el contrato de suministro “El con tratita estará obliga do a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fija dos en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnica s y cláusulas administrativas.”

En definitiva, pues, pese a la complejidad que pueda conllevar la distribución de los sueros en los distintos lugares fijados en el contrato, ello se traduce en una obligación legal derivada del contrato de suministro que no puede alcanzar entidad autónoma como prestación propia de un contrato de servicios, máxime cuando ni siquiera se refleja en el recurso el coste aproximado que tal obligación pudiera suponer para el adjudicatario, siendo así que tal dato no debiera ser desconocido para la recurrente, pues la obligación cuestionada no se introduce ex novo en estos pliegos y debe existir experiencia en el sector sobre el gasto derivado de su cumplimiento.

Asimismo, por lo que se refiere al servicio de formación del personal, tampoco puede acogerse el alegato de la recurrente sobre su configuración como prestación propia de un contrato de servicios. El tenor del PPT es que el adjudicatario facilitará formación sobre la utilización del objeto del contrato en caso de ser necesaria, lo que pone de manifiesto dos circunstancias:

  • 1º. Que tal formación no es ni siquiera una obligación cierta que deba ejecutar, en todo caso, el contratista.
  • 2º. Que la formación, en caso de ser necesaria, solo afectará por razones lógicas al personal de los Servicios de Farmacia o que trabaje en los almacenes de consumo, pero en modo alguno a todo el personal del centro hospitalario como pretende hacer ver la recurrente en su escrito de recurso.
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