Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

El representante de la UTE no debe ser necesariamente una persona física. El requerimiento de subsanación de defectos en la documentación debe permitir a los licitadores conocer los defectos que se le imputan

Resolución 130/2017 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

28/06/2017

El Tribunal estima el recurso contra exclusión de la oferta de las recurrentes en compromiso de UTE, de la licitación de contrato de servicios, al no resukltar exigible que el representante de la UTE deba ser una persona física, y por falta de motivación adecuada del requerimiento de subsanación de la solvencia que no permite a las licitadoras conocer el defecto padecido que han identificado en la falta de apostilla de la Haya en la traducción de un certificado del Reino Unido, cuando de acuerdo con el expediente coexisten otras causas hechas valer por el órgano de contratación en sede de recurso.

A continuación se transcriben los apartados más relevantes:

« (…)cabe también señalar que frente a lo aducido por el órgano de contratación, ni del TRLCSP, -artículos 59, y 146.1 a)-, ni del propio PCAP se desprende que el representante de la UTE haya de ser una persona física, sin perjuicio de que obviamente la persona jurídica representante de la UTE deba actuar a través de una persona física, por lo que no hay incompatibilidad normativa que exija el desplazamiento de la norma especial a efectos fiscales por la normativa en materia de contratación pública.

El análisis debe completarse con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACPA), “Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas”.

Esta ley resulta aplicable supletoriamente en caso de laguna, como es el supuesto que nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la Disposición final tercera del TRLCSP tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cabiendo citar las Sentencias, de 2 de octubre de 2007 (RJ 2007/7035) y de 13 de marzo de 2008 (RJ 2008/1379) ha declarado la aplicación supletoria de la LRJ-PAC (en la actualidad LPACAP), en caso de laguna, aunque el supuesto concreto que examinan no sea el mismo que ahora nos ocupa. De esta forma, pudiendo ser las personas jurídicas representantes de otras y no estableciendo la legislación de contratos ni los pliegos la obligación de que el representante de las empresas que concurren en compromiso de UTE sea una persona física el requerimiento de subsanación efectuado era innecesario puesto que Ferrovial ya había aportado escritura de poder debidamente bastanteada a favor de persona física.

(…) A la vista del contenido del recurso resulta claro que las recurrentes desconocen el motivo exacto de la exclusión de su oferta que identifican únicamente con la falta de apostilla de uno de los certificados emitido por un ente público británico. Lo cierto es que no se alega falta de motivación, pero no lo es menos que para las recurrentes la única justificación de su exclusión es la falta de apostilla del Convenio de La Haya del certificado aportado por MTCnovo, en relación con el Servicio de rehabilitación y gestión de delincuentes en Thames Valley (área metropolitana de Londres, años 2015 94.328 y 2106 98.101.120 euros). La única defensa que se hace del certificado es que se trata de aportar medios de terceros para acreditar la solvencia conforme al artículo 63 del TRLCSP, sin realizar alegación alguna respecto de su carácter parcial al comprender contratos no concluidos ni respecto de su vinculación con el objeto del contrato.

Respalda la anterior consideración el hecho de que frente a lo aducido por la recurrente, el primero de los defectos imputados al indicado certificado por el órgano de contratación no es la falta de apostilla del Convenio de La Haya a la traducción del mismo, sino el carácter parcial de la prestación contractual que certifica puesto que como se indica “el contratista comenzó los servicios correspondientes al contrato mencionado en 2015 y es el proveedor actual de servicios pudiendo serlo durante un máximo de 7 años” y a la vista de su contenido solo se certifica que MTCnovo fue la adjudicataria del servicio y los importes de cada periodo, sin indicar si el servicio se ha ejecutado correctamente. Nada ha podido alegar la recurrente al respecto en la creencia de que el único defecto que ha impedido la subsanación de la documentación, ha sido la falta de apostilla, no estando previsto en la tramitación del recurso especial ni el trámite de conclusiones a la vista de lo señalado por el órgano de contratación, ni tampoco el traslado de su informe.

Estos defectos no se desprenden del requerimiento de subsanación efectuado el 2 de marzo en el que se solicita que se aporten, “certificados de buena ejecución de trabajos ya efectuados” que estos certificados “deberá indicarse el CPV, la duración del contrato y el importe de las anualidades ejecutadas”, puesto que el concepto trabajos ya ejecutados no coincide con el de contratos finalizados que ahora esgrime el órgano de contratación, pareciendo más bien este apartado del requerimiento un recordatorio general de los requisitos de los certificados al no poner de manifiesto defecto alguno imputable a los presentados por la UTE recurrente, más allá del que claramente no concurría, cual es el tan meritado de la falta de la apostilla.

Este Tribunal considera que no es contrario al principio de congruencia la consideración de que se produce indefensión a la recurrente si no se le permite conocer realmente cuáles son los defectos imputables a la documentación aportada a efectos de su subsanación, de lo que se infiere que el contenido del requerimiento efectuado no garantiza suficientemente, como se ha acreditado a la vista del texto del recurso, el derecho de defensa de la UTE.»

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