Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Determinación del objeto del contrato: resultan inadmisibles aquellas cláusulas que dejan al arbitrio de la entidad contratante la realización o no de algunas de las prestaciones del contrato, previstas y presupuestadas

Resolución 344/2017 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

12/07/2017

La Resolución analiza la indeterminación del objeto del contrato plateada por la recurrente, y en aplicación de los artículos 22.1 y 86.1 TRLCSP y 2.1 y 67 RGLCAP, entiende que:

« El objeto del contrato, que configura las prestaciones de las partes, debe ser determinado, definido. Por su interés, podemos traer aquí a colación el Acuerdo 84/2015, de 10 de agosto de 2015, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que hacía suyo este Tribunal en la Resolución 991/2015, de 23 de octubre de 2015, y en el que se indica:

“El objeto de los contratos son las obligaciones que él crea, y esas obligaciones, a su vez, tienen por objeto prestaciones (sea de dar cosas, de hacer o de no hacer) que constituyen el objeto de la ejecución del contrato. Esta es la razón de que todas las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del sector público, tengan la obligación de determinar y dar a conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto de adjudicación. Cualquier aceptación genérica o confusa, comporta para el licitador inseguridad jurídica. De este modo, en función de la descripción utilizada por la Administración para definir las prestaciones que comprende el negocio jurídico a celebrar, los empresarios advierten su capacidad para concurrir a la licitación, a través de relación entre el objeto del contrato y el objeto social del licitador. En este sentido, en el anuncio delicitación y en los pliegos de condiciones, siempre se debe señalar con la mayor exactitud posible el objeto y alcance de las prestaciones que se desean contratar, de forma que los operadores económicos puedan identificarlas correctamente y en su caso, decidir presentar sus ofertas.”

Con tales antecedentes, asiste la razón al recurrente en cuanto a la falta de determinación del objeto del contrato. Y ha de otorgársele la razón, tanto en la indefinición de la cláusula 1.1, como de la cláusula 26.1.5 PCAP. Y ello no sólo porque no se haya definido con precisión el objeto del contrato, sino porque además cabe entender que al no determinar correctamente el objeto del contrato, no se ha protegido adecuadamente el presupuesto del consistorio, tal y como pasamos a exponer.

En la cláusula 1.1 PCAP se indica que el objeto general del contrato es el relativo a la redacción del documento para los trabajos de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes. Sin embargo, también formará parte del objeto del contrato, entre otras cosas, para la tramitación simultánea e independiente, el estudio, y en su caso, la elaboración de los trabajos de redacción de los planes Especiales y de los correspondientes informes de Evaluación Ambiental estratégica Ordinaria, de los Planes Especiales tramitados con anterioridad, al amparo de previos planes generales de ordenación.

Bien, no nos puede ser ajeno el hecho de que no genera la misma carga de trabajo para un licitador el estudio que la elaboración de un plan especial de desarrollo urbanístico. Y dado que no se precisa si sólo deberá realizarse el estudio, o si se añadirá también la elaboración, cuestión que queda al arbitrio del órgano de contratación, ha de estimarse contraria a Derecho la cláusula impugnada, al vulnerar los artículos 86.1 del TRLCSP y 2.1 del RGLCAP.

Y decíamos que puede además constituir un deficiente manejo del presupuesto público, porque el carácter abierto de la cláusula genera el siguiente problema: si llegara a exigirse la redacción del plan especial, y no sólo su estudio, el licitador habría de asumir su realización, pues debería haber previsto tal posibilidad en su oferta, calculando el correspondiente coste-beneficio del contrato. Sin embargo, si el consistorio ha previsto en el presupuesto la realización de ese trabajo (lo que se da por sobreentendido), y posteriormente no exige su realización, satisfará al adjudicatario la parte de un trabajo que no se habrá llegado a realizar. Y es que este concepto no aparece como una partida independiente en la cláusula 24 PCAP relativa a los abonos al contratista; por tanto, no hay forma de separar su pago en atención a su efectiva realización.

Por tanto, la Administración no puede utilizar este tipo de cláusulas, en las que por su redacción queda al arbitrio de la misma la realización o no de algunas de las prestaciones del contrato, previstas y presupuestadas.»

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