Observatorio de Contratación Pública

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Unión europea

Conclusiones del Abogado General de la Unión Europea en relación a la exclusión de un licitador

Manuel Campos Sánchez-Bordona presenta las conclusiones sobre la exclusión de un licitador por condena penal a un antiguo administrador

28/06/2017 - Fuente: Generalitat de Catalunya
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En fecha 21 de junio de 2017 el Abogado General ha presentado estas conclusiones en las cuales declara que el artículo 45, apartados 2, letras c), d) y g) y 3 de la Directiva 2004/18/CE, no se opone a una norma de derecho nacional que permite al poder adjudicador, por una parte, tomar en consideración una condena penal impuesta al administrador de una empresa licitadora, por un delito que afecta a su moralidad profesional, cuando aquel haya cesado dentro del año anterior a la publicación del anuncio de licitación, y aunque la condena penal no fuera firme en aquel momento; y por otro lado, excluir de la participación en el contrato a la referida empresa licitadora, por no haberse desvinculado completa y efectivamente de la conducta del administrador penalmente sancionada.

El Abogado General fundamenta su decisión en que son los Estados miembros los que tienen que precisar las condiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 45 de la Directiva mencionada -precepto que establece causas facultativas de exclusión de los licitadores-, los cuales disfrutan de libertad para acoger y flexibilizar los criterios de exclusión. Así, señala que en el uso de esta libertad, las normas nacionales que definen las concretas causas de exclusión pueden incorporar, como factor relevante, el comportamiento de los administradores sociales contrario a la honorabilidad profesional; y que, por lo tanto, nada obsta a qué, para apreciar las causas de exclusión facultativas, una ley interna considere la falta de desvinculación de la empresa respecto del comportamiento delictivo de su administrador, cuando afecte a su moralidad profesional.

En concreto, respecto de que la norma de derecho nacional recoja que la causa de exclusión para participar en los procedimientos de adjudicación se aplicará también en relación con las personas que hayan cesado de su cargo "en el año anterior a la fecha del anuncio de convocatoria", si la empresa no demuestra que se ha disociado completa y efectivamente de la conducta penalmente sancionada, el Abogado General afirma que el plazo previsto en la norma interna "es razonable para sopesar la conexión entre la conducta del administrador y la empresa, en relación con las actuaciones inmediatamente precedentes al proceso de licitación". Así, el Abogado General afirma que las facultades de apreciación que la norma interna otorga al poder adjudicador no abocan inexorablemente a un resultado desproporcionado, sino que se observa la necesaria armonía entre los medios utilizados y la finalidad perseguida, que es la de alejar de los procedimientos de contratación a los licitadores que no son dignos de confianza, precisamente por no haberse desvinculado de la previa conducta criminal de sus administradores dentro de unos ciertos límites temporales.

Para consultar el texto de las conclusiones, acceder al documento adjunto a la noticia.

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