Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Utilización como criterio de adjudicación de etiquetas medioambientales en un contrato de suministro de electricidad.

Resolución 256/2017 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

10/10/2017

La Resolución analiza la posibilidad de establecer como criterio de valoración del etiquetado de electricidad que otorga anualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en función de las previsiones de la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional de la Energía.

«Se cuestiona la adecuación a derecho del criterio de adjudicación relativo a la etiqueta de la electricidad del licitador durante 2016. Reprocha la recurrente que lo que cuenta y puntúa son las etiquetas de las empresas comercializadoras que los licitadores tenían en el 2016, es decir, ex ante del concurso y de la ejecución del objeto, y lo establece como criterio técnico de adjudicación cuando no hay ninguna vinculación con la prestación y sí con las características de la empresa.

Considera el Ayuntamiento que de ningún modo puede aceptarse la alegación relativa a que el criterio de valoración excluye a determinadas comercializadoras, dado que, por definición los criterios de valoración no implican exclusión en ningún caso ya que el licitador puede o no ofertarlos, sin que se impongan con carácter obligatorio por parte del órgano de contratación. De manera que ninguna comercializadora, con independencia del tipo de etiqueta (A, B, C, D, E, F o G) otorgada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, quedará excluida en aplicación de este criterio que, por otra parte, puntúa únicamente hasta 5 puntos sobre 100, por lo que el carácter determinante de la oferta estará en el precio.

Señala el informe del órgano de contratación que el origen de la energía eléctrica y su mix de composición forman parte de la sustancia material de la misma, justificándose así su inclusión como criterio de valoración, ya que las características a que se refiere la etiqueta y que la misma acredita, en definitiva, son precisamente la descripción de una de las características esenciales de la energía suministrada, con lo que no puede negarse la relación con el objeto del contrato. Cuando el criterio medioambiental se concrete en la realización de la prestación misma -como ocurre en el caso que nos ocupa, al tratarse de un suministro y de una característica específica del bien suministrado- será procedente, como señala el propio Considerando 97 de la Directiva 2014/24/UE, la inclusión de consideraciones medioambientales como criterios de adjudicación, que es precisamente lo que hace el PCAP objeto de recurso, incluso cuando dichos factores no formen pare de su sustancia material.

Tanto la Directiva 2014/24/UE, como el TRLCSP habilitan la posibilidad de incluir consideraciones medioambientales incluso aunque se refieran a procesos que tienen lugar durante todo el ciclo de vida de la prestación. Se pueden incluir tanto en la definición de las prescripciones técnicas como en fase de adjudicación o en fase de ejecución. El artículo 150 del TRLCSP, relativo a los criterios de valoración de las ofertas establece: “1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como (…) las características medioambientales”.

Debemos partir del reconocimiento legal de la posibilidad de introducir criterios medioambientales para la selección de la oferta más ventajosa de manera que además del precio el requisito medioambiental determine que el suministro ofertado sea más adecuado para la ejecución del contrato.

El requisito de la vinculación al objeto del contrato se ha venido entiendo en el sentido de que los criterios de adjudicación deben referirse a los aspectos de la oferta, es decir, a las condiciones bajo las que los licitadores proponen la ejecución de la prestación contratada. En cambio, no caben como criterios de adjudicación los aspectos relativos a la capacidad técnica, económica o profesional de los licitadores, especialmente los referidos a las características de la empresa, los cuales sólo son aceptables como criterios de determinación de la solvencia.

Mientras los criterios de selección sirven para definir los proveedores capaces de realizar una oferta, los criterios de adjudicación sirven para comparar ofertas y determinar cuál es la más ventajosa. De este modo, en el proceso de adjudicación de un contrato, en una primera fase se analizan los requisitos de solvencia de las personas físicas o jurídicas que han presentado oferta, y una vez que se entiende cumplido el requisito de solvencia, se reconocen como válidas las ofertas y se declara la admisión de los licitadores en el procedimiento, siendo el trámite siguiente el análisis de los criterios de adjudicación.

La etiqueta de la electricidad del licitador se refiere a aspectos objetivos de la composición de las fuentes de producción de la electricidad distribuida o comercializada. Como hemos afirmado más arriba, al ser indistinguible la fuente de la energía recibida de la de otros clientes conectados al mismo sistema eléctrico el porcentaje de dichas fuentes se incorpora a la naturaleza de la energía objeto de suministro y sería susceptible de incluirse como criterio de adjudicación cuando admitiendo cualquier origen de producción de la energía se valore la mejor oferta en función del impacto en emisiones de CO2. Procede en este supuesto aceptar lo alegado por el Ayuntamiento relativo a que forme parte de la sustancia material de la prestación que no es otra que el suministro de la energía cuyo mix de composición se puntúa.

Pero en el caso del pliego que nos ocupa se puntúa la distribución mayoritaria de energías renovables como característica subjetiva de la comercializadora con independencia de la energía que es objeto del contrato. Podría admitirse la naturaleza objetiva del criterio, en este momento y en este caso si se está valorando no el origen de la energía contratada en el año n-1 por la comercializadora sino el impacto en emisiones de CO2 de la energía que concretamente se oferte al Ayuntamiento, pues a pesar de su certificado de origen renovable o de cogeneración de alta eficiencia puede suponer emisiones de CO2, siendo el objetivo de la valoración el mínimo impacto de emisiones de CO2.

Ocurre, sin embargo que la etiqueta se expide a la comercializadora no por el suministro concreto que hará al Ayuntamiento (energía de procedencia de fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia), lo que permitiría comparar la menor emisión de CO2 de la energía que se compra, sino por un etiquetado para su cuya obtención se han tenido en cuenta todas las fuentes de obtención de la energía distribuida por la comercializadora entre las que puede figurar carbón, fuel, gas u otras más contaminantes que la que es objeto de compra en el contrato. Es decir, se ha obtenido una etiqueta en la clasificación por emisiones de CO2 consecuencia de la distribución o comercialización de electricidad de origen no renovable que nada tiene que ver con el objeto del contrato.

Por tanto, no puede admitirse el criterio de adjudicación referido a la etiqueta de la electricidad comercializada o distribuida el año anterior en cuanto no discrimina las emisiones de CO2 de la energía contratada respecto del total de las emisiones del mix comercializado por la distribuidora. Ello no empece para que si el órgano de contratación lo considera, establezca en el pliego algún sistema que, con base en la etiqueta, permita valorar exclusivamente los niveles de emisión de CO2 de la energía procedente de fuentes de cogeneración de alta eficiencia.

En consecuencia, debe declararse la nulidad del criterio de adjudicación referido a la etiqueta de la electricidad comercializada o distribuida el año anterior. La anulación del criterio de adjudicación supone la eliminación del PCAP de un elemento esencial, alterando el valor relativo de la ponderación otorgada a los restantes, en este caso el precio, lo que impide la conservación de los actos que no se vieran afectados, como mantener el resto de criterios, el resto del clausulado y el procedimiento de contratación con la supresión únicamente de dicho criterio. La presencia de pluralidad de criterios, significa que cada uno de ellos influye en la cuantificación de la oferta económica.»

 

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