Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

La limitación de la antigüedad de las aeronaves para prestar un servicio de transporte sanitario y de emergencias es admisible si busca unas características técnicas mínimas que permitan unas prestaciones de mayor calidad

Acuerdo 100/2017 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

25/10/2017

El Tribunal declara ilegal el criterio de adjudicación establecido en el PCAP, en cuanto a la ampliación del plazo de pago de 30 a 60 días.

Argumenta el Acuerdo que:

«Como es sabido (por todos, nuestro Acuerdo 79/2017), el diseño de las reglas de la licitación pública debe respetar los principios de la contratación pública (artículo 139 TRLCSP), y en especial, el principio de igualdad de trato (por todos, nuestro Acuerdo 3/2011), que tiene por objetivo garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder adjudicador (por todas, STJUE de 2 de junio de 2016, Pippo Pizzo), ni que se limite indebidamente la competencia (para ello es necesario, como ha recordado la Resolución 391/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que el contrato sólo pueda ser adjudicado a un licitador, por ser el único que pueda satisfacer los requisitos exigidos).

En todo caso, el órgano de contratación, teniendo en cuenta estos parámetros interpretativos, de conformidad con el artículo 22 TRLCSP, goza de libertad para definir y determinar el objeto del contrato para satisfacer, del modo más eficaz y eficiente, las necesidades que se le planteen. Y así se ha señalado en nuestros Acuerdos 91/2015, 56/2016 o 58/2017 (criterio que igualmente sostiene el Tribunal Central de Recursos Contractuales en sus Resoluciones 115/2011 y 83/2012 al recordar la existencia de discrecionalidad técnica para decidir el objeto de la prestación).

Este es el caso de la exigencia de las características impugnada por la recurrente, relativa al máximo de antigüedad de los helicópteros que prestaran un servicio dirigido a las personas, que, según se argumenta en el informe del órgano gestor ex artículo 46.2 TRLCSP, pretende no solo preservar la necesaria seguridad en este tipo de transporte, sino también una mayor calidad de la prestación.

Pues bien, del análisis de los datos que obran en el expediente, la pretensión de la recurrente, que cuestiona por desproporcionada y contraria a la competencia (sobre el argumento de que la seguridad de las aeronaves no puede ser valorada en la licitación pública), debe ser desestimada.

A juicio de este Tribunal administrativo, en modo alguno, puede calificarse de caprichosa ni arbitraria la decisión del órgano de contratación, relativa a un servicio de especial sensibilidad (máxime con conocidos precedentes que no pueden ser obviados por un poder adjudicador diligente), y sus características de mayor y concreta calidad. Esta exigencia de antigüedad no pretende limitar indebidamente al mercado; sino que busca unas características técnicas mínimas que permitan unas prestaciones de mejor calidad y menor riesgo claramente compatibles con la esencia de los principios de la contratación pública. Además, el valor estimado ha tenido en cuenta esta exigencia, de tal manera que se justifica la intención de valorar en la licitación el mayor nivel del objeto exigido.

La explicación de los motivos de esta decisión y de su necesidad y conveniencia, a la vista de la documentación del expediente y del informe del órgano gestor, resulta indubitada, y desvela, por si misma, la incongruencia de la argumentación de la recurrente, a quien no le corresponde «sustituir el criterio de interés público» que acompaña a la propia licitación, por sus propios intereses comerciales. Preservar la mayor calidad y laminar los riesgos de incidencias es claramente una decisión coherente con la satisfacción del interés público desde la perspectiva del derecho a una buena administración (artículo 41 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

En consecuencia, la exigencia máxima de antigüedad resulta coherente con la esencia del principio de igualdad de trato entre los licitadores que exige todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores (Sentencia TJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di frutta).

Cualquier licitador puede ofertar helicópteros de esas características sin que tal exigencia limite o cierre el mercado de forma indebida pues un plazo de 6 años, resulta razonable para que no resulte excesivamente restrictivo.»

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